La apelación del traslado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, desde la Cárcel de Cotopaxi a la Cárcel del Encuentro quedó sin resolución inmediata este lunes 30 de marzo de 2026, luego de que el juez de la Unidad Judicial Penal con sede en La Libertad, Santa Elena, Jean Daniel Valverde Guevara, se declarara incompetente para conocer del recurso. La audiencia de apelación, reinstalada a las 10:30, evidenció un conflicto de competencia judicial que retrasa la revisión de la legalidad del traslado del exfuncionario.
El abogado de Alvarez argumentó durante la audiencia que la decisión del juez Valverde Guevara deja a su defendido en una situación de indefensión . Según la defensa, la normativa vigente establece que la competencia para resolver recursos de apelación relacionados con el traslado de un privado de libertad recae en el juez del lugar donde se encuentra recluido el individuo. En este caso, el abogado insistió en que el juez de Santa Elena no tiene la facultad legal para pronunciarse sobre el traslado, ya que Alvarez se encuentra actualmente en la Cárcel del Encuentro, ubicada en la misma provincia donde se desarrolló la audiencia.
El juez Valverde justificó su decisión basándose en un pronunciamiento previo del juez Leonardo Fabián Lastra, emitido el 25 de marzo de 2026, en el cual este último se avocó el conocimiento del caso. En ese contexto es la decisión de este juez, es decir, no procedente poder conocer esta causa por falta de competencia. Y en el mismo sentido, de manera inmediata y urgente, señorita secretaria, proceder a que conozca el juez de garantías penales que está siguiendo la causa para que pueda conocer respecto de esto, declaró el juez de Santa Elena durante la audiencia.
Esta declaración implica que el caso será remitido al juez de garantías penales que lleva adelante el proceso judicial contra Alvarez, quien deberá resolver la apelación del traslado. Sin embargo, este nuevo giro en el proceso judicial podría prolongar la incertidumbre sobre la legalidad del traslado y la situación jurídica del alcalde de Guayaquil.
El traslado de Alvarez desde la cárcel de Cotopaxi a la prisión del Encuentro se produjo el 8 de marzo pasado, tras una decisión del Tribunal de Garantías Penales integrado por los jueces Jorge Sánchez Pico, Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata. El Tribunal acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado (FGE) y modificó las medidas cautelares impuestas a Alvarez, reemplazándolas por prisión preventiva en el marco del caso Triple A.
La Fiscalía argumentó que el cambio de medidas cautelares era necesario debido a la presunta participación de Alvarez en actividades delictivas que ponían en riesgo la seguridad pública y la investigación del caso Triple A. La prisión preventiva, según la Fiscalía, permitiría asegurar la presencia de Alvarez durante el proceso judicial y evitar posibles obstrucciones a la justicia.
El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) justificó el traslado a la Cárcel del Encuentro argumentando estrictas razones de seguridad . Según el SNAI, la decisión se basó en criterios técnicos y de prevención, orientados a preservar el orden institucional, evitar situaciones de vulnerabilidad y asegurar un adecuado control bajo condiciones reforzadas de vigilancia. El SNAI no detalló específicamente las amenazas o riesgos que motivaron el traslado, pero enfatizó que la medida era necesaria para garantizar la seguridad de Alvarez y de otros internos.
Alvarez enfrenta actualmente tres órdenes de prisión preventiva. Además del caso Triple A, también está procesado en los casos Goleada y por el retiro del grillete electrónico. El caso Triple A investiga presuntos actos de corrupción relacionados con contratos públicos en la ciudad de Guayaquil. El caso Goleada se centra en la presunta manipulación de resultados deportivos y el lavado de dinero a través de clubes de fútbol. El caso del grillete electrónico se refiere a la presunta violación de las condiciones impuestas por la justicia al permitir que Alvarez se retire el dispositivo de control electrónico.
La defensa de Alvarez ha denunciado que el traslado a la Cárcel del Encuentro es una forma de hostigamiento y persecución política. Los abogados del alcalde han argumentado que el traslado no está justificado y que viola los derechos de su defendido a un debido proceso y a la defensa. Han anunciado que continuarán luchando por la libertad de Alvarez y por la anulación de las medidas cautelares impuestas en su contra.
La situación jurídica de Alvarez sigue siendo compleja y su futuro inmediato es incierto. La decisión del juez Valverde Guevara de declararse incompetente prolonga la espera por una resolución definitiva sobre la legalidad del traslado y añade un nuevo capítulo a la controversia que rodea al alcalde de Guayaquil. La comunidad jurídica y la opinión pública esperan con atención el pronunciamiento del juez de garantías penales que ahora tiene en sus manos el caso.
