La Fiscalía de Iquique formalizó a un joven de 21 años por cinco delitos de amenazas dirigidas a docentes y estudiantes de Inacap, institución de la cual había sido expulsado. La investigación, llevada a cabo en conjunto con el OS-9 de Carabineros, reveló una serie de episodios de intimidación que se extendieron durante el año pasado y comienzos de este año.
El imputado fue detenido tras una exhaustiva serie de diligencias que lo vincularon directamente con las amenazas. Si bien la Fiscalía solicitó prisión preventiva, argumentando que el individuo ya contaba con condenas previas por amenazas a la directora del Instituto del Mar en 2022 y por tráfico de drogas, el tribunal determinó aplicar medidas cautelares menos severas: arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas y al establecimiento educacional.
Los hechos, según detalló la abogada asistente María Alejandra Jorquera durante la formalización, se remontan a 2025. En esa fecha, el joven abordó a un profesor de Inacap en una bencinera ubicada en la avenida Arturo Prat. Desde un vehículo, lo amenazó con dispararle, exhibiendo lo que parecía ser un arma de fuego.
Posteriormente, las amenazas continuaron a través de mensajes de WhatsApp, dirigidos a una estudiante y su pareja. En estos mensajes, el imputado advertía sobre posibles ataques y daños graves, generando un clima de temor y angustia entre las víctimas.
La situación escaló en octubre del año pasado, cuando el joven fue notificado de una sanción de suspensión por parte de Inacap, como consecuencia de las denuncias presentadas en su contra. La Fiscalía sostiene que el imputado reaccionó de manera violenta a esta sanción, amenazando con atentar contra profesores y sus familias.
Días después, la sede de Inacap fue objeto de llamadas telefónicas provenientes de un número vinculado al entorno del joven. Durante estas llamadas, una voz masculina aseguraba encontrarse en un baño del recinto, portando un arma tipo pistola Glock y armas blancas, advirtiendo que “correrían balas en el instituto”. Esta amenaza provocó la activación inmediata de los protocolos de emergencia, la evacuación del establecimiento y la notificación a Carabineros. La situación generó pánico entre la comunidad educativa y obligó a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de todos.
A estos incidentes se suma un hecho ocurrido en marzo de este año, cuando el imputado fue captado por cámaras de seguridad lanzando piedras de gran tamaño contra el frontis del establecimiento. Este acto vandálico causó daños materiales a la infraestructura del instituto y reforzó la sensación de inseguridad entre los estudiantes y el personal docente.
La Fiscalía destacó la importancia de las diligencias realizadas por el OS-9, que permitieron acreditar la participación del imputado en cada uno de los episodios. El rastreo de mensajes y llamadas telefónicas fue fundamental para establecer la conexión entre el joven y las amenazas, así como para reconstruir la cronología de los hechos.
La investigación continúa en curso, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar si existen nuevas responsabilidades penales para el imputado. El tribunal fijó las medidas cautelares mientras se avanza en la recopilación de pruebas y se realizan las entrevistas necesarias para construir un caso sólido.
La comunidad de Inacap ha expresado su preocupación por estos hechos y ha solicitado a las autoridades que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el recinto. La institución ha brindado apoyo a las víctimas y ha colaborado plenamente con la investigación.
Este caso pone de manifiesto la importancia de abordar de manera efectiva las amenazas y los actos de violencia en el ámbito educativo, así como la necesidad de proteger a los estudiantes y al personal docente de cualquier forma de intimidación. Las autoridades han reiterado su compromiso de combatir este tipo de delitos y de garantizar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje.
