Santiago, 22 de marzo de 2026 – Una investigación periodística de Ciper Chile ha revelado información estremecedora que sugiere la posible existencia de una fosa común con los restos de cerca de 30 detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, en un antiguo vertedero ubicado entre las avenidas Departamental y Macul, en la comuna de Macul, antes parte de Ñuñoa. Los hallazgos, contenidos en un informe del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, ya fueron remitidos a la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien lidera la investigación desde 2022.
La presunción, según el reportaje de Diego Ortíz, Francisca Soto y Mauricio Weibel, se basa en una convergencia de testimonios provenientes de diversas fuentes: policías en retiro, testigos civiles que residían en las cercanías del vertedero durante los años críticos de 1973 y 1974, y antecedentes recopilados de otras causas judiciales ya concluidas. El informe detalla que las víctimas habrían sido enterradas clandestinamente entre septiembre de 1973 e inicios de 1974 en un terreno que, en aquel entonces, pertenecía a la Municipalidad de Ñuñoa y era utilizado como un vertedero de desechos.
La diversidad de perfiles de las posibles víctimas es particularmente impactante. Entre los nombres que figuran en el informe, se mencionan tres miembros del Grupo de Acción Patriótica (GAP), un militante comunista, tres ciudadanos uruguayos, un ciudadano brasileño y, lo que resulta especialmente desgarrador, un niño de apenas 11 años. Además, se hace referencia a otras víctimas cuya filiación política o identidad aún no ha podido ser establecida.
El informe del Plan Nacional de Búsqueda no solo identifica la posible ubicación de los restos, sino que también incluye una propuesta técnica detallada para llevar a cabo las excavaciones necesarias. Esta tarea, según el documento, debería ser ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), garantizando la preservación de la evidencia y el respeto a la dignidad de las víctimas.
La solidez de los antecedentes recopilados es un elemento clave que respalda la veracidad de la presunción. El informe concluye que la información obtenida es “múltiple, convergente y consistente”, lo que permite comprobar “la ocurrencia de acciones represivas protagonizadas por funcionarios de Carabineros de Chile y el Ejército de Chile al interior del vertedero con posterioridad al golpe militar”. Además, se destaca la presencia de maquinaria pesada en el vertedero, capaz de remover grandes cantidades de material, que habría sido utilizada para inhumar ilegalmente un número significativo de cadáveres.
Uno de los testimonios más contundentes que sustentan la tesis del informe proviene de Marcelo Bustamante, quien declaró ante la Justicia que, entre octubre y noviembre de 1973, fue testigo del arribo constante de “varios camiones militares junto a su personal uniformado”. Bustamante relató que, posteriormente, los militares comenzaron a descargar “una gran cantidad de cuerpos de distintas edades y sexo” en el vertedero.
El trabajo periodístico de Ciper Chile también da cuenta de los testimonios de 11 personas que residían en los alrededores del vertedero entre 1973 y 1974. Estas personas coinciden en señalar que presenciaron de forma directa inhumaciones ilegales cometidas por militares y policías, confirmando así la versión de Bustamante y reforzando la credibilidad del informe.
La revelación de estos nuevos antecedentes reabre viejas heridas y plantea interrogantes sobre la magnitud de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. La ministra en visita Paola Plaza, quien ha liderado una exhaustiva investigación sobre los casos de detenidos desaparecidos desde 2022, deberá ahora analizar el informe del Plan Nacional de Búsqueda y determinar los próximos pasos a seguir.
La posible existencia de esta fosa común en Macul representa un nuevo desafío para la justicia y la memoria histórica del país. La identificación de los restos y la entrega de verdad y justicia a las familias de las víctimas se convierten en una tarea urgente y necesaria. La sociedad chilena, aún marcada por las secuelas de la dictadura, espera con ansias que se esclarezcan los hechos y que se haga justicia con aquellos que fueron silenciados por la represión.
Este descubrimiento también pone de manifiesto la importancia del trabajo de los equipos de búsqueda y de los periodistas que, con valentía y rigor, han dedicado sus esfuerzos a investigar los crímenes del pasado. La búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y democrática.
La investigación continúa y se espera que en los próximos días se produzcan nuevos avances que permitan confirmar la existencia de la fosa común y avanzar en la identificación de las víctimas. La comunidad de Macul, así como las organizaciones de derechos humanos, se han manifestado en apoyo a la investigación y han expresado su compromiso de colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y honrar la memoria de aquellos que fueron víctimas de la dictadura.
