La construcción de la Séptima genera controversia por la tala de más de 1.500 árboles y la falta de concertación con la ciudadanía. Los trabajos, a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), avanzan a pesar de las críticas que señalan el impacto ambiental y la ausencia de un diálogo amplio con la comunidad afectada.
El proyecto, que busca mejorar la infraestructura vial y el sistema de transporte público Transmilenio, ha desatado reparos por la afectación del arbolado urbano. Vecinos y organizaciones ambientales expresan su preocupación por la pérdida de la cubierta vegetal y sus consecuencias en la calidad del aire y el entorno.
El IDU defiende la ejecución de la obra, argumentando que es necesaria para modernizar la ciudad y optimizar la movilidad. La entidad asegura que se han realizado estudios de impacto ambiental y que se están implementando medidas de mitigación, aunque no especifica detalles sobre estas acciones.
Uno de los puntos centrales del debate es la existencia de un contrato que, según los críticos, resulta irreversible. Esto limita la posibilidad de realizar modificaciones significativas al proyecto, incluso si se detectan impactos negativos mayores a los previstos. La falta de transparencia en los términos del contrato también ha sido cuestionada.
La situación plantea interrogantes sobre la planificación urbana y la priorización de proyectos de infraestructura en relación con la protección del medio ambiente y la participación ciudadana. El avance de la obra en la Séptima pone de manifiesto la tensión entre el desarrollo y la sostenibilidad en la capital.
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