San Salvador, 27 de marzo de 2026 — El régimen de excepción, implementado en El Salvador en marzo de 2022 para combatir una ola de violencia, cumple cuatro años marcado por un sombrío saldo: 500 muertes bajo custodia estatal, según un informe exhaustivo presentado este viernes por el Socorro Jurídico Humanitario (SJH). La cifra, que ya asciende a 506 tras la reciente muerte de Gerbert Hernández, expone una realidad alarmante que contradice la narrativa oficial de pacificación.
Desde su exilio en México, Ingrid Escobar, directora del SJH, contextualizó el origen de esta crisis, señalando el aumento de homicidios entre el 15 y el 31 de marzo de 2022 como el detonante utilizado por el gobierno de Nayib Bukele para instaurar el régimen de excepción. “A partir de esa fecha inició una historia de detenciones injustificadas de personas inocentes”, afirmó Escobar. El informe detalla que entre junio y agosto de 2022 se registraron más de 43 muertes en prisión, muchas de las cuales terminaron en fosas comunes, ejemplificando la opacidad y la falta de transparencia con el caso de Henry Joya, donde el Estado, según denuncian, entierra no solo cuerpos, sino también la verdad.
El análisis técnico del SJH revela una progresión constante de decesos que desafía la promesa de una paz duradera. La distribución geográfica de las muertes es particularmente reveladora. El Centro Penal de Izalco lidera la lista con 210 fallecidos, seguido por el Penal de Mariona con 94 y la Cárcel de Mujeres con 52. Quezaltepeque registra 35 muertes, mientras que el resto se distribuye en diversas bartolinas policiales.
Un dato impactante es el contraste con el Centro de Confinamiento de la Corrupción y el Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad destinada a pandilleros de alto rango. De las 500 muertes documentadas, solo 5 ocurrieron en el CECOT. “Las muertes no están ocurriendo donde están los pandilleros; están ocurriendo donde están los civiles, los pobres, los trabajadores”, denunció Escobar, evidenciando que las víctimas son principalmente personas comunes atrapadas en la red del régimen de excepción.
El informe también detalla las circunstancias de las muertes. El 64.3% de las víctimas fallecieron en hospitales, lo que sugiere que fueron trasladadas en estado crítico, a menudo demasiado tarde para recibir atención efectiva. El 28.5% murió dentro de las celdas, y el resto durante traslados o en las bartolinas. Además, 18 personas fallecieron poco después de ser liberadas, víctimas de enfermedades contraídas durante su encarcelamiento.
El SJH categorizó las causas de muerte basándose en testimonios de familiares y filtraciones de inspecciones de la PNC, identificando tanto homicidios como casos de negligencia médica. Esta última, según el informe, es una constante en el sistema penitenciario, donde la atención médica es deficiente y el acceso a servicios básicos es limitado.
El impacto del régimen de excepción se extiende más allá de las cárceles, afectando al sector laboral y sindical. Héctor Rodríguez, representante del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), informó que más de 44,000 trabajadores han sido despedidos bajo el amparo de la inestabilidad institucional. “Más de 20 sindicalistas han sido detenidos bajo el régimen solo por reclamar sus derechos”, denunció Rodríguez, citando casos en las alcaldías de Soyapango y San Marcos, así como la muerte en prisión de líderes sindicales como Leónidas Bonilla. La detención de cinco trabajadores de la Imprenta Nacional sin pruebas contundentes también fue mencionada como un ejemplo de la represión contra la disidencia. En contraste, se destacó la resistencia comunitaria en torno al caso de Sabino Ramos, un líder cultural cuya detención ha generado movilización en su cantón.
El abogado Guillermo García, del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), criticó duramente la inacción de las instituciones estatales. Calificó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Órgano Judicial como “instituciones muertas”, argumentando que su falta de voluntad para investigar las 500 muertes los convierte en cómplices por omisión. “En el futuro, estas instituciones tendrán que pagar ante la justicia internacional”, advirtió García, anunciando que las organizaciones están activando mecanismos ante la CIDH y la ONU, ante la inexistencia del derecho a la defensa técnica para los presos políticos de la Alianza El Salvador en Paz.
El informe dedica un espacio conmovedor a los bebés fallecidos, mencionando los nombres de Carmen, Génesis, Carlos y Karen, menores que murieron por falta de atención médica o en condiciones insalubres mientras sus madres estaban detenidas o ellos mismos se encontraban en el entorno carcelario.
La demografía de las víctimas revela que el 92.4% son hombres y el 7.6% son mujeres. El 93.8% de las víctimas son catalogadas por el gobierno como “colaboradores”, una categoría ambigua que el SJH denuncia como un mecanismo para criminalizar a cualquier ciudadano que viva en zonas con presencia de pandillas.
El foro concluyó con la lectura de una carta del Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), que reafirmó que el régimen de excepción no es solo una estrategia de seguridad, sino un sistema que ha suspendido los derechos humanos de los más vulnerables. A cuatro años de su implementación, las 506 muertes documentadas son un recordatorio sombrío de que la paz social no puede construirse sobre fosas comunes y negligencia institucional. Mientras las familias continúan recibiendo ataúdes sellados y se les prohíbe velar a sus seres queridos, organizaciones como el SJH prometen seguir documentando lo que consideran la historia oculta del “Nuevo El Salvador”.
