Santiago Díaz Asque, exasambleísta acusado de violación a una menor de 12 años, seguirá en prisión preventiva tras la suspensión de la audiencia de juicio prevista para el 26 de marzo de 2026. La defensa del procesado presentó un certificado médico para justificar la inasistencia de Díaz, solicitud que fue rechazada por el tribunal, determinando la reprogramación de la diligencia para entre el 16 y el 17 de abril, fecha que será confirmada por las autoridades judiciales.
El juicio contra Díaz, denunciado en 2025, se centra en la presunta comisión del delito de violación. La Fiscalía, según la abogada de la víctima, María del Mar Gallegos, cuenta con varios elementos de convicción, entre ellos testimonios y pericias que respaldan la acusación. Gallegos ha manifestado que la investigación ha recopilado detalles relevantes del presunto hecho y que las pruebas son suficientes para avanzar en la etapa de juicio.
El pasado 18 de marzo de 2026, Díaz fue trasladado desde la Cárcel 4 a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Quito para ampliar su declaración en un proceso investigativo diferente, conocido como el caso Caja Chica . Este caso indaga un presunto esquema de financiamiento ilegal para campañas políticas. Durante este traslado, Díaz, bajo un fuerte esquema de seguridad que incluyó personal militar, vehículos blindados y uniformados con equipo táctico, fue increpado por un grupo de ciudadanos, principalmente mujeres, que exigían justicia por el caso de violación.
En relación con el caso Caja Chica , Díaz ha declarado previamente haber trasladado recursos desde Venezuela por orden del expresidente Rafael Correa, en el contexto del proceso electoral de 2023. Estas declaraciones, aunque pertenecientes a una investigación separada, han mantenido a Díaz en el centro de la atención pública y judicial en las últimas semanas.
La situación de Díaz en prisión preventiva ha generado controversia debido a los beneficios penitenciarios que habría recibido. Se ha cuestionado su permanencia en la Cárcel 4, un centro penitenciario con condiciones diferentes a las de otros recintos, así como supuestos permisos para recibir atención médica en un centro de salud en Conocoto.
Un reportaje de Ecuavisa reveló que Díaz habría pasado jornadas completas en el centro de salud sin esposas y con la posibilidad de recibir visitas. Hasta el momento, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) no ha emitido una explicación pública detallada sobre estas circunstancias, alimentando las especulaciones y críticas sobre un posible trato preferencial.
La reprogramación del juicio, sumada a las investigaciones paralelas y las controversias sobre sus condiciones de detención, complican aún más la situación legal de Santiago Díaz. La Fiscalía mantiene su postura acusatoria, mientras que la defensa busca estrategias para garantizar el debido proceso y la defensa de su cliente.
La comunidad, especialmente los grupos de defensa de los derechos de las mujeres y la infancia, observa con atención el desarrollo de este caso, exigiendo justicia y transparencia en la investigación y el juicio. La demora en la resolución del caso genera frustración y preocupación, especialmente para la víctima y su familia.
El caso Díaz se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad en delitos de violencia sexual y la necesidad de garantizar la protección de los derechos de las víctimas. La atención mediática y la presión social ejercida sobre las autoridades judiciales buscan asegurar que se haga justicia y que se establezcan responsabilidades en caso de que se compruebe la culpabilidad del exasambleísta.
La investigación del caso Caja Chica también plantea interrogantes sobre la financiación de campañas políticas y la posible participación de otros actores en un esquema de corrupción. Las declaraciones de Díaz sobre el supuesto financiamiento proveniente de Venezuela han generado un debate político y judicial, y podrían tener implicaciones importantes para el futuro político del país.
El SNAI, presionado por la opinión pública y los medios de comunicación, podría verse obligado a brindar una explicación detallada sobre los beneficios penitenciarios que habría recibido Díaz y a revisar los protocolos de seguridad y control en los centros penitenciarios. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y penitenciario.
La reprogramación del juicio para abril próximo representa una nueva oportunidad para que la Fiscalía presente sus pruebas y la defensa de Díaz exponga sus argumentos. El resultado del juicio tendrá un impacto significativo en la vida del exasambleísta y en la percepción de la justicia en el país. La sociedad espera que se haga justicia y que se protejan los derechos de la víctima y se castigue a los responsables en caso de que se compruebe la culpabilidad de Díaz.
