Más de 300 personas se manifestaron este jueves en Toluca, Estado de México, en una movilización que partió de la Plaza de los Mártires con destino al monumento del Águila de Colón. La protesta fue encabezada por colectivos de atención a adicciones, principalmente Fuerza Nacional, quienes desde hace dos días mantienen un plantón frente a Palacio de Gobierno, en respuesta a la clausura de numerosos centros de rehabilitación en la entidad.
Ismael Rodríguez, líder del colectivo Fuerza Nacional, explicó que la marcha congregó a diversos grupos y centros de rehabilitación provenientes de diferentes estados del país. Los manifestantes expresan su inconformidad por las recientes acciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que ha cerrado al menos 53 centros, liberando a aproximadamente mil 500 personas en operativos motivados por presuntas irregularidades y posibles vínculos con actividades delictivas.
Rodríguez detalló que las clausuras, en algunos municipios, “se salieron de contexto”. Señaló que, si bien anteriormente se realizaban revisiones con el objetivo de regularizar los centros, ahora se han ejecutado cierres directos sin considerar la labor que estos realizan. Además, denunció la detención de ocho personas, quienes fueron trasladadas al penal de Barrientos acusadas inicialmente de trata de personas y posteriormente imputadas por privación ilegal de la libertad. El colectivo rechaza estas acusaciones, calificándolas de infundadas.
La principal demanda de los manifestantes es una reforma a la Ley de Salud que permita a los centros de rehabilitación determinar los tratamientos más adecuados para cada paciente, considerando si estos deben ser ambulatorios o residenciales. Argumentan que, en casos graves, las personas han perdido su funcionalidad y requieren de atención especializada que, según afirman, no es suficiente la que ofrece la infraestructura gubernamental. Rodríguez informó que ya están trabajando en propuestas legislativas en conjunto con el diputado José Narro Céspedes en la Ciudad de México y la diputada Jennifer González en el Estado de México.
Los colectivos reconocen que algunos centros de rehabilitación necesitan regularizarse, cumpliendo con requisitos como el acta constitutiva, los avisos de funcionamiento y la contratación de personal profesional. Sin embargo, insisten en que no todos los centros presentan irregularidades y que su trabajo responde a una necesidad apremiante, ante la alta demanda que, según aseguran, la infraestructura gubernamental no puede cubrir completamente.
En este contexto, los manifestantes anunciaron que sostendrán una reunión con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para exponer sus demandas y buscar una solución al problema. La movilización también contó con el apoyo del influencer “El Chiquilín”, de Patrulla Espiritual, quien respaldó la causa y llamó a visibilizar el movimiento a través de sus redes sociales.
La Fiscalía del Estado de México ha justificado las clausuras argumentando la necesidad de proteger a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en estos centros, denunciando abusos y condiciones insalubres. Sin embargo, los colectivos de atención a adicciones argumentan que la medida ha dejado a muchas personas sin acceso a tratamiento y ha criminalizado a quienes brindan apoyo a personas con problemas de adicción.
El debate sobre la regulación de los centros de rehabilitación en el Estado de México ha cobrado fuerza en las últimas semanas, poniendo de manifiesto la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de las personas y la garantía del acceso a servicios de salud especializados. La reunión con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez se perfila como un momento clave para el futuro de estos centros y la atención a las adicciones en la entidad.
La movilización de este jueves es una muestra de la preocupación y el descontento de los colectivos de atención a adicciones ante las recientes acciones de la Fiscalía. Los manifestantes exigen una revisión de las clausuras, la liberación de las personas detenidas y una reforma a la Ley de Salud que permita garantizar el acceso a tratamientos adecuados para todas las personas que lo necesiten. La situación plantea un desafío para las autoridades estatales, quienes deberán encontrar una solución que responda a las necesidades de la población y garantice el respeto a los derechos humanos.
La controversia se centra en la forma en que se han llevado a cabo las clausuras y en la falta de diálogo con los colectivos de atención a adicciones. Los manifestantes argumentan que se han criminalizado a personas que están brindando un servicio esencial a la comunidad y que se han dejado a muchas personas sin acceso a tratamiento. La Fiscalía, por su parte, defiende sus acciones argumentando que es necesario proteger a las personas vulnerables y combatir la trata de personas.
La reunión con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez se espera que sea un espacio para el diálogo y la búsqueda de soluciones. Los colectivos de atención a adicciones esperan que la gobernadora escuche sus demandas y que se comprometa a revisar las clausuras y a trabajar en una reforma a la Ley de Salud que permita regularizar los centros de rehabilitación y garantizar el acceso a tratamientos adecuados para todas las personas que lo necesiten. El futuro de los centros de rehabilitación en el Estado de México y la atención a las adicciones en la entidad dependen de los resultados de esta reunión.
