Un nuevo incidente provocado en el Liceo José Victorino Lastarria, sumado a otros episodios recientes de violencia en establecimientos educacionales a lo largo del país, ha encendido las alarmas y acelerado las medidas legislativas por parte del gobierno. El incendio, intencional según los primeros reportes, se produjo el martes cerca de las 9:30 horas, y se suma al asesinato de una inspectora en Calama y a la detección de un estudiante con un arma de fuego en Curicó, generando una profunda preocupación en el sistema escolar.
De acuerdo con lo ocurrido en Providencia, un grupo de alumnos encapuchados manipuló bombas molotov dentro del recinto, provocando un incendio en la inspectoría del establecimiento. El siniestro fue contenido por personal docente y Carabineros, aunque un profesor resultó lesionado en una mano mientras intentaba controlar las llamas. La jornada escolar fue suspendida y se desplegó personal de Control de Orden Público en el lugar. El incidente no solo causó daños materiales, sino que también reabrió el debate sobre la capacidad de los colegios para prevenir actos violentos en sus dependencias.
El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, calificó el hecho como un acto delictual y aseguró que los responsables serían estudiantes del mismo establecimiento. Entraron con bidones de bencina dentro del colegio, se encapucharon en el baño y prendieron fuego , afirmó. Según sus declaraciones, la acción se enmarcó en una alusión tardía al Día del joven combatiente. Bellolio también criticó la falta de herramientas para controlar el ingreso de elementos peligrosos a los colegios. Nos prohibieron revisar mochilas, no respondieron oficios para instalar detectores de metales o cámaras. Hoy vemos las consecuencias , sostuvo, apuntando a la gestión del gobierno anterior. El municipio aplicará la normativa de Aula Segura para expulsar a los involucrados y presentará una querella penal.
Desde el gobierno, el delegado presidencial regional, Germán Codina, respaldó la acción judicial y enfatizó la gravedad de la situación. Esto no es solo quemar una sala: es poner en riesgo la educación pública. No podemos permitir que la violencia se instale en espacios que deben ser de desarrollo y convivencia , señaló. Codina también criticó la falta de respuesta a solicitudes previas de sostenedores para aplicar medidas disciplinarias. Hay requerimientos de Aula Segura que duermen en escritorios. Cuando no se actúa a tiempo, la violencia se enquista , advirtió, anunciando una revisión de estos casos para agilizar las decisiones.
La escalada de violencia no se limitó a Providencia. Más tarde, en Santiago Centro, se registraron incidentes en las cercanías del Instituto Nacional, que culminaron con la detención de dos estudiantes acusados de lanzar bombas molotov en la vía pública. Los hechos ocurrieron en la intersección de Alameda con Arturo Prat, donde, según Carabineros, los sujetos manipularon y arrojaron artefactos incendiarios, poniendo en riesgo a transeúntes y personal policial. El tránsito hacia el oriente en la Alameda desde Manuel Rodríguez fue interrumpido temporalmente. Tras la detención, se incautaron diversas prendas y elementos, incluyendo una botella con líquido aparentemente acelerante y mecha, compatible con la fabricación de estos artefactos. Los detenidos, identificados como estudiantes de un liceo de Estación Central y del propio Instituto Nacional, enfrentan cargos por lanzamiento y manipulación de artefactos incendiarios y se encuentran a la espera de su segundo control de detención.
Estos incidentes se suman a un contexto nacional de creciente preocupación. El viernes pasado, una inspectora fue asesinada en Calama, y el lunes, en Curicó, un estudiante de 15 años fue sorprendido portando un arma de fuego cargada en las inmediaciones de su colegio. El joven no ingresó al recinto, pero fue detectado por un docente, quien dio aviso a Carabineros. La investigación reveló que el arma pertenecía a su abuela y que el estudiante la había sustraído de su domicilio. El menor fue formalizado por porte ilegal de arma de fuego y quedó bajo una medida cautelar de supervisión por parte de una institución especializada, con acompañamiento psicosocial. Según el fiscal Jaime Rojas, el adolescente no tenía antecedentes, lo que plantea interrogantes sobre los factores que desencadenan este tipo de conductas.
Ante este escenario, el gobierno ha convocado a una reunión de alto nivel con los ministerios de Educación, Seguridad y la Secretaría General de la Presidencia para definir acciones concretas. Tras la reunión, se anunció el inminente ingreso de proyectos de ley destinados a fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales. Esperamos ingresar lunes o martes, a más tardar, la próxima semana cuando se reinicie la actividad legislativa en el Congreso, uno o dos proyectos de ley , detalló el ministro Segpres, José García Ruminot.
El gobierno busca que estos proyectos sean de tramitación rápida, proporcionando herramientas a los colegios lo antes posible. La seguridad no puede esperar , añadió el secretario de Estado. Las iniciativas estarían enfocadas en agravar las penas por delitos cometidos dentro de los establecimientos educacionales y en permitir la revisión de mochilas y otras medidas de monitoreo en los colegios. Las autoridades están evaluando la mejor forma de abordar estas iniciativas, considerando si hacerlo a través de dos proyectos separados o modificando la ley Aula Segura.
