El alcalde Galán busca vender el 9,4% restante de las acciones del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) para recaudar 2 billones de pesos, destinados a financiar obras del metro, fortalecer el gobierno corporativo de la entidad y avanzar en la construcción de troncales de Transmilenio. Sin embargo, la propuesta ha generado un fuerte debate en el Concejo de Bogotá, donde el Pacto Histórico y al menos seis concejales más se oponen a la medida, argumentando que podría significar la pérdida del control accionario mayoritario del Distrito sobre una empresa rentable que genera anualmente 3,18 billones de pesos en dividendos.
La iniciativa de Galán revive un debate que ya se había presentado en 2016, durante la segunda administración de Enrique Peñalosa. En aquella ocasión, el Concejo aprobó la venta de hasta el 20% de las acciones del GEB a través del Acuerdo 651 de 2016, con el objetivo de obtener 3,5 billones de pesos para financiar la primera línea del metro y el mejoramiento de las vías de la ciudad. Finalmente, se concretó la venta del 10,6%, lo que redujo la participación del Distrito del 76,28% al 56,28%.
Ahora, con la posible enajenación del 9,4% restante, la participación de Bogotá se reduciría aún más, llegando al 53,6%, quedando por debajo de la línea que la define como accionista mayoritario. La administración Galán defiende la medida como una oportunidad para obtener recursos frescos sin comprometer la estabilidad financiera del Distrito, argumentando que los 2 billones de pesos recaudados se invertirán en proyectos prioritarios para la ciudad.
Sin embargo, la oposición en el Concejo es firme. La concejal Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, ha sido una de las voces más críticas, citando a debate a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el pasado 19 de marzo. Bernal advierte que la venta del 9,4% restante implicaría la pérdida del control del Distrito sobre el GEB y la renuncia a los futuros dividendos, ya que la mayoría de las acciones quedaría en manos privadas. Además, cuestiona la necesidad de la venta, argumentando que la administración cuenta con suficientes recursos propios para financiar sus proyectos, incluyendo 122 billones de pesos aprobados, un cupo de endeudamiento por 9,6 billones y 960 mil millones de pesos en armonización presupuestal.
Otros concejales también han expresado sus reservas. José Cuesta, también del Pacto Histórico, considera que la venta del GEB representa una pérdida progresiva del control público sobre un activo estratégico de Bogotá. Elkin Huertas, del Nuevo Liberalismo, aunque pertenece a la bancada de gobierno, ha manifestado que la decisión debe ser analizada cuidadosamente, teniendo en cuenta el costo-beneficio de la operación. Samir Bedoya, del Mira, ha solicitado un sustento técnico sólido y una valoración independiente del activo antes de tomar una determinación. Julián Triana, de la Alianza Verde, sugiere que el buen momento por el que atraviesa el valor de la acción podría ser un argumento para mantener el activo en manos del Distrito.
La discusión sobre la venta de las acciones del GEB no se limita a aspectos financieros, sino que también tiene una dimensión estratégica. Los concejales coinciden en que se trata de un activo fundamental para la ciudad y que cualquier decisión sobre su futuro debe tomarse con cautela y transparencia.
La capitalización del GEB con capital privado no es un tema nuevo. En 1997, durante la alcaldía de Antanas Mockus, la empresa atravesaba una grave crisis financiera debido a las deudas y los sobrecostos de la construcción de la Central Hidroeléctrica del Guavio. Para salir de la crisis, Mockus tomó la decisión de capitalizar la empresa, permitiendo la entrada de inversionistas privados a través de la Ley 142 de 1994. Esta operación transformó la empresa pública en una sociedad por acciones mixta, con el Distrito conservando el 51% de la participación accionaria y los inversionistas privados adquiriendo el 49%.
El debate sobre la venta de las acciones del GEB se presenta en un contexto de tensiones políticas y económicas en Bogotá. La administración Galán busca recursos para financiar sus ambiciosos proyectos de infraestructura, mientras que la oposición defiende la necesidad de proteger los activos estratégicos del Distrito y garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo. La decisión final sobre la venta de las acciones recaerá en el Concejo de Bogotá, donde se espera un debate intenso y polarizado en las próximas semanas. La votación podría definir el futuro del GEB y el papel del Distrito como accionista mayoritario de una empresa clave para el desarrollo de la ciudad.
