Coronel, Región del Biobío – El Juzgado de Garantía de Coronel dictaminó este lunes medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal para los tres tripulantes del buque pesquero “Cobra” formalizados por su presunta responsabilidad en el naufragio de la lancha “Bruma”, ocurrido en 2025 y que resultó en la trágica muerte de siete pescadores. La decisión judicial, que ha generado controversia y reacciones encontradas, desestimó las solicitudes más gravosas presentadas por la Fiscalía, como el arresto domiciliario nocturno para los imputados.
La audiencia de formalización, que se extendió por varias horas, estuvo marcada por la tensión y la emotividad, con familiares de las víctimas presentes exigiendo justicia y respuestas claras sobre las circunstancias que llevaron al hundimiento de la “Bruma”. El Ministerio Público, representado por el fiscal jefe de la Región del Biobío, argumentó la necesidad de medidas más restrictivas, basándose en la gravedad de los cargos imputados –cuasidelito de homicidio– y el riesgo potencial de fuga o obstaculización de la investigación.
El fiscal detalló durante la audiencia los elementos de prueba recabados hasta el momento, incluyendo testimonios de testigos, peritajes técnicos de las embarcaciones involucradas y análisis de las condiciones meteorológicas y marítimas prevalecientes en la fecha del accidente. Según la Fiscalía, existen indicios suficientes para establecer que la colisión entre el “Cobra” y la “Bruma” fue consecuencia de negligencia y falta de diligencia por parte de la tripulación del buque pesquero, quienes no habrían adoptado las medidas de precaución necesarias para evitar el impacto.
Sin embargo, el tribunal, presidido por el juez de garantía de Coronel, consideró que los antecedentes expuestos en la formalización no justificaban la aplicación de medidas cautelares de mayor intensidad. El juez argumentó que los imputados cuentan con arraigo en la región, tienen antecedentes penales limpios y han manifestado su disposición a colaborar plenamente con la investigación. Además, se consideró que el riesgo de fuga era bajo, dado que se les ha prohibido abandonar el país y se les exige firmar quincenalmente en la comisaría más cercana a su domicilio.
La decisión judicial ha provocado la indignación de los familiares de las víctimas, quienes consideran que las medidas cautelares impuestas son insuficientes y no reflejan la gravedad de los hechos. “Es una injusticia”, declaró Rosa González, esposa de uno de los pescadores fallecidos. “Estos hombres causaron la muerte de nuestros seres queridos y se van a ir a sus casas a dormir, mientras que nosotros seguimos sufriendo el dolor de su ausencia. Queremos que paguen por lo que hicieron”.
Por otro lado, la defensa de los imputados celebró la decisión del tribunal, argumentando que sus clientes son inocentes y que han sido víctimas de una acusación injusta. “Estamos seguros de que la investigación demostrará que nuestros clientes no tienen ninguna responsabilidad en el naufragio de la ‘Bruma’”, afirmó el abogado defensor, Ricardo Pérez. “Ellos son trabajadores honestos que estaban cumpliendo con su trabajo y que lamentablemente se vieron involucrados en un accidente lamentable”.
Un aspecto relevante de la investigación es la situación de la empresa Blumar, propietaria del buque “Cobra”. A diferencia de los tripulantes, la empresa no fue objeto de ninguna medida cautelar por parte del tribunal. La Fiscalía había solicitado que se le impusiera una multa y que se le prohibiera operar en la región hasta que se esclarezcan las responsabilidades en el caso. Sin embargo, el juez consideró que no existían elementos suficientes para justificar la aplicación de estas medidas a la empresa.
La decisión de no aplicar medidas cautelares a Blumar ha generado críticas por parte de organizaciones de pescadores y defensores de los derechos humanos, quienes argumentan que la empresa tiene una responsabilidad indirecta en el naufragio, dado que es la propietaria del buque y la responsable de garantizar la seguridad de su tripulación y de las demás embarcaciones que navegan en la zona.
La investigación del caso Bruma continúa en curso, y se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas diligencias, como la toma de declaraciones a nuevos testigos y la realización de peritajes adicionales. La Fiscalía ha anunciado que apelará la decisión del tribunal de no aplicar medidas cautelares más gravosas a los imputados y que continuará trabajando para esclarecer las responsabilidades en el naufragio y llevar a los culpables ante la justicia.
El caso Bruma ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los pescadores artesanales y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en el mar. Las organizaciones de pescadores han exigido al gobierno que se implementen políticas públicas que protejan sus derechos y que garanticen condiciones de trabajo seguras y dignas. Asimismo, han solicitado que se investiguen las posibles fallas en el sistema de control marítimo y que se sancione a los responsables de cualquier negligencia o incumplimiento de las normas de seguridad.
La tragedia de la “Bruma” ha dejado una profunda herida en la comunidad de Coronel y en toda la Región del Biobío. Las familias de las víctimas siguen esperando respuestas y justicia, y esperan que se haga justicia para que este tipo de tragedias no se repitan en el futuro. El caso Bruma se ha convertido en un símbolo de la lucha por la seguridad en el mar y por la defensa de los derechos de los pescadores artesanales.
