Santiago, Chile – Un antiguo vertedero, ubicado en terrenos que alguna vez pertenecieron a Ñuñoa y hoy forman parte de Macul, se ha convertido en el foco de una investigación crucial que podría arrojar luz sobre el destino de decenas de personas desaparecidas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. El hallazgo, impulsado por un informe clave del Plan Nacional de Búsqueda y revelado inicialmente por el medio de investigación Ciper, ha reactivado la esperanza de encontrar respuestas para las familias de las víctimas y reafirma el compromiso del gobierno con la búsqueda de la verdad y la justicia.
La investigación, liderada por la magistrada Paola Plaza desde 2022, se basa en una sólida recopilación de testimonios provenientes de exfuncionarios policiales, testigos clave y expedientes judiciales ya concluidos. Estos relatos convergen en la identificación del predio como un posible sitio de enterramiento clandestino utilizado entre septiembre de 1973 y principios de 1974, durante los primeros meses de la dictadura, un período caracterizado por la represión sistemática y la desaparición forzada de opositores políticos y personas consideradas subversivas.
El informe entregado a la magistrada Plaza no solo señala la ubicación del posible cementerio secreto, sino que también incluye una propuesta técnica detallada para llevar a cabo excavaciones arqueológicas en el lugar. Estas labores, que requerirán la coordinación y el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, se espera que permitan confirmar la presencia de restos humanos y, en caso afirmativo, identificar a las víctimas.
La lista de presuntos afectados, según el informe, es diversa y refleja la amplitud de la represión durante la dictadura. Entre ellos se encuentran tres integrantes del Dispositivo de Seguridad del Presidente Salvador Allende (GAP), responsables de la protección personal del mandatario derrocado; un militante comunista; tres ciudadanos uruguayos, probablemente miembros de grupos de izquierda que operaban en Chile; un ciudadano brasileño; un niño de apenas 11 años, cuya desaparición aún no ha sido esclarecida; y otras personas sin afiliación política conocida, lo que sugiere que la represión no se limitó a los militantes políticos.
La revelación de este informe ha generado una gran expectativa entre las organizaciones de derechos humanos y las familias de las víctimas, quienes han esperado durante décadas respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. La posibilidad de encontrar restos humanos en el vertedero representa un paso crucial en el proceso de verdad, justicia y reparación, y podría contribuir a cerrar heridas que aún permanecen abiertas en la sociedad chilena.
En medio de este contexto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se ha pronunciado sobre la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda, desmintiendo rumores sobre un posible desmantelamiento de la iniciativa. Rabat enfatizó que la estrategia gubernamental enfocada en la verdad histórica y la memoria no será anulada, y que el gobierno está comprometido con la búsqueda de las víctimas de la dictadura.
"No queremos nosotros eliminar el Plan de Búsqueda", aseguró el secretario de Estado, explicando que el subsecretario de Derechos Humanos está actualmente analizando el plan y que se están realizando reuniones periódicas con los ministros responsables de las investigaciones en materia de Derechos Humanos. "No existe ánimo del ministro, ni tampoco la Subsecretaría de Derechos Humanos, de eliminar el Plan de Búsqueda", reiteró Rabat.
El ministro subrayó que el objetivo principal del gobierno es velar por los derechos humanos y el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana, y que el Plan de Búsqueda se enmarca dentro de esta perspectiva. "El Plan de Búsqueda, desde esa perspectiva, también se refiere al mismo tema", afirmó.
Sin embargo, las declaraciones del ministro Rabat no han logrado disipar completamente las preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos, quienes han expresado su inquietud por la revisión del Plan Nacional de Búsqueda y temen que esta pueda conducir a una reducción de los recursos y la capacidad de búsqueda.
Las autoridades han declinado proporcionar detalles específicos sobre la investigación en curso, argumentando que es un caso en plena etapa de desarrollo y que cualquier información adicional podría comprometer el éxito de las diligencias. No obstante, han asegurado que se remitirán nuevos comunicados una vez que se haya completado el trabajo en torno a este caso.
Se espera que en las próximas semanas se definan los siguientes pasos en esta investigación, incluyendo la obtención de las autorizaciones necesarias para llevar a cabo las excavaciones arqueológicas en el vertedero. La realización de estas excavaciones, que se espera que sean supervisadas por expertos en arqueología forense y antropología, podría ser un momento crucial en la búsqueda de la verdad y la justicia en Chile.
La investigación sobre los desaparecidos durante la dictadura es un proceso complejo y doloroso, que requiere de un compromiso sostenido por parte del Estado y la sociedad civil. El hallazgo de este posible cementerio secreto en el vertedero de Macul representa un rayo de esperanza para las familias de las víctimas y reafirma la importancia de seguir buscando la verdad y la justicia, por más difícil que sea el camino. La memoria de las víctimas y el derecho a la verdad son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y democrática en Chile.
