La Knesset (parlamento israelí) aprobó una controvertida legislación que permite la ejecución de prisioneros palestinos en la Cisjordania ocupada, sin requerir unanimidad judicial. La medida, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, otorga facultades excepcionales a los tribunales militares para aplicar la pena capital, reintroduciendo una práctica abolida para crímenes comunes desde 1954. La aprobación, con sesenta y dos votos a favor, ha generado una ola de condenas a nivel internacional y una fuerte reacción por parte de la Resistencia palestina y el Gobierno de Egipto.
La normativa establece que las ejecuciones deben realizarse en un plazo máximo de noventa días tras la sentencia, con la posibilidad de que el primer ministro aplaze el proceso solo en circunstancias particulares. Esta rapidez en la aplicación de la pena capital, combinada con la jurisdicción de tribunales militares, ha levantado serias preocupaciones sobre el debido proceso y el derecho a un juicio justo.
Organizaciones combatientes palestinas calificaron la medida como una expresión del pensamiento sionista basado en el exterminio étnico, argumentando que busca legitimar asesinatos dentro de las cárceles y quebrar la dignidad de los prisioneros, muchos de los cuales son considerados símbolos de la lucha nacional. La Resistencia palestina ha instado a iniciar una revolución popular en Jerusalén y otros territorios ocupados bajo el lema de que “la dignidad no se ahorca”.
El Gobierno de Egipto condenó la legislación, denunciando que consagra un enfoque discriminatorio sistemático y refuerza un sistema de apartheid al aplicarse de manera diferenciada contra la población palestina. El Cairo advirtió que esta medida unilateral profundiza la inestabilidad en los territorios ocupados y dificulta las posibilidades de contener la violencia en un contexto regional ya marcado por la ofensiva militar de Israel y Estados Unidos.
La Presidencia de Palestina también condenó enérgicamente la aprobación de la pena de muerte, denunciando que viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Cuarto Convenio de Ginebra y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las autoridades palestinas señalaron que la nueva legislación quebranta el derecho a un juicio justo y obliga a los tribunales militares a aplicar la ejecución por horca contra quienes sean señalados por Israel bajo el pretexto de actos de terrorismo.
El proyecto de ley, denominado Enmienda al Código Penal, fue ratificado este lunes tras haber superado ajustes en la Comisión de Seguridad Nacional desde finales de 2025. A pesar de la abolición de la pena capital para crímenes comunes en 1954, la reforma reinstaura la práctica de la ejecución en un contexto de ocupación y conflicto bélico permanente.
La Presidencia palestina subrayó que estas acciones criminales no detendrán la lucha por la independencia nacional ni el establecimiento de un Estado soberano con capital en Jerusalén oriental. Ante esta escalada de violencia judicial, Palestina exhortó a la comunidad internacional a aplicar sanciones inmediatas contra Israel por cometer crímenes de lesa humanidad que atentan contra la vida.
El Gobierno palestino anunció que impulsará acciones en organismos internacionales para priorizar la protección de los prisioneros, exigir responsabilidades por los abusos cometidos y trabajar incansablemente por su liberación definitiva. La dirigencia ratificó que la dignidad del pueblo no se doblegará ante las horcas de la ocupación, manteniendo firme su compromiso con la justicia y la libertad de todos sus ciudadanos secuestrados.
La aprobación de esta ley se produce en un momento de alta tensión en la región, con continuos enfrentamientos entre Israel y grupos palestinos, y en medio de una creciente preocupación internacional por la situación humanitaria en la Franja de Gaza. La medida podría exacerbar aún más la violencia y dificultar cualquier perspectiva de paz y estabilidad en la región. La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de los acontecimientos y evalúa posibles respuestas diplomáticas y legales a esta controvertida legislación. La posibilidad de que se lleven a cabo ejecuciones de prisioneros palestinos ha generado un clima de incertidumbre y temor, tanto en los territorios ocupados como entre la diáspora palestina. La Resistencia palestina ha advertido que responderá con firmeza a cualquier intento de ejecutar a sus miembros, lo que podría desencadenar una nueva escalada de violencia.
