La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación formal a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) tras determinar que no se garantizó el derecho a la educación en un entorno seguro y libre de violencia para una menor de edad. El caso, que involucra violencia sexual perpetrada por personal ajeno a la institución educativa, ha puesto en evidencia fallas en los protocolos de seguridad y atención a víctimas dentro del sistema educativo estatal.
La queja original fue presentada ante la CEDHJ el 18 de noviembre de 2023 por la madre de la víctima, quien denunció que su hija había sido objeto de agresiones sexuales por parte de un trabajador externo que realizaba labores de mantenimiento en un jardín de niños ubicado en el municipio de Zapopan. La investigación subsiguiente por parte de la Comisión confirmó la veracidad de la denuncia y reveló similitudes preocupantes con un caso anterior, documentado en la Recomendación 39/2019, lo que sugiere una persistencia de vulnerabilidades en las instituciones educativas de Jalisco.
La CEDHJ determinó que los hechos constituyen una violación a los derechos de la niña en cuanto a su interés superior, trato digno, integridad y seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica, así como al derecho a la educación en un ambiente libre de violencia. La falta de medidas preventivas y de protección adecuadas por parte de la SEJ fue considerada un incumplimiento de su función pública.
La recomendación emitida por la CEDHJ incluye una serie de medidas de restitución y reparación integral del daño para la víctima directa y su familia. En primer lugar, se solicita a la SEJ, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que se inscriba a ambas en el Registro Estatal de Víctimas, garantizando el acceso a los servicios de atención y reparación que les correspondan. Esto incluye la provisión de atención psicológica especializada, que deberá ser brindada de manera gratuita y por el tiempo necesario, en un lugar accesible para la familia, previa autorización de la misma.
Además de la atención a las víctimas, la CEDHJ exige a la SEJ que dé conocimiento del caso al Órgano Interno de Control, para que se considere la investigación realizada por la Comisión en el expediente administrativo 495/INV/2023. Se solicita que se analice el caso con un enfoque de derechos de la niñez y, de ser procedente, se inicie y concluya un procedimiento administrativo contra la directora y la docente del jardín de niños donde ocurrieron los hechos, aplicando las sanciones correspondientes.
La recomendación también establece que una copia de la misma se anexe al expediente laboral de la directora y la docente, como constancia de la violación a los derechos humanos documentada. Asimismo, se notifica a la SEJ que ambas servidoras públicas han sido inscritas en la Plataforma Estatal de Servidores Públicos con Violaciones a Derechos Humanos, lo que podría tener implicaciones en su trayectoria profesional.
La CEDHJ enfatiza la necesidad de que la SEJ implemente estrategias efectivas para erradicar este tipo de conductas en perjuicio de los estudiantes. La repetición de incidentes similares, como lo evidenciado por la conexión con la Recomendación 39/2019, indica que las medidas adoptadas hasta el momento han sido insuficientes. Se requiere una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad, la capacitación del personal educativo y la implementación de mecanismos de denuncia y seguimiento que garanticen la protección de los derechos de los niños y niñas en Jalisco.
La SEJ aún no ha emitido una respuesta oficial a la recomendación de la CEDHJ. Sin embargo, se espera que la autoridad educativa tome medidas inmediatas para atender las demandas de la Comisión y garantizar que se haga justicia en este caso, así como para prevenir futuros incidentes de violencia sexual en las escuelas de Jalisco. La sociedad civil y las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez estarán vigilantes para asegurar que se cumplan las recomendaciones y que se proteja a los niños y niñas de cualquier forma de violencia. Este caso subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y prevención en las escuelas, así como de promover una cultura de respeto y seguridad para todos los estudiantes. La atención integral a las víctimas y la sanción de los responsables son pasos fundamentales para construir un entorno educativo más seguro y justo para las futuras generaciones.
