En los últimos seis meses, México ha sido escenario de una preocupante serie de ataques contra empresarios, con al menos nueve víctimas de secuestro o asesinato. La violencia se ha extendido por regiones estratégicas del país, desde Sinaloa hasta Veracruz, generando alarma y fuertes demandas de acción por parte de las cámaras empresariales.
El caso más reciente es el del asesinato de Rafael Tirado Lizárraga, empresario frutero en Mazatlán, Sinaloa, ocurrido el 27 de marzo. Este crimen, sumado a otros anteriores, ha encendido las alertas en el sector privado y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los empresarios ante la creciente presencia del crimen organizado.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) condenó enérgicamente el asesinato de Tirado Lizárraga, calificándolo como un acto inaceptable que socava la confianza y la estabilidad económica del país. En un comunicado publicado en redes sociales, la organización demandó a las autoridades fortalecer las medidas de seguridad y garantizar un entorno de paz y certidumbre para las empresas. La seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social. Sin ella, se vulnera no solo la integridad de las personas, sino también la estabilidad de nuestras comunidades , señaló Canacintra.
Uno de los casos más resonantes es el de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán. Bravo, un líder reconocido en el sector del limón y un activista que denunció abiertamente la extorsión y las amenazas del crimen organizado, fue secuestrado el 20 de octubre de 2025 tras acudir a un tianguis limonero. Horas después, su cuerpo fue encontrado en un camino rural cerca de Apatzingán, con signos de tortura y un disparo en la cabeza. Las investigaciones apuntan a la participación de la célula criminal Los Blancos de Troya, en alianza con Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). César Alejandro Sepúlveda, alias El Bótox , ha sido identificado como el presunto responsable intelectual y material del crimen.
Apenas cuatro días después, el 23 de octubre de 2025, Javier Vargas Arias, empresario citrícola del municipio de Álamo Temapache, Veracruz, fue asesinado a plena luz del día. Un comando armado interceptó a Vargas Arias en el ejido Jardín Nuevo y le disparó en repetidas ocasiones. A pesar de ser trasladado de inmediato al Hospital General de Álamo Temapache, el empresario falleció minutos después de su ingreso. Testigos describieron a los agresores como individuos armados con equipo táctico de apariencia militar que huyeron en una camioneta blanca.
La violencia no se limitó al sector agrícola. José Adrián Corona Radillo, presidente de Grupo Corona, una empresa destacada en la producción de tequila, mezcal, vinos y licores en Jalisco, fue secuestrado el 27 de diciembre de 2025 mientras viajaba con su familia rumbo a Puerto Vallarta. Un grupo armado interceptó su vehículo a la altura del crucero Volcanes, en el municipio de Atenguillo, despojando a la familia de sus pertenencias y llevándose únicamente al empresario. Dos días después, el cuerpo de Corona fue encontrado a un costado de la carretera, cerca del lugar del secuestro, presentando lesiones por golpes y heridas de bala.
El mismo día, el 29 de diciembre de 2025, Alberto Prieto Valencia, conocido como El Prieto o Don Beto , fue asesinado en Zapopan, Jalisco, durante un ataque armado que también cobró la vida de su hija de 16 años y uno de sus escoltas, dejando a cuatro escoltas más heridos. Al menos 30 personas armadas, presuntamente a bordo de varios vehículos, emboscaron la camioneta en la que viajaba Prieto Valencia en la intersección de avenida Topacio y calle Brillante. La agresión se prolongó durante varios minutos, dejando más de 200 casquillos en la escena. Las autoridades estatales señalaron que Prieto Valencia tenía antecedentes penales y que las investigaciones exploran su posible relación con esquemas de extorsión y préstamos ilegales.
En febrero de 2026, Pablo Ortega Venegas y Óscar Osbaldo Luna Silva, empresarios de San Luis Potosí, fueron reportados como desaparecidos y posteriormente encontrados sin vida en el municipio de Pinos, Zacatecas. Ortega Venegas era reconocido por su actividad restaurantera y se perfilaba como posible candidato a la presidencia municipal de Villa de Reyes. Luna Silva, dedicado a la cosecha de chile, era hermano de Aurelio Luna, asesinado en 2024 cuando buscaba la candidatura de Morena.
Gerardo Arredondo, empresario de la construcción y ex candidato a la presidencia municipal de Salamanca, Guanajuato, fue secuestrado afuera de su negocio el 7 de marzo de 2026, pero fue liberado ese mismo día en Juventino Rosas tras un operativo que resultó en la detención de varios presuntos delincuentes y el abatimiento de uno de ellos. La gobernadora Libia García Muñoz informó que el rescate se realizó sin pago de rescate.
Eduardo Ochoa Arias, productor y exportador de plátano originario de Colima, fue secuestrado el 13 de marzo de 2026 por un grupo armado presuntamente perteneciente al CJNG. Ochoa Arias era el director de Ochoa Products, una empresa reconocida en el sector agrícola por sus exportaciones a Estados Unidos y Asia. Su cuerpo fue hallado ocho días después en la playa de Boca de Apiza, en el municipio de Coahuayana, Michoacán, presentando signos de tortura y disparos en el pecho.
Arnulfo Aguilar Salazar, empresario gasolinero y propietario de Grupo Águila, fue secuestrado en Culiacán, Sinaloa, pero fue rescatado con vida tras un operativo de autoridades estatales y federales. Aguilar es considerado uno de los empresarios más influyentes del sector hidrocarburos en Sinaloa.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha revelado que el 46,8% de las empresas mexicanas fueron víctimas de al menos un delito durante 2025, siendo la extorsión uno de los principales riesgos para el sector privado.
En cada caso, las víctimas compartían un perfil de liderazgo empresarial, arraigo local y exposición a amenazas y extorsiones en zonas marcadas por la disputa territorial de grupos criminales. Las autoridades han reiterado su compromiso de esclarecer los hechos y mejorar la seguridad, mientras el sector empresarial insiste en la urgencia de resultados concretos para frenar esta ola de violencia que amenaza la estabilidad económica y social del país.
