El Salvador se vio escenario de una significativa marcha este domingo, donde familiares de detenidos y organizaciones sociales alzaron la voz contra el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. La movilización, organizada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), partió desde el redondel José Martí hasta la plaza Gerardo Barrios, en el centro histórico de San Salvador, con el objetivo de exigir la liberación de personas consideradas inocentes y denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos.
La marcha congregó a madres, padres, esposas y otros familiares de detenidos, quienes portaron pancartas con fotografías de sus seres queridos y expresaron su angustia por la falta de información y el debido proceso legal. La cercanía del Domingo de Ramos se reflejó en la presencia de palmas, simbolizando una búsqueda de justicia y esperanza.
MOVIR enfatizó que, si bien la lucha contra las pandillas es una demanda histórica de la población salvadoreña, esta no debe llevarse a cabo a costa de la vulneración de derechos fundamentales, capturas arbitrarias o procesos judiciales sin garantías. Samuel Ramírez, integrante de MOVIR, explicó que la manifestación buscaba rechazar la continuidad del régimen de excepción y visibilizar el impacto que ha tenido en miles de familias.
“Nosotros no estamos en contra de combatir a las pandillas. Estamos claros que el régimen ha mejorado la seguridad en el país, pero lo que no estamos a favor es que el costo que estamos pagando por esa seguridad sea demasiado elevado. Hay miles de personas detenidas sin el debido proceso y eso es gravísimo para un país que se llama democrático y respetuoso de los derechos humanos”, afirmó Ramírez.
El vocero de MOVIR cuestionó la prórroga del régimen de excepción a pesar de los discursos oficiales que afirman haber alcanzado niveles históricos de seguridad. A su juicio, la medida se ha convertido en una forma permanente de control social y restricción de garantías constitucionales.
La movilización contó con la participación de organizaciones estudiantiles y de derechos humanos, como el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. María Inés Dávila Medina, representante de estas organizaciones, señaló que el régimen ha tenido efectos que van más allá del ámbito penal, debilitando las instituciones del país.
“Cuatro años han resultado en una afectación bastante grave para miles de familias. Hemos conocido casi 500 personas fallecidas dentro de los centros penitenciarios y no hay una investigación sobre esas muertes, pero tampoco ha habido una investigación seria sobre la supuesta vinculación de muchas personas capturadas con estructuras delincuenciales. Lo que estamos reclamando es que funcione el sistema de justicia y que se investigue de verdad”, expresó Dávila.
La manifestante argumentó que el principal cuestionamiento no es el combate al crimen en sí, sino la forma en que se ha aplicado la medida, señalando la criminalización de personas sin pruebas suficientes y el debilitamiento de instituciones clave como la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el sistema judicial.
La marcha estuvo marcada por testimonios desgarradores de madres y familiares que relataron los efectos personales, económicos y emocionales que han enfrentado desde la captura de sus seres queridos. Rosalina Castro, originaria de San Miguel, compartió su historia, exigiendo la libertad de su hijo, Félix Marciano Gómez Castro, detenido hace más de tres años y medio.
“Yo ando aquí en la calle dando la cara por él, porque sé que él es 100 % inocente. Él trabajaba en la agricultura y lo dejaron detenido por el señalamiento de un enemigo. Desde entonces dejó un niño de dos años, que hoy ya tiene cinco. Duele que un niño quede abandonado así, sin su padre, y duele más cuando uno sabe que está preso injustamente”, expresó Castro.
A pesar de contar con documentos que respaldan la inocencia de su hijo, como antecedentes penales y solvencia policial, Castro no ha logrado obtener respuestas claras sobre su situación. También relató las dificultades económicas y logísticas que enfrenta para trasladarse desde San Miguel y llevar paquetes al centro penal donde cree que permanece detenido.
Rosa Gladys Anaya, proveniente de Sonsonate, denunció la detención de su hijo, Carlos Giovanni Anaya Lima, capturado en abril de 2022 mientras trabajaba en el negocio familiar. “A mi hijo me lo sacaron del trabajo. Él trabajaba en mi negocio y desde entonces no sé nada de él. No sé si está vivo o si está muerto. Nosotros fuimos víctimas de la violencia, porque a mi hermano, que era policía, me lo asesinaron en 2019. Y ahora resulta que me tienen secuestrado a mi hijo, con antecedentes limpios y sin haber estado detenido nunca antes”, manifestó Anaya.
La familia de Anaya no ha recibido información suficiente sobre el estado de salud ni la ubicación actual de su hijo, prolongando la incertidumbre durante casi cuatro años. Vicenta Martínez, otra participante, relató la detención de su hijo, Rafael Antonio Recinos Martínez, en agosto de 2022 mientras se dirigía a recoger un vehículo con su empleador.
“Mi hijo trabajaba en enderezado y pintura, pero como vivimos en una colonia estigmatizada, la policía los pone a todos como pandilleros. Ese parece ser el delito: vivir en una comunidad pobre. Yo no sé si mi hijo está trabajando (fase de confianza), si está en San Miguel o si sigue en Mariona. Solo sé que nos están pidiendo paquetes, dinero y que todo esto nos está consumiendo a las madres, sobre todo a las que vivimos del comercio informal”, afirmó Martínez.
Martínez cuestionó el uso de audiencias masivas y la falta de procesos individualizados, argumentando que esto incrementa el riesgo de condenas injustas para personas que no han sido investigadas adecuadamente. Ana Cecilia Ponce García, residente de Zacatecoluca, denunció la captura de su hija en junio de 2022, a pesar de que trabajaba como vendedora y cobradora en una comercial.
“Ella trabajaba en dos cosas, como vendedora y cobradora en una comercial, y aun así la fueron a sacar de la casa. Yo no tengo cómo llevarle paquete todos los meses y tampoco me dan información. Lo único que sé es que la han agrupado y que no entiendo por qué, si no tiene antecedentes ni ha cometido ningún delito. Es bien injusto que ahora los estén metiendo en grupos por delitos que no han cometido”, expresó Ponce.
La detención de su hija también afectó a sus tres hijos, incluyendo una adolescente que cumplía 15 años ese mismo mes, celebración que no pudo realizarse debido a la captura. Alfredo Mejía, padre de una joven detenida, comparó la marcha con una expresión pública de sufrimiento y denuncia.
“Marchamos para decirle al gobierno que estamos defendiendo personas inocentes. Así como a Jesucristo lo detuvieron siendo inocente, aquí también hay personas que no deberían estar presas. Mi hija fue capturada solo porque no cargaba su DUI y hoy, cuatro años después, seguimos luchando por su libertad y denunciando todo lo que está pasando dentro de las cárceles”, dijo Mejía.
MOVIR denunció un clima de miedo, persecución y estigmatización contra comunidades vulnerables, así como la falta de acceso a información oficial, la opacidad sobre fallecimientos en centros penales y el uso de juicios masivos que podrían derivar en condenas colectivas sin suficiente individualización de responsabilidades. La organización hizo un llamado al gobierno salvadoreño y a la comunidad internacional para que se revisen los casos de personas detenidas, se respeten las garantías procesales y se investiguen las denuncias relacionadas con muertes en centros penitenciarios, condiciones de detención y capturas sin pruebas suficientes. La movilización se desarrolló sin incidentes y concluyó en la plaza Gerardo Barrios, donde los participantes reiteraron su demanda de justicia, acceso a información y revisión de los casos de sus familiares detenidos.
