El Ejecutivo peruano promulgó este viernes 27 de marzo la ley que declara de interés nacional la creación de un puerto espacial en territorio nacional, buscando posicionar al país como líder regional en el ámbito espacial. La norma, oficializada con las firmas del presidente José Balcázar y el presidente del Consejo de Ministros Luis Arroyo, fue publicada en el diario oficial El Peruano.
La ley establece que la creación del puerto espacial es de “interés nacional y necesidad pública”, con el objetivo de fortalecer las capacidades espaciales del Perú, promover la seguridad nacional y fomentar la autonomía tecnológica. El Ministerio de Defensa ha sido designado como el sector encargado de coordinar las acciones para la implementación de la ley.
El Congreso de la República aprobó previamente la propuesta en segunda votación el 19 de marzo, con 78 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, tras una primera votación el 12 de marzo con 76 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones. La propuesta había sido aprobada unánimemente en la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento.
La iniciativa fue remitida al Congreso el 1 de octubre del año pasado por la entonces presidenta Dina Boluarte y su jefe de Gabinete, Eduardo Arana, tras una visita de expertos estadounidenses interesados en explorar colaboraciones en el desarrollo de un puerto espacial en el país.
El gobierno argumentó que el fortalecimiento de las capacidades espaciales es una prioridad estratégica global y que el puerto permitiría al Perú participar en el mercado global de servicios espaciales, atrayendo inversión y generando empleos. Además, se espera que las capacidades espaciales fortalezcan el Sistema de Defensa Nacional, mejorando el monitoreo territorial, las comunicaciones seguras y la respuesta ante emergencias.
La Comisión de Defensa del Congreso consideró que la ley impulsa la planificación estratégica en el ámbito aeroespacial y se alinea con la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030. Se enfatizó que la norma no implica la construcción inmediata del puerto ni compromete recursos públicos sin un sustento previo.
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