Madrid (EFE).- La Administración General del Estado (AGE) reducirá su jornada laboral de 37,5 a 35 horas semanales, un acuerdo alcanzado este viernes con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, según anunció el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su participación en el VI Foro Económico de elDiario.es celebrado en el Colegio de Arquitectos de Madrid. La resolución que implementará esta medida se publicará en la primera quincena de abril y afectará a aproximadamente 220.000 empleados públicos, sirviendo como posible modelo para otras administraciones.
El ministro López enfatizó que la aplicación de las 35 horas en la AGE se hará efectiva en el plazo mencionado, reconociendo que algunas Comunidades Autónomas ya han adoptado esta medida, mientras que otras no. El objetivo principal, según el Ministerio de Función Pública, es garantizar la prestación adecuada de los servicios públicos, la atención a la ciudadanía y la continuidad de las funciones públicas durante la transición.
La implantación de la nueva jornada, que equivale a 1.533 horas anuales, se realizará mediante una planificación, organización y dimensionamiento de las plantillas que permitan mantener y mejorar la calidad de los servicios públicos. El Ministerio ha asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que la reducción de la jornada laboral no afecte negativamente a la eficiencia y eficacia de la administración.
Además de la reducción de la jornada laboral, la resolución también incorporará la figura del cuidador, una medida de conciliación destinada a los empleados públicos que se encargan del cuidado de un familiar. Esta figura, ya contemplada en la directiva europea sobre conciliación, se refiere a aquellos empleados que asisten a un familiar o persona que vive en su hogar debido a un grave motivo médico.
El acuerdo ha sido respaldado progresivamente por los sindicatos. UGT dio su aprobación el pasado miércoles, seguido por CCOO el jueves, y finalmente CSIF anunció su apoyo este viernes, tras la incorporación de sus demandas al acuerdo. Entre las principales peticiones sindicales estaba la aplicación de la nueva jornada a todos los colectivos, incluyendo aquellos con jornadas especiales (de especial dedicación, con turnicidad, jornadas partidas).
La nueva jornada de 35 horas también se extenderá al personal de centros docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla, así como a Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, la aplicación en todos los colectivos que cuenten con mesas de negociación específica se negociará en cada ámbito. CSIF destacó que la resolución también incluye la implantación en organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la AGE, lo que abre la posibilidad de su aplicación a las empresas públicas.
Desde CCOO se subraya que las 35 horas se aplicarán a todo el personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración General del Estado. CSIF recordó que las administraciones públicas han sido tradicionalmente pioneras en la aplicación de nuevos derechos laborales, y que esta medida favorece la conciliación, el bienestar, la productividad y la generación de empleo.
UGT, por su parte, considera imprescindible que la implantación de la nueva jornada vaya acompañada de una Oferta de Empleo Público que permita reforzar las plantillas y garantizar que la mejora de las condiciones laborales sea compatible con el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos. La necesidad de una planificación adecuada de las plantillas se ha convertido en un punto clave para asegurar el éxito de la medida.
El Ministerio de Función Pública ha reiterado su compromiso con la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos y con la modernización de la administración. La reducción de la jornada laboral se enmarca dentro de una estrategia más amplia de transformación digital y de la función pública, que busca mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos. La implementación de esta medida representa un paso importante hacia una administración más flexible y adaptada a las necesidades de los empleados públicos y de la ciudadanía. La resolución, que se publicará en la primera quincena de abril, detallará los procedimientos y plazos para la aplicación de la nueva jornada laboral en la AGE.
