El Parlamento israelí (Knéset) aprobó este lunes un proyecto de ley que permite la imposición de la pena de muerte para palestinos condenados por delitos de "terrorismo" contra israelíes, marcando una victoria significativa para el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y la ultraderecha israelí. La legislación, que entrará en vigor en 30 días, ha generado una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional, calificándola de racista, draconiana y potencialmente contraproducente.
La aprobación del proyecto de ley es el resultado de años de esfuerzos por parte de la ultraderecha israelí para endurecer las penas contra los palestinos. Ben-Gvir, líder del partido religioso que presentó la legislación, celebró la medida como "la ley más importante" aprobada por el parlamento en los últimos años, declarando que se utilizará para "eliminar a nuestros enemigos". En un gesto provocador, Ben-Gvir fue visto luciendo una pequeña soga prendida en su solapa durante el debate parlamentario, una clara referencia al método de ejecución propuesto: la horca.
La legislación establece que la pena de muerte se aplicará a aquellos condenados por delitos considerados "terroristas" con la intención de socavar la existencia de Israel. Sin embargo, críticos señalan que la ley establece una jerarquía entre los sistemas judiciales israelíes, ya que, según Amichai Cohen, investigador del Instituto para la Democracia de Israel, "se aplicará en los tribunales israelíes, pero solo a actividades terroristas motivadas por el deseo de socavar la existencia de Israel. Esto significa que los judíos no serán procesados bajo esta ley".
Además, la ley ha sido criticada por su posible incompatibilidad con el derecho internacional, ya que se aplicaría en Cisjordania, territorio que no es soberano israelí. Cohen argumenta que el Parlamento israelí no debería legislar en Cisjordania, especialmente considerando las aspiraciones de algunos miembros de la coalición de Netanyahu de anexar la región.
Otro punto de controversia es la falta de contemplación de la clemencia en el proyecto de ley. Las ejecuciones deben llevarse a cabo dentro de los 90 días posteriores a la sentencia, contraviniendo las convenciones internacionales que generalmente requieren un proceso de revisión y la posibilidad de indulto.
Si bien Israel contempla la pena de muerte para ciertos delitos graves, como genocidio, espionaje en tiempos de guerra y algunos delitos de terrorismo, no ha ejecutado a nadie desde 1962, cuando fue ejecutado el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann.
Es importante destacar que el proyecto de ley no se aplicará retroactivamente a los militantes palestinos detenidos por el ataque del 7 de octubre de 2023. Existe una legislación separada en consideración para abordar el castigo de estos atacantes.
La aprobación de la ley ha generado preocupación entre algunos legisladores de la oposición, quienes temen que pueda perjudicar futuras negociaciones para la liberación de rehenes. Israel intercambió a unos 250 rehenes tomados durante el ataque de octubre de 2023 por miles de prisioneros palestinos, y existe el temor de que la imposición de la pena de muerte pueda dificultar futuros acuerdos.
Organizaciones de derechos humanos, tanto israelíes como internacionales, han condenado la ley. El Comité Público contra la Tortura en Israel señaló que el Estado ha votado sistemáticamente a favor de la abolición de la pena de muerte en la ONU. Incluso el Shin Bet, la agencia de seguridad israelí, se había opuesto a la medida hasta hace poco, temiendo que pudiera incitar a nuevos actos de venganza por parte de militantes palestinos.
La comunidad internacional también ha expresado su preocupación. Los ministros de Exteriores de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido emitieron un comunicado conjunto instando a Israel a abandonar el plan, calificándolo de "discriminatorio" y advirtiendo que podría "socavar el compromiso de Israel con los principios democráticos". Los cuatro países se oponen a la pena de muerte en todas las circunstancias.
La aprobación de esta ley representa un punto de inflexión en la política israelí hacia los palestinos y plantea serias preguntas sobre el futuro del conflicto y las perspectivas de paz. La Corte Suprema de Israel se espera que revise la constitucionalidad de la ley, ante las inminentes peticiones que presentarán grupos de derechos humanos. El debate sobre la pena de muerte en Israel, y sus implicaciones para la región, está lejos de haber terminado.
