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La Comisión de Transportes del Congreso aprobó una extensión de la Ley N. 31096, que regula los taxis colectivos, prolongando su vigencia más allá del plazo originalmente establecido. El dictamen, aprobado el 30 de marzo con 8 votos a favor y 7 abstenciones, añade cuatro años a la ley una vez que finalice el periodo actual en diciembre de 2027, extendiendo así su validez hasta el 24 de diciembre de 2031.
Esta decisión parlamentaria busca prolongar un régimen de transporte que ha sido objeto de controversia desde su aprobación inicial en 2020. La ley, promulgada con el objetivo de formalizar el transporte terrestre de pasajeros realizado en automóviles colectivos (clasificación vehicular M1, con carrocería sedán o station wagon según el Decreto Supremo 058-2003-MTC), contemplaba inicialmente una vigencia de cuatro años, con la posibilidad de extenderse por hasta tres años adicionales, siempre y cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitiera una opinión favorable.
El dictamen aprobado extiende este plazo adicional de tres años, que culminaba el 24 de diciembre de 2027, por cuatro años más, manteniendo vigente el reglamento del servicio temporal de transporte en automóviles colectivos durante este periodo extendido.
El presidente de la comisión, Juan Carlos Mori Celis, justificó la medida argumentando que busca asegurar la continuidad del proceso de formalización. Esta medida tiene como finalidad asegurar la continuidad del proceso de formalización del transporte en automóviles colectivos, actividad que cumple un rol importante en la conectividad de miles de ciudadanos, especialmente en zonas donde el transporte público convencional resulta insuficiente , declaró Mori durante la sustentación del dictamen.
Sin embargo, la ley ha enfrentado críticas desde su origen. En 2021, el Poder Ejecutivo presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional solicitando que la ley sea declarada inconstitucional, debido al impacto de los taxis colectivos en el ordenamiento del transporte urbano y a las frecuentes violaciones de las reglas de tránsito que se han observado.
La aprobación de esta prórroga reaviva el debate sobre la regulación de los taxis colectivos y su impacto en el sistema de transporte público. Si bien la ley busca formalizar un servicio que atiende una necesidad real en muchas zonas del país, especialmente donde la cobertura del transporte público tradicional es limitada, también ha generado preocupaciones sobre la competencia desleal con otros servicios de transporte, la seguridad vial y la calidad del servicio.
La extensión de la ley implica que el proceso de formalización, que ha sido lento y desigual, continuará durante los próximos años. Se espera que durante este periodo el MTC y otras entidades competentes trabajen en la implementación de medidas que permitan mejorar la regulación del servicio, garantizar la seguridad de los pasajeros y promover la competencia justa en el sector del transporte.
La decisión del Congreso ha generado reacciones diversas entre los actores involucrados. Algunos representantes de los gremios de taxistas colectivos han expresado su satisfacción por la prórroga, argumentando que les permitirá continuar brindando un servicio esencial a la población. Otros, en cambio, han manifestado su preocupación por la falta de avances en el proceso de formalización y por la persistencia de problemas como la informalidad, la evasión fiscal y la competencia desleal.
La prórroga de la Ley N. 31096 también plantea interrogantes sobre el futuro del transporte público en el país. A medida que se desarrollan nuevas tecnologías y modelos de negocio en el sector del transporte, como las aplicaciones de transporte y los vehículos autónomos, es necesario repensar la regulación del transporte público para adaptarla a las nuevas realidades y garantizar un servicio eficiente, seguro y accesible para todos los ciudadanos.
El debate sobre los taxis colectivos y su regulación seguramente continuará en los próximos años, a medida que se implementen las medidas derivadas de la prórroga de la ley y se evalúen sus resultados. La clave para encontrar una solución sostenible a este problema radica en encontrar un equilibrio entre la necesidad de formalizar un servicio que atiende una demanda real y la necesidad de garantizar un sistema de transporte público seguro, eficiente y competitivo.
La extensión de la vigencia de la ley representa una oportunidad para que el gobierno y los actores del sector trabajen juntos en la implementación de medidas que permitan mejorar la regulación del servicio, garantizar la seguridad de los pasajeros y promover la competencia justa en el sector del transporte. Sin embargo, también es importante tener en cuenta las preocupaciones planteadas por el Poder Ejecutivo y por otros actores críticos, y buscar soluciones que permitan abordar los problemas de fondo que han generado la controversia en torno a los taxis colectivos.
