El informe “Petróleo por represión”, presentado por David Smolansky del Miranda Center for Democracy en la Universidad Internacional de Florida, destapa una red de corrupción y represión que vincula al gobierno venezolano con Cuba desde 1999 hasta 2026. La investigación revela la transferencia de crudo venezolano a La Habana por un monto de 64 millones de dólares, a cambio de la capacitación en métodos represivos por parte de instructores cubanos a funcionarios venezolanos de diversas instituciones: el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Milicias.
El autor del artículo original reflexiona sobre una cita de Simón Bolívar de 1829, en la que el Libertador expresaba su temor a que Estados Unidos causara miseria en América en nombre de la libertad, refiriéndose a la Doctrina Monroe. El texto señala que, a pesar de que Bolívar admiraba la Constitución estadounidense como modelo, su visión se vio confirmada por la posterior influencia y tutela de Estados Unidos sobre América Latina, tanto en regímenes democráticos como en dictaduras. Esta percepción, inicialmente inusual dada la admiración de Bolívar por el sistema estadounidense, fue posteriormente utilizada por el chavismo para justificar su propia “revolución bolivariana”.
La Venezuela del siglo XX, rica en petróleo, fue escenario de menecracia tanto durante dictaduras tradicionales como durante cuarenta años de democracia. El artículo subraya que varias generaciones se formaron bajo la dependencia absoluta del hidrocarburo, consumiendo cultura estadounidense, incluso identificándose con las masacres de nativos indígenas perpetradas por los invasores blancos. Sin embargo, también se reconoce que, a partir de 1962, con películas como “Matar a un ruiseñor”, se visibilizó la existencia de adversarios internos del racismo en Estados Unidos y la posibilidad de disidencia a través de la legislación.
El autor se describe a sí mismo y a su generación como “pitiyanquis”, un término utilizado por la izquierda venezolana en lugares como la Calle Real de Sabana Grande en Caracas, donde se instaló un consulado de la guerrilla castrista, enemiga de la “Venedemocracia”.
Durante tres décadas, los sucesivos gobiernos venezolanos, incluyendo el actual equipo chavista, se habrían apropiado de los beneficios del petróleo, depositando fondos en cuentas bancarias en el extranjero a nombre de testaferros. Esta situación fue profetizada por Juan Pablo Pérez Alfonzo, fundador de la OPEP y autor de obras como “Petróleo y dependencia”, quien advirtió sobre los peligros de la dependencia petrolera y la corrupción.
La estatal petrolera PDVSA, saqueada y convertida en una mina gubernamental revolucionaria, se habría involucrado en el narcotráfico transcontinental, culminando en el actual informe que expone la corrupción chavista. El documento detalla cómo la transferencia de petróleo a Cuba se utilizó para financiar la formación de cuerpos de seguridad venezolanos en técnicas de espionaje, detenciones arbitrarias, torturas, falsos suicidios y desapariciones forzosas, prácticas que se han convertido en rutina para anular los derechos humanos.
El artículo plantea una paradoja: precisamente aquellos responsables de estos crímenes son ahora los encargados por Washington para asegurar la transición hacia la democracia. Si bien esta situación podría ser positiva en el sentido de exponer sus antecedentes delictivos, se considera peligrosamente lenta, ya que las leyes y propuestas emanadas del gobierno actual, liderado por figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, son descritas como simulacros que no garantizan libertades.
El autor critica la impunidad reinante y la falta de un Estado de derecho, que considera esencial para ejercer una justicia legítima. En este contexto, insta a las víctimas, tanto dentro como fuera de Venezuela, a unirse para recuperar su plena libertad.
El texto concluye enfatizando la necesidad de que las víctimas, tanto internas como externas, se unan para recuperar su libertad. La situación actual, marcada por la impunidad y la falta de un Estado de derecho, exige una acción urgente y coordinada para lograr una verdadera transición democrática en Venezuela. La revelación del pacto “petróleo por represión” pone de manifiesto la magnitud de la corrupción y la represión que han caracterizado al gobierno venezolano durante décadas, y subraya la importancia de exigir responsabilidades a los responsables y garantizar la justicia para las víctimas.
