Madrid – La presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Marta Vall-llossera, ha lanzado una severa advertencia sobre la creciente crisis de vivienda en España, instando a una acción inmediata y sostenida para abordar un problema que amenaza con agravarse significativamente en los próximos años. Según Vall-llossera, España necesita construir un promedio de 246.000 viviendas al año para satisfacer la demanda generada por el crecimiento de los hogares, una cifra que, de no cumplirse, podría tener consecuencias devastadoras para la estabilidad social y económica del país.
La urgencia de la situación se basa en las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), que prevé la creación de 3,7 millones de hogares entre 2024 y 2039. Esta demanda, combinada con un déficit acumulado de entre 400.000 y 700.000 viviendas, crea una brecha considerable que, a pesar del reciente repunte en la concesión de visados, sigue siendo alarmantemente amplia. Vall-llossera enfatiza que la inacción no es una opción, y que se requieren medidas a corto, medio y largo plazo para revertir esta tendencia preocupante.
Una de las soluciones propuestas por la presidenta del CSCAE es la apuesta por la construcción industrializada. Si bien reconoce que esta técnica no resolverá por sí sola el problema, sí puede contribuir a reducir los plazos de construcción y a atraer nueva mano de obra al sector, que se enfrenta a una escasez de trabajadores y al envejecimiento de sus plantillas. La construcción industrializada, con su enfoque en la eficiencia y la prefabricación, podría ser una herramienta clave para acelerar el ritmo de construcción y hacer frente a la creciente demanda.
Sin embargo, Vall-llossera advierte que la situación se complica aún más por factores externos, como el conflicto en Oriente Medio, que podría provocar un aumento en el precio de los materiales, la inflación y los tipos de interés. Estos factores, combinados, podrían encarecer aún más la vivienda de obra nueva y la rehabilitación, dificultando el acceso a una vivienda digna para un número creciente de ciudadanos.
La fiscalidad es otro punto crítico que requiere una revisión urgente. Vall-llossera señala que los impuestos representan cerca del 30% del coste total de una vivienda, lo que supone una barrera significativa para el acceso a la primera vivienda. En este sentido, propone una revisión de la fiscalidad con el objetivo de favorecer la adquisición de una vivienda, especialmente para aquellos que buscan su primer hogar.
La presidenta del CSCAE insiste en que la crisis de vivienda es un fenómeno complejo que requiere una actuación integral y coordinada. Esto implica una reforma de la ley del suelo, un planeamiento urbanístico más flexible, la disponibilidad de suelo finalista, incentivos estables a la rehabilitación y mejores condiciones de financiación. Además, subraya la necesidad de agilizar los trámites administrativos, ya que la normativa urbanística actual es excesivamente compleja y lenta, lo que frena el desarrollo de nuevos proyectos.
Ante la escasez de vivienda y la falta de suelo, Vall-llossera sugiere estudiar la posibilidad de elevar la altura de los edificios, aunque advierte que esta medida no es ni inmediata ni automática, y debe estar supeditada al planeamiento urbanístico y a la capacidad de los servicios básicos del barrio. Es crucial, según la arquitecta, evaluar cuidadosamente el impacto de esta medida en la infraestructura y los servicios existentes antes de implementarla.
Otro aspecto que preocupa a Vall-llossera es el auge de las viviendas turísticas, que pueden distorsionar el mercado inmobiliario, encarecer los precios, transformar el tejido social y provocar la pérdida de identidad de las ciudades. En este sentido, aboga por una regulación más estricta de las viviendas turísticas para evitar estos efectos negativos y garantizar el acceso a una vivienda asequible para los residentes.
La presidenta del CSCAE también propone ampliar los anillos urbanos en un entorno razonable, dotándolos de una buena conexión y servicios. Esto permitiría descongestionar las grandes ciudades y ofrecer alternativas habitacionales más asequibles en las zonas periféricas.
Vall-llossera destaca que el parque de vivienda en España es uno de los más envejecidos de Europa, y lamenta la falta de cultura de rehabilitación en el país. A su juicio, es necesario mantener los incentivos fiscales a la rehabilitación a largo plazo, y abordar esta tarea con una visión integral que garantice la seguridad estructural, la accesibilidad, la funcionalidad y la eficiencia energética de las viviendas.
En un contexto marcado por el aumento del precio de la energía y el impacto del cambio climático, Vall-llossera apuesta por realizar estudios pormenorizados de zonas de riesgo y actuar desde la prevención. Esto implica identificar las áreas más vulnerables a los efectos del cambio climático y adoptar medidas para mitigar estos riesgos, como la construcción de viviendas más resistentes y eficientes energéticamente.
La crisis de vivienda en España es un desafío complejo que requiere una respuesta urgente y coordinada. La advertencia de Marta Vall-llossera, presidenta del CSCAE, es un llamado a la acción para que las autoridades, los profesionales del sector y la sociedad en general se unan para encontrar soluciones innovadoras y sostenibles que garanticen el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos. La inacción, advierte, solo agravará el problema y tendrá consecuencias negativas para el futuro del país.
