Un total de 22 mil personas recibieron atención y protección a través de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) durante el año 2025. La información fue proporcionada por José Peñaranda, fiscal adjunto de la Oficina, quien detalló el funcionamiento del programa de protección a testigos y víctimas. Esta cifra, según se destaca, equivale a la capacidad aproximada del Estadio Ricardo Saprissa, lo que ilustra la magnitud de la labor realizada por la OAPVD.
La OAPVD se encarga de brindar asistencia y salvaguardar la integridad de individuos que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a su participación en procesos judiciales, ya sea como víctimas directas del delito o como testigos clave para la investigación y el enjuiciamiento de los responsables. El programa de protección abarca una serie de medidas que se adaptan a las necesidades específicas de cada caso, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y permitirles colaborar con la justicia sin temor a represalias.
Según las explicaciones de José Peñaranda, la protección a testigos y víctimas puede incluir desde medidas básicas, como el cambio de domicilio o la asignación de escoltas, hasta medidas más complejas, como la reubicación en otras ciudades o países, la modificación de la identidad o la prestación de apoyo psicológico y social. La OAPVD trabaja en coordinación con otras instituciones del Estado, como la Policía Nacional y el Ministerio Público, para implementar estas medidas de manera efectiva y garantizar la seguridad de las personas protegidas.
La atención brindada por la OAPVD no se limita únicamente a la protección física de las personas. La Oficina también ofrece apoyo legal y administrativo, así como asistencia para la cobertura de gastos médicos y de manutención, en aquellos casos en que sea necesario. El objetivo es garantizar que las víctimas y los testigos puedan participar en los procesos judiciales en igualdad de condiciones y sin que su situación económica o social se vea afectada.
La cifra de 22 mil personas atendidas por la OAPVD durante el año 2025 refleja la creciente demanda de servicios de protección a víctimas y testigos en el país. Este aumento puede estar relacionado con diversos factores, como el incremento de la criminalidad, la mayor conciencia de la población sobre sus derechos y la mejora de los mecanismos de denuncia y protección.
La OAPVD ha venido fortaleciendo sus capacidades y ampliando su cobertura en los últimos años, con el fin de responder a esta creciente demanda y garantizar la protección de todas las personas que lo necesiten. La Oficina cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados y con experiencia en la atención a víctimas y testigos, así como con una red de colaboradores en todo el país.
El programa de protección a víctimas y testigos es una herramienta fundamental para el funcionamiento del sistema de justicia penal. Al garantizar la seguridad de las personas que colaboran con la investigación y el enjuiciamiento de los delitos, se contribuye a fortalecer el Estado de Derecho y a combatir la impunidad. La OAPVD juega un papel clave en este proceso, brindando apoyo y protección a quienes se atreven a denunciar y a testimoniar contra los delincuentes.
La labor de la OAPVD es especialmente importante en aquellos casos de delitos graves, como el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, en los que las víctimas y los testigos suelen estar expuestos a un alto riesgo de represalias. En estos casos, la protección de la OAPVD puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito continúa trabajando para mejorar sus servicios y ampliar su cobertura, con el fin de garantizar la protección de todas las personas que lo necesiten. La OAPVD reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las víctimas y los testigos, y con la construcción de una sociedad más justa y segura para todos. La atención a estas 22 mil personas subraya la importancia de este programa para la seguridad y el correcto funcionamiento de la justicia en el país.
