Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este jueves 26 de marzo ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en su segunda audiencia desde su captura en enero. El juicio, que se centra en cuatro cargos relacionados con el narcotráfico y la posesión ilegal de armas, se espera que no comience formalmente hasta dentro de uno o dos años, considerando la avanzada edad del juez Alvin Hellerstein, de 92 años.
La audiencia, programada para las 10:00 a.m. (hora de Nueva York) y las 9:00 a.m. (hora de Colombia), no será transmitida en vivo debido a las restricciones de los tribunales federales estadounidenses sobre el uso de cámaras en sala. Los medios acreditados podrán enviar periodistas al Tribunal Daniel Patrick Moynihan en Manhattan, y se anticipan bocetos judiciales para documentar el evento. Las actualizaciones se proporcionarán a través de corresponsales presentes en el lugar.
El punto central de la audiencia será la moción presentada por la defensa de Maduro y Flores para desestimar el caso. Los abogados argumentan que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está interfiriendo con el derecho constitucional de sus clientes a una defensa adecuada al negarles el acceso a fondos del Estado venezolano para cubrir sus honorarios legales.
Según la defensa, liderada por Barry Pollack y Mark Donnelly, los fiscales no han refutado dos puntos cruciales: la falta de recursos personales de Maduro y Flores para pagar su defensa, y la obligación legal del Estado venezolano de proporcionarles financiamiento para este propósito. La única solución es la desestimación del caso , sostienen los abogados.
La fiscalía federal, por su parte, se opone a la solicitud de desestimación, argumentando que las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) prohíben que un gobierno sancionado, como el de Venezuela, pague los honorarios de personas también sancionadas. Además, la fiscalía afirma que los acusados sí tienen acceso a fondos propios.
El proceso legal contra Maduro se desarrolla en un contexto de acusaciones graves. El indictment actualizado describe a Cilia Flores como la estratega de la organización criminal liderada por Maduro, y acusa a ambos de ordenar asesinatos y secuestros para facilitar el tráfico masivo de drogas. En su primera audiencia, Maduro se declaró no culpable y afirmó ser un prisionero de guerra , reiterando su afirmación de ser el presidente legítimo de Venezuela.
Maduro se encuentra actualmente recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una cárcel federal de alta seguridad que ha albergado a figuras prominentes en el pasado, incluyendo al rapero Sean Diddy Combs, el asesino Luigi Mangione y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.
Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, diputado venezolano, declaró esta semana que su padre se encuentra en buen estado de ánimo y salud. En un video publicado en redes sociales, describió a su padre como un presidente delgado, atleta, que está haciendo ejercicio todos los días y afirmó que Flores está firme y alerta .
Los cargos que enfrenta Maduro incluyen tres cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, así como un cuarto cargo de posesión de dichas armas. La acusación detalla una presunta participación activa de Maduro y Flores en un esquema de tráfico de drogas a gran escala, utilizando recursos estatales y ordenando actos violentos para proteger sus operaciones.
La complejidad del caso y la duración estimada del juicio sugieren que el proceso legal será prolongado y estará sujeto a un escrutinio internacional significativo. La decisión del juez Hellerstein sobre la moción de desestimación será un paso crucial en el desarrollo del caso y podría tener implicaciones importantes para el futuro de Maduro y Flores, así como para las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. La ausencia de transmisión en vivo de la audiencia limita el acceso público al proceso, pero los corresponsales presentes en el tribunal proporcionarán actualizaciones a medida que se desarrollen los acontecimientos. La comunidad internacional observa atentamente este caso, que plantea interrogantes sobre la lucha contra el narcotráfico, la soberanía nacional y el debido proceso legal.
