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Denuncias anónimas de trabajadores de la Universidad César Vallejo (UCV) han sacudido el panorama político y educativo del país, revelando presiones para participar en actividades proselitistas a favor del candidato presidencial César Acuña, fundador de la institución. Un reportaje exhaustivo publicado por el medio Punto Final ha destapado una presunta práctica sistemática de condicionamiento laboral, donde la asistencia a eventos electorales de Alianza para el Progreso (APP) estaría vinculada a la estabilidad laboral o la continuidad de contratos.
Las acusaciones, respaldadas por múltiples testimonios de empleados que prefieren mantener su anonimato por temor a represalias, señalan que las órdenes provienen directamente de allegados a Acuña dentro de la administración universitaria. Una colaboradora de la UCV, citada por Punto Final, expresó su indignación al afirmar: “Me indigna como trabajadora saber que nos usan en la universidad para lo que ellos quieren, para todo lo que ellos proponen”. La trabajadora enfatizó que las autoridades universitarias están “liderando este tema de acompañar al ingeniero César Acuña a las campañas políticas en los distritos”.
La denunciante recalcó que los trabajadores no tienen afinidad política y que la imposición de participar en actividades de campaña es “totalmente injusto”. Además, lamentó la imposibilidad de desvincularse de esta situación por el temor justificado a perder su empleo. “Nosotros no tenemos nada que ver con los temas políticos”, insistió.
El reportaje de Punto Final no se limitó a testimonios. El equipo periodístico documentó la presencia de trabajadores de la UCV en diversas actividades proselitistas de César Acuña, captando imágenes que los muestran saliendo del campus universitario y posteriormente participando en eventos de campaña. Esta evidencia visual refuerza las acusaciones de los denunciantes y plantea serias interrogantes sobre la integridad de la institución educativa.
Ante estas revelaciones, el exviceministro de Educación, José Luis Garguverich, se pronunció contundentemente, recordando que las universidades tienen la obligación legal y ética de destinar sus recursos exclusivamente a fines educativos. “Se protege que los recursos no sean usados para fines individuales o colectivos. Bajo esa lógica, yo como dueño de universidad, no puedo usar recursos para temas políticos”, declaró a Punto Final. La declaración de Garguverich subraya la gravedad de las acusaciones y la posible violación de normativas que rigen el uso de fondos y recursos universitarios.
La UCV, ante la creciente presión mediática y la gravedad de las denuncias, emitió un comunicado oficial en el que asegura que se mantiene al margen de actividades políticas y que no utiliza recursos, infraestructura ni personal para tales fines. El comunicado también establece que, en caso de detectarse acciones individuales que contravengan estas disposiciones, la universidad se compromete a llevar a cabo las investigaciones y sanciones correspondientes. Sin embargo, este pronunciamiento no ha logrado disipar las dudas y el escepticismo generado por las denuncias y las pruebas presentadas por Punto Final.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y Tecnológica (Sunedu) también se ha pronunciado sobre el caso, confirmando que el uso de recursos universitarios para campañas o fines electorales está estrictamente prohibido. La Sunedu recordó que ya había sancionado a la UCV en el año 2022 con una multa de S/88 mil por destinar vehículos de la universidad a actividades proselitistas de Alianza para el Progreso en el año 2018. Este antecedente agrava la situación y pone en tela de juicio el compromiso de la UCV con el cumplimiento de las normativas vigentes.
La repetición de estas prácticas, evidenciada por la sanción previa y las nuevas denuncias, sugiere un patrón de comportamiento preocupante dentro de la UCV. La posible instrumentalización de los trabajadores y los recursos de la universidad en beneficio de una campaña política no solo representa una violación de las normas, sino que también socava la autonomía universitaria y la confianza pública en la institución.
El caso ha generado una ola de críticas y llamados a la investigación por parte de diversos sectores de la sociedad. Organizaciones estudiantiles, gremios de profesores y partidos políticos de la oposición han exigido a las autoridades competentes que investiguen a fondo las denuncias y sancionen a los responsables en caso de confirmarse las irregularidades.
La Sunedu ha anunciado que analizará el reportaje de Punto Final y evaluará la necesidad de iniciar una investigación formal para determinar si se han cometido nuevas infracciones. La investigación podría incluir la revisión de documentos, la toma de declaraciones a trabajadores y directivos de la UCV, y la verificación del uso de recursos universitarios durante el período de campaña.
El futuro de la UCV y la carrera presidencial de César Acuña podrían verse seriamente afectados por el resultado de esta investigación. La confirmación de las denuncias podría acarrear sanciones económicas, la suspensión de actividades y la pérdida de la confianza pública en la institución y en el candidato. La transparencia y la rendición de cuentas serán cruciales para esclarecer los hechos y garantizar la integridad del proceso electoral y la autonomía universitaria. La comunidad universitaria y la sociedad en general esperan respuestas claras y acciones concretas para poner fin a estas presuntas prácticas irregulares y proteger los principios fundamentales de la educación superior.
