La reciente ratificación de Nicolás Brea como director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha desenterrado un capítulo controversial de la historia política panameña, revelando que tres figuras absueltas en el emblemático caso de las indemnizaciones a los dueños de los “diablos rojos” ahora ocupan posiciones clave dentro del gobierno del presidente José Raúl Mulino. Además de Brea, Ventura Vega, actual secretario general de la Contraloría, y Jorge Ricardo Fábrega, asesor presidencial, conforman un triunvirato con influencia directa en áreas cruciales del aparato estatal, generando interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas.
El 4 de marzo, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la designación de Brea al frente de la ATTT, una entidad fundamental en la regulación del transporte público, la movilidad urbana y la gestión de concesiones. La votación fue favorable con 55 diputados, tras superar previamente el filtro de la Comisión de Credenciales. Durante su comparecencia ante la comisión, Brea fue cuestionado sobre su participación en el caso de los “diablos rojos”, un asunto que lo había involucrado como uno de los investigados.
Brea se defendió argumentando que la investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la administración 2009-2014, pero que el caso experimentó un “giro inesperado” que lo incluyó en la lista de imputados. Recordó que durante el gobierno de Juan Carlos Varela, en 2014, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación a 541 personas por presunto peculado, en el contexto del programa de indemnización a los propietarios de los buses tipo “diablo rojo”.
El origen de la controversia se remonta al quinquenio 2009-2014, durante la presidencia de Ricardo Martinelli, cuando el Ministerio de la Presidencia implementó un ambicioso plan para modernizar el transporte público en la capital. El objetivo era retirar de circulación los icónicos, pero caóticos, buses “diablo rojo”, reemplazándolos por la flota del sistema Metro Bus, que posteriormente se complementaría con las líneas del Metro de Panamá.
La acusación central del Ministerio Público se basó en la presunción de que algunos propietarios de los “diablos rojos” habían recibido una doble indemnización o habían cobrado por vehículos que ya eran chatarra y no estaban en funcionamiento. La investigación se extendió a 79 funcionarios de la ATTT, quienes fueron imputados por su presunta participación en las irregularidades.
Brea, quien se desempeñó como asesor de la ATTT durante el gobierno de Martinelli, describió la situación como una imputación generalizada. “Todos los que estábamos en la institución y que teníamos que ver con el proceso, desde la persona que recibía la documentación en ventanilla, la que la pasaba al tramitante, como el tramitante, el mensajero interno, tesorería, todos los departamentos fuimos imputados. Y yo decía: no puede ser que usted me diga a mí que yo soy el creador de ese proceso, que lo hicimos mal, que lo hicimos bien…”, declaró ante la Asamblea Nacional. A pesar de las interrogantes, la Comisión de Credenciales aprobó su ratificación con el voto favorable de sus nueve miembros.
El caso de los “diablos rojos” también salpicó a Ventura Vega, quien ocupó el cargo de director de la ATTT entre julio de 2012 y febrero de 2013. Actualmente, Vega se desempeña como secretario general de la Contraloría General de la República, un puesto estratégico en el control previo, el refrendo y la fiscalización del gasto público, trabajando en estrecha colaboración con la Contralora Anel Flores.
Antes de su nombramiento en la Contraloría, Vega fue asesor del presidente Mulino, a quien otorgó poder para negociar con la Asamblea Nacional, aprovechando la “armónica colaboración” establecida en la Constitución.
Jorge Ricardo “Ricky” Fábrega, por su parte, se desempeña como asesor presidencial, integrando el círculo cercano al Ejecutivo y ejerciendo influencia en la toma de decisiones gubernamentales. Juntos, Brea, Vega y Fábrega controlan áreas clave del funcionamiento del Estado.
Su influencia se hizo evidente en julio de 2023, cuando se les atribuyó un papel fundamental en la búsqueda de votos en la Asamblea Nacional para impulsar la candidatura de la diputada Shirley Castañeda, del partido oficialista Realizando Metas (RM), a la presidencia del Legislativo. Aunque no lograron su objetivo, la diputada panameñista Jorge Herrera finalmente se impuso.
Un punto crucial en la historia fue el inesperado giro dado por la Fiscalía Anticorrupción el 19 de julio de 2024, apenas unos días después de que el gobierno de Mulino asumiera el poder. La Fiscalía pasó de acusar a exonerar, solicitando la absolución de los cuatro exdirectores de la ATTT, entre ellos Vega y Fábrega.
Vega, al ser consultado por La Prensa sobre el tema, expresó su respeto por la justicia. “Yo respeto mucho la justicia. Después de 12 años en este proceso, se ha dado un fallo. Y respeto los fallos, no importa el tipo que sea. Los funcionarios públicos tenemos que darle cuentas a la sociedad”, afirmó.
El cambio de postura de la Fiscalía se basó en que el equipo de fiscales, integrado por Blanca Jiménez, Ilka Poveda, Anilú Batista, Edwin Juárez, Pedro Menacho y Mahmad Daud Hasan, argumentó que los exdirectores de la ATTT no eran responsables de las irregularidades detectadas en el proceso de compensación de los buses, atribuyendo la responsabilidad a la comisión técnica evaluadora encargada de gestionar el trámite.
Sin embargo, en mayo de 2022, durante la audiencia preliminar del caso, las fiscales Anilú Batista y Kyra Tascón habían solicitado el llamamiento a juicio para los 541 acusados, argumentando que funcionarios de la ATTT se habían asociado con miembros de las concesionarias y transportistas para compensar los buses de manera fraudulenta.
Finalmente, en septiembre de 2025, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales dictó un veredicto absolutorio a favor de los implicados, poniendo fin a un caso que generó una profunda controversia en la sociedad panameña. La absolución de Brea, Vega y Fábrega, y su posterior nombramiento en puestos de poder, reabren el debate sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la influencia del pasado en el presente gobierno de José Raúl Mulino. La pregunta que persiste es si se trata de un simple regreso al poder tras una absolución judicial, o de una incidencia preocupante que podría comprometer la integridad del aparato estatal.
