Agostina Páez, la abogada santiagueña imputada por injuria racial en Brasil, permanecerá en Río de Janeiro por más tiempo de lo esperado. A pesar de que la Fiscalía y la querella no se opusieron a su regreso a Argentina, el juez de la causa decidió suspender su repatriación hasta dictar sentencia definitiva, generando sorpresa y frustración en su defensa.
La situación judicial de Páez, que había mostrado signos de avance hacia una resolución favorable, dio un vuelco inesperado este miércoles. Durante la audiencia clave celebrada el martes, el Ministerio Público reformuló la acusación original, unificando tres cargos iniciales en un único hecho continuado con tres víctimas. Esta modificación redujo significativamente la posible pena, abriendo la puerta a que la sanción se sustituyera por servicios comunitarios y una reparación económica.
El entendimiento inicial entre las partes era que Páez abonara una multa, indemnizara económicamente a las víctimas y cumpliera con tareas comunitarias en territorio argentino. Sin embargo, el juez, contraviniendo las expectativas generadas durante la audiencia, decidió mantener las medidas cautelares y condicionar cualquier autorización de salida a la presentación de los alegatos finales y al dictado de la sentencia, que podría demorarse entre 15 y 20 días.
Carla Junqueira, la abogada que representa a Páez en Brasil, expresó su asombro ante la decisión judicial. Según declaraciones a Infobae, el magistrado había dado a entender durante la audiencia que resolvería favorablemente el planteo en un corto plazo. Nunca en mi vida vi una decisión contra lo que pide la propia acusación. La Fiscalía cambia el pedido, la querella también y el juez dice que sí, después que no , lamentó Junqueira.
La defensa considera que esta resolución es una traba de último momento que altera el escenario que se había abierto tras la audiencia del martes. Ante esta situación, la abogada Junqueira anunció que presentará un hábeas corpus para intentar revertir la decisión y buscará acelerar la presentación de los argumentos finales para evitar una prolongación innecesaria de la estadía de su clienta en Brasil.
La fiscalía, en un gesto de apertura, había reducido la acusación original, que contemplaba tres delitos y una posible pena de hasta 15 años de prisión, a un único cargo. Esta modificación permitiría reemplazar una eventual condena con servicios sociales y el pago de una compensación a las víctimas. Según estimaciones del Ministerio Público, Páez debería abonar cerca de u$s50.000 a cada una de las personas afectadas.
El juez aún no ha emitido su resolución, pero se espera que lo haga en los próximos días. Esta decisión será determinante no solo para establecer el monto definitivo del resarcimiento, sino también para definir las condiciones de salida del país de la imputada.
Desde el inicio del proceso, la estrategia de la defensa se centró en lograr la mayor reducción de cargos posible para facilitar el regreso de Páez a Argentina. Estamos muy conformes con el resultado , sostuvo Junqueira tras la audiencia del martes. Entramos esperando una pena de al menos dos años, con cumplimiento efectivo en Argentina. Pero la fiscal entendió que el pedido de disculpas significó que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo. Fue una primera etapa exitosa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno , explicó.
Antes de la audiencia, Páez había expresado su temor a ser encarcelada. Yo no voy a pisar una cárcel, si voy a la cárcel me mato, no sé lo que me puede pasar , afirmó en declaraciones televisivas.
El conflicto se originó a raíz de una discusión en un boliche de Río de Janeiro el 14 de enero de este año, desencadenada por un desacuerdo en relación con una cuenta. Según la versión de Páez, ella había pagado todo lo convenido, incluso por encima de lo que consideraba gastado, pero al retirarse fue objeto de gestos obscenos por parte de los mozos. En respuesta, Páez habría realizado una señal racista, simulando ser un primate, un hecho que quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente y se convirtió en la principal prueba de la justicia brasileña.
La defensa de Páez argumenta que la reacción de su clienta fue una respuesta a la provocación y que no tuvo la intención de ofender o discriminar a nadie. Sin embargo, la justicia brasileña considera que el gesto realizado por Páez constituye un delito de injuria racial, tipificado en el Código Penal brasileño.
La espera por la sentencia definitiva se prolonga, manteniendo a Agostina Páez en una situación de incertidumbre en Brasil y generando tensión en su entorno. La defensa confía en que el hábeas corpus presentado y la aceleración de los trámites puedan revertir la decisión del juez y permitir el regreso de Páez a Argentina en un futuro cercano. El caso continúa siendo seguido de cerca por la opinión pública y los medios de comunicación, tanto en Argentina como en Brasil, debido a la sensibilidad del tema y las implicaciones legales que conlleva.
