San José, 26 de marzo (elmundo.cr) El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, respondió a declaraciones recientes de la presidenta electa, Laura Fernández, aclarando el papel del Poder Judicial en el caso del exmagistrado Celso Gamboa, quien fue extraditado a Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas. Aguirre enfatizó que la Corte no fue responsable de la elección inicial de Gamboa, sino que la Asamblea Legislativa fue el órgano encargado de su designación.
En un comunicado emitido hoy, Aguirre Gómez detalló que la designación de magistrados en propiedad es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa, la cual lleva a cabo los procesos de selección y nombramiento. La Corte no eligió a Celso Gamboa. La designación de magistradas y magistrados en propiedad no corresponde al Poder Judicial, sino exclusivamente a la Asamblea Legislativa, órgano constitucional encargado de llevar adelante los procesos de selección y nombramiento , reiteró el magistrado.
Sin embargo, Aguirre sí reconoció que la Corte Suprema de Justicia actuó diligentemente una vez que surgieron las primeras vinculaciones de Gamboa con actos irregulares. Lo que sí hizo la Corte fue solicitar oportunamente al Congreso la destitución de Gamboa, una vez que fue vinculado con actos irregulares , explicó. Además, destacó las múltiples acciones que se han implementado para fortalecer la prevención de la infiltración de personas vinculadas al narcotráfico dentro de la institución judicial.
El pronunciamiento de Aguirre se produce en un contexto de debate público sobre la seguridad en Costa Rica y la lucha contra el crimen organizado. La presidenta electa, Laura Fernández, había realizado comentarios sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en el Poder Judicial, lo que aparentemente motivó la respuesta del presidente de la Corte Suprema.
Aguirre Gómez aprovechó la oportunidad para resaltar el compromiso del Poder Judicial con la lucha contra la criminalidad. Subrayó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con el Ministerio Público y con la autorización de los jueces, realiza operativos y allanamientos de manera constante para contener la delincuencia. El Poder Judicial es un actor clave en la lucha contra la criminalidad. La labor del Organismo de Investigación Judicial, en coordinación con el Ministerio Público y con la autorización de jueces y juezas, permite, prácticamente a diario, desarrollar operativos y allanamientos que contribuyen a contener la delincuencia , afirmó.
El magistrado también destacó la efectividad de estas acciones, señalando que diariamente se realizan detenciones y se emiten sentencias condenatorias, además de desarticular estructuras criminales. Todos los días hay detenciones y sentencias condenatorias, y de manera constante se desarticulan estructuras criminales. Esa es una realidad que no se puede negar ni dejar de reconocer , sostuvo.
Aguirre enfatizó que el Poder Judicial está comprometido con la construcción de un país más seguro, pero siempre respetando el marco legal y el debido proceso. En nuestra institución existe un compromiso claro de todas y todos por construir un país más seguro, pero también por hacerlo de la manera correcta: con apego a la ley, respeto al debido proceso y garantía del Estado de Derecho , declaró.
En su mensaje, Aguirre también extendió una invitación al diálogo a la presidenta electa, Laura Fernández, y a todas las fuerzas políticas del país. Expresó la disposición del Poder Judicial para sostener un diálogo serio, franco y respetuoso de las competencias constitucionales, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional frente a las demandas de la sociedad. Estamos al servicio de la ciudadanía y dispuestos a sostener un diálogo serio, franco y respetuoso de las competencias constitucionales, orientado a mejorar la respuesta institucional frente a las demandas del país , afirmó.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia concluyó su mensaje resaltando la importancia de la cooperación entre las instituciones del Estado para fortalecer el Estado de Derecho y la confianza pública. Costa Rica necesita instituciones capaces de escucharse, comprenderse y cooperar con responsabilidad, sin debilitar los equilibrios que sostienen el Estado de Derecho. Ese es el compromiso que mantenemos: fortalecer la confianza pública y contribuir, desde nuestra función constitucional, a soluciones sostenibles para la sociedad , finalizó.
La respuesta de Aguirre Gómez busca clarificar el rol del Poder Judicial en el caso Gamboa y reafirmar su compromiso con la lucha contra la criminalidad, al tiempo que promueve un diálogo constructivo con la administración entrante para abordar los desafíos de seguridad que enfrenta el país. El incidente subraya la importancia de la independencia judicial y la necesidad de respetar las competencias constitucionales de cada poder del Estado.
