Buenos Aires. El gobierno de Javier Milei enfrenta una creciente tormenta de críticas y desafíos legales, con acusaciones de corrupción que alcanzan a su círculo íntimo y a varios funcionarios. En medio de este panorama, la justicia suspendió provisoriamente más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, tras una medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta decisión frena una parte importante de la ley de modernización laboral aprobada en febrero pasado.
El juzgado del trabajo advirtió sobre una posible afectación de derechos constitucionales y el riesgo de perjuicio inminente para los trabajadores, ordenando la suspensión de los artículos hasta que se dicte sentencia definitiva. Los dirigentes sindicales destacaron la importancia de esta medida, ya que la aplicación de las normas establecidas en la ley podría significar una ruptura en los derechos laborales adquiridos.
La medida judicial sostiene que la CGT posee legitimación activa para impugnar los artículos señalados vinculados a los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga . No es la única medida cautelar que se presenta ante la justicia, ya que existe una solicitud del Colegio de Abogados y otras entidades, basada en fundamentos difíciles de eludir para muchos de los jueces del llamado Partido Judicial, que surgió durante el gobierno de Mauricio Macri (2007-2015) con el apoyo de la embajada de Estados Unidos.
Además, se preparan presentaciones ante la justicia por la decisión de Milei de involucrar a Argentina en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto bélico ajeno a la voluntad popular del país. Esto ocurre en un contexto donde el gobierno impidió a la gran mayoría de representantes de organismos políticos, sociales y personalidades presentar sus argumentos ante la Cámara de Diputados sobre la violación de la soberanía nacional que implica la llamada ley de glaciares. Esta ley, según las denuncias, deja en manos de empresas estadounidenses y otras extranjeras el control del agua potable futura del país y permite la entrada de empresas mineras extranjeras que podrían convertir en desiertos zonas ricas del sur.
La situación se agrava con la desaparición forzada de comunidades indígenas, a las que se les han arrebatado derechos logrados tras una larga lucha por la supervivencia en sus territorios, no solo en la Patagonia, sino en todas las zonas cordilleranas, donde se persigue a mapuches y otras etnias, calificadas como terroristas por el Ministerio de Seguridad.
En medio de esta crisis social, que supera a la que desencadenó la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001, cuando el país se desmoronó económicamente y el entonces presidente Fernando de la Rúa renunció y huyó de la Casa Rosada, Milei ha firmado acuerdos con Israel para fortalecer sus lazos estratégicos , que implican cooperación o sumisión en temas de seguridad y defensa, con graves consecuencias para la soberanía y la independencia nacional.
Estos acuerdos, ya firmados en junio pasado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, prófugo de la Corte Penal Internacional, contemplan la instalación de 200 mil colonos israelíes, cifra que ahora se ha aumentado a 300 mil, muchos de los cuales ya se encuentran en el país para ser instalados en la Patagonia. Los acuerdos establecen que los ciudadanos israelíes serán automáticamente ciudadanos argentinos y accederán a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, con aportes de ambos países. Además, al compartir la declaración de guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, sin consulta popular ni al Congreso, el gobierno ha involucrado al país en un conflicto bélico , violando la norma constitucional de neutralidad.
Pero la situación más grave, según denuncian organizaciones políticas, sociales y humanitarias, es la entrega definitiva del archipiélago de las Islas Malvinas y el mar territorial argentino a Gran Bretaña. El viernes pasado, Reino Unido confirmó que las empresas Navitas Petroleum Israelí y Rockhopper Exploration han comenzado la fase de explotación de petróleo de la plataforma marítima que rodea a las islas argentinas.
Ambas empresas explotarán el yacimiento petrolífero Sea Lion a partir de 2028, bajo licencias otorgadas por el gobierno colonial, ignorando sistemáticamente los derechos de la legislación argentina. Se prevé una producción estimada de 55 mil barriles diarios y un desembolso de mil 800 millones de dólares, a los que se agregarían cuatro mil millones más para completar el desarrollo y la licencia , considerada ilegal y violatoria del derecho argentino y de las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, que busca resolver el fin de la ocupación colonial.
La licencia de explotación se extenderá por 35 años sin que la cancillería argentina haya objetado nada. El gobierno nacional opta por la capitulación en el marco de una gestión de Javier Milei que ha hecho del alineamiento con Israel y el Reino Unido una política de Estado , señalan medios locales. La acumulación de estos eventos plantea serias interrogantes sobre el futuro de la soberanía argentina y la estabilidad política del país.
