La Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura de 23 de los máximos cabecillas del crimen organizado en Medellín, una medida que responde a una solicitud del Gobierno Nacional y que se justifica, inicialmente, por un periodo de seis meses en tiempos de elecciones, argumentando un avance en las negociaciones de la paz total con la Casa de Nariño. La decisión, formalizada en la Resolución N 00072 del 27 de marzo de 2026, beneficia tanto a los voceros de la mesa de negociación que se encuentran actualmente privados de libertad en la cárcel de Itag í, como a aquellos siete que han recuperado su libertad en los últimos meses tras cumplir sus penas.
Entre los nombres que figuran en la lista y a quienes se les ha suspendido la orden de captura se encuentran Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas; Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa, y Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo.
La medida también se extiende a Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván El Barbado; Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, y Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya.
Adicionalmente, Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa; Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, y Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre, se benefician de esta suspensión.
La resolución de la Fiscalía se fundamenta en los avances del Espacio de Conversación Sociojurídico que se lleva a cabo en la cárcel de Itag í desde el 2 de junio de 2023. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz destaca la implementación progresiva de objetivos orientados a la desarticulación de estructuras armadas, la transformación de economías ilícitas y la reducción gradual de las violencias urbanas como justificación para esta medida.
Es importante destacar que siete de los cabecillas incluidos en la lista ya se encuentran en libertad, habiendo recuperado su estatus legal en los últimos dos años mientras participaban en el proceso de paz. Estos son Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo, y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica. Algunos de ellos, incluso, han salido del país por motivos personales, sin que se aclare su rol actual en las negociaciones de paz para el Valle de Aburrá.
La decisión de la Fiscalía, tomada en plena campaña presidencial, ha generado suspicacias en algunos sectores políticos, quienes cuestionan las intenciones del Gobierno. Se plantea la posibilidad de que esta medida sea un intento de influir en el proceso electoral, lo que ha avivado el debate sobre la conveniencia de suspender las órdenes de captura de líderes criminales en medio de un contexto político tan sensible.
La suspensión de las órdenes de captura tendrá una duración inicial de seis meses, con la posibilidad de ser prorrogada a petición del Gobierno Nacional, siempre y cuando se demuestren avances significativos en las negociaciones. Esta condición abre la puerta a una posible extensión indefinida de la medida, lo que ha generado preocupación entre quienes temen que pueda interpretarse como un indulto encubierto para los líderes del crimen organizado.
La controversia se intensifica al recordar que la mesa de conversaciones lleva más de dos años en funcionamiento, y la Fiscalía solo ha suspendido las órdenes de captura en este momento específico, coincidiendo con la recta final de la campaña presidencial. Esta coincidencia temporal ha alimentado las especulaciones sobre una posible estrategia del Gobierno para obtener réditos políticos a través de la paz total .
La situación plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la necesidad de avanzar en las negociaciones de paz y la obligación de garantizar la seguridad y la justicia para las víctimas del crimen organizado. La decisión de la Fiscalía ha abierto un debate nacional sobre los límites de la negociación con los criminales y las consecuencias de suspender las acciones judiciales en medio de un proceso electoral. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta situación, que podría tener implicaciones importantes para la estabilidad y la gobernabilidad de Colombia.
