La presidenta Delcy Rodríguez decretó un feriado prolongado en Venezuela, desde este lunes 30 de marzo hasta el final de la Semana Santa, como parte de un plan de emergencia para ahorrar energía eléctrica. La medida implica la suspensión de actividades en el sector público y educativo, aunque se mantienen operativos los servicios básicos considerados esenciales.
Durante una visita al estado de Nueva Esparta, transmitida por la cadena estatal VTV, Rodríguez justificó la decisión argumentando que el país ha registrado recientemente la demanda [energética] más alta en años , un fenómeno que atribuyó al crecimiento económico. Sin embargo, no proporcionó datos concretos que respalden esta afirmación.
El anuncio se produce tras la presentación, la semana anterior, de un programa de ahorro energético con una duración prevista de 45 días. La presidenta explicó que este período coincide con un aumento de las temperaturas en todo el país, debido a la pasada perpendicular de rayos solares de sur a norte , lo que intensificará la incidencia directa del sol sobre Venezuela y, por ende, el consumo de energía.
En este contexto, el gobierno venezolano ha recomendado a la población reducir el uso de electricidad, moderando el uso de aires acondicionados y disminuyendo el consumo innecesario de aparatos electrónicos. Rodríguez, acompañada de autoridades del sector energético, enfatizó que las sanciones económicas impuestas al país caribeño han obstaculizado la recuperación del sistema eléctrico y abogó por su eliminación.
El bloqueo económico ha impactado negativamente un servicio esencial para la población y, por eso, hacemos un pedido por el fin de las sanciones contra nuestro país, para que podamos recuperar plenamente este servicio , declaró la presidenta.
Si bien Rodríguez no se refirió directamente a apagones, el anuncio del feriado prolongado se produce en un momento de creciente preocupación por las fallas en el suministro eléctrico en diversas regiones de Venezuela. Las interrupciones, aunque más frecuentes fuera de la capital, también se han registrado en Caracas.
El 20 de marzo, víspera del anuncio del plan de 45 días, miembros de la oposición denunciaron un apagón generalizado que habría afectado a varios estados del oeste del país. Juan Pablo Guanipa, del partido Primero Justicia, informó a través de sus redes sociales que los estados de Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Lara y Zulia se vieron afectados por la falla.
La diputada Nora Bracho, del partido Un Nuevo Tiempo, aprovechó la ocasión para exigir un aumento de la inversión en el sector eléctrico, afirmando que la crisis del sistema eléctrico nacional no puede continuar siendo tratada como un tema secundario .
Durante la semana pasada, la oposición presentó nuevas denuncias, señalando una intensificación de la crisis en los últimos meses, con cortes de hasta ocho horas diarias en el estado de Zulia. Además de la falta de inversión, la oposición responsabiliza a la gestión de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la empresa estatal encargada del sistema eléctrico, por los apagones.
La situación energética en Venezuela ha sido un problema crónico durante años, exacerbado por la falta de mantenimiento de la infraestructura, la escasez de personal calificado y la corrupción. Las sanciones económicas, aunque el gobierno las considera el principal obstáculo, también han limitado el acceso a repuestos y tecnología necesarios para la modernización del sistema eléctrico.
El feriado prolongado decretado por la presidenta Rodríguez representa un intento por mitigar la crisis energética a corto plazo, pero no aborda las causas estructurales del problema. La oposición y expertos en el sector advierten que, sin una inversión significativa y una gestión eficiente, la crisis podría agravarse en los próximos meses, especialmente durante la temporada de altas temperaturas.
La medida también genera incertidumbre entre la población, que ya ha experimentado apagones frecuentes y prolongados en el pasado. La suspensión de actividades escolares y administrativas podría afectar la productividad y el desarrollo económico del país, aunque el gobierno argumenta que es necesaria para garantizar el suministro eléctrico a los servicios esenciales.
El futuro del sistema eléctrico venezolano sigue siendo incierto. La combinación de factores como la falta de inversión, las sanciones económicas, la gestión deficiente y el cambio climático plantea desafíos significativos para la recuperación del sector. La implementación del plan de ahorro energético y el feriado prolongado son medidas paliativas que podrían brindar un alivio temporal, pero no ofrecen una solución a largo plazo. La oposición y la sociedad civil exigen una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno, así como una inversión sostenida en la modernización del sistema eléctrico para garantizar un suministro confiable y de calidad para todos los venezolanos.
