Ciudad de México – La implementación de la nueva ley de aguas ha desatado una ola de revelaciones sobre presuntos abusos y adeudos millonarios por parte de empresas y particulares, alcanzando una cifra cercana a los 12 mil millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada del titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, expuso esta mañana en Palacio Nacional una serie de casos que evidencian cómo la anterior legislación permitía la especulación y el lucro con un recurso vital para la nación.
La nueva normativa, aprobada en diciembre de 2025, ha permitido, según la mandataria, recuperar los derechos de pequeños productores y exponer prácticas irregulares que durante décadas quedaron impunes. Morales López detalló que se han realizado 7 mil 614 inspecciones, resultando en mil seis clausuras por uso ilegal de títulos y concesiones de agua.
Uno de los casos más llamativos involucra a municipios de Baja California, que desde 2002 han estado adquiriendo agua a un distrito de riego bajo la figura de “transmisiones”, para abastecer a la población. Esta práctica, según Conagua, ha generado un gasto de más de 531 millones de pesos en los últimos cinco años, beneficiando a un reducido grupo de personas que lucraron con el recurso público. En respuesta, este lunes se entregarán por primera vez derechos de explotación del agua directamente a los municipios de Ensenada, Tijuana, Mexicali, Rosarito y Tecate, buscando eliminar intermediarios y garantizar un acceso más justo al vital líquido.
La exposición de irregularidades no se detuvo ahí. La familia Calzada, ligada al ex gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, fue señalada por utilizar concesiones de agua destinadas a la agricultura para fines comerciales. Se reveló que la familia desvía 628 mil metros cúbicos de agua para venderla en pipas y abastecer desarrollos inmobiliarios y un club de polo de lujo, con áreas verdes extensas y actividades acuáticas. Lo más irónico del caso, según la presidenta Sheinbaum, es que Mario Calzada, familiar de los involucrados y diputado del PRI, se opuso activamente a la nueva ley de aguas en el Congreso.
“La familia Calzada en Querétaro tenía concesiones de agua para riego agrícola. Que no paga el agua, así está en la ley, el agua utilizada para producción de alimentos no paga derecho a la Conagua. Lo que pasaba con la antigua ley es que tenían derecho a usarlo o transmitirlo a otros usos sin reportarlo a la Conagua. ¡Ah, pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo para jugar polo, mientras la gente de a un lado no tiene agua o para vender agua en pipas!”, enfatizó la jefa del Ejecutivo.
Otro caso expuesto fue el de una refresquera de gran renombre, cuya identidad no fue revelada debido a un proceso legal en curso. La Conagua detectó que la empresa posee 18 títulos de concesión por los cuales no ha pagado por más de 2.8 millones de metros cúbicos de agua. Además, se encontró que la empresa sobreexplota la concesión en casi un millón de metros cúbicos, carece de medidores en 42 concesiones y no cumple con los pagos en 10 títulos, acumulando un presunto adeudo de 234 millones de pesos. La empresa, según Morales López, ya se ha acercado a Conagua para buscar una regularización de su situación.
Estos hallazgos han tenido un impacto significativo en la recaudación por concepto de pagos por el agua. El año pasado, se logró un incremento de 3 mil 500 millones de pesos, y para 2026 se proyecta un crecimiento adicional de 6 mil millones de pesos. Estos recursos, aseguró Sheinbaum Pardo, se destinarán a obras públicas para mejorar la gestión y distribución del agua a la población.
La presidenta Sheinbaum enfatizó que la nueva ley de aguas busca eliminar los privilegios y acabar con la transmisión de derechos de agua que permitían la especulación. Señaló que la problemática actual tiene sus raíces en la decisión tomada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1992, de permitir la comercialización del agua y convertirla en una mercancía. Posteriormente, gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto otorgaron numerosos títulos de concesión que, según la mandataria, facilitaron las irregularidades detectadas.
“Nuestro objetivo es que no haya privilegios. El cambio en la nueva ley de aguas tuvo, entre otras razones, quizás la principal, es acabar con los privilegios a la hora de acabar con la transmisión de los derechos del agua”, declaró Sheinbaum Pardo.
La Conagua continuará con las inspecciones y el análisis de las concesiones de agua, buscando garantizar un uso justo y eficiente del recurso, y recuperar los ingresos que legítimamente corresponden a la nación. La nueva ley de aguas, según las autoridades, representa un paso fundamental para asegurar el acceso al agua para todos los mexicanos y evitar que siga siendo objeto de especulación y lucro. La transparencia y la rendición de cuentas serán pilares fundamentales en la gestión del agua, buscando un futuro más sostenible y equitativo para el país.
