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San Felipe de Aconcagua se vio sacudida el pasado martes por una emergencia derivada de una fuga de gas que obligó a la evacuación preventiva de la Escuela Buen Pastor. Si bien inicialmente se temió que la emanación proviniera del propio establecimiento educacional, la rápida acción de Bomberos y las posteriores investigaciones revelaron un origen inesperado: una empresa ubicada en Avenida Michimalongo, específicamente la planta de Exser, una planta frigorífica. La Delegación Presidencial Provincial (DPP) de San Felipe de Aconcagua no descarta acciones legales contra la empresa, apuntando a establecer responsabilidades y asegurar una reparación adecuada por el susto y el potencial riesgo causado.
El delegado presidencial provincial, Sebastián Caldera, confirmó que el informe de Bomberos es claro en cuanto al origen de la fuga. “Contamos con el informe de Bomberos, lo primero que vamos a hacer es comunicarnos con el SLEP (Servicio Local de Educación Pública) para saber cuáles son las acciones que están llevando ellos. Por supuesto, que nos toca supervigilar al SLEP”, declaró Caldera, enfatizando la importancia de la coordinación entre las diferentes entidades involucradas.
La preocupación de la autoridad provincial radica en la proximidad de la planta de Exser a la Escuela Buen Pastor. Según el informe técnico, el desperfecto se produjo en las instalaciones de la empresa frigorífica, generando una emanación que llegó a afectar el entorno inmediato, incluyendo el establecimiento educacional. Esta situación, según Caldera, “amerita una acción legal”, aunque prefiere esperar el pronunciamiento del SLEP antes de tomar una decisión definitiva.
“Según el informe, es un desperfecto en la planta de Exser, que limita por atrás con ellos (Escuela Buen Pastor). Ese es el informe de ellos, creo que esto amerita una acción legal, pero quiero saber en principio qué están haciendo ellos”, explicó Caldera, dejando claro que la DPP está recopilando información para construir un caso sólido.
La posible acción legal no busca únicamente señalar culpables, sino también asegurar que se tomen medidas para evitar que incidentes similares se repitan en el futuro. Caldera insistió en que la prioridad es determinar las causas del desperfecto y establecer responsabilidades. “Nosotros contamos con el informe, que es la causa oficial que esta emanación viene desde una planta frigorífica, nuestra voluntad es hacer las acciones legales que correspondan en el caso de. Con ese informe hay de sobra para llevar a cabo algo, pero queremos qué es lo que tiene que decirme el SLEP”, añadió.
El delegado presidencial detalló que la acción legal se centraría en determinar quiénes son los responsables de la fuga y cómo se produjo el incidente. “Lo primero es responsabilidades. Lógico que si viene desde afuera, ellos deslindan con un establecimiento de educación, por tanto, ahí hay responsabilidades. ¿Por qué ocurrió? lo tendrán que ver de manera interna, pero lo que a nosotros nos convoca es que la ley vea de qué forma va a abordar aquella responsabilidad”, argumentó Caldera.
La eventual acción legal también podría incluir una solicitud de reparación por los daños causados, tanto materiales como morales. Caldera señaló que la empresa responsable debería asumir los costos de cualquier medida correctiva necesaria y, posiblemente, ofrecer una compensación a la comunidad educativa por el susto y la interrupción de las clases. “Con eso se debiese ver la forma de reparar aquello, y si es con alguna retribución, lógico que se deben hacer responsables los que emanaron el gas”, concluyó el delegado provincial.
La emergencia en San Felipe pone de manifiesto la importancia de la seguridad industrial y la necesidad de que las empresas tomen todas las medidas necesarias para prevenir accidentes que puedan poner en riesgo a la comunidad. La planta de Exser, como cualquier otra instalación industrial, tiene la obligación de cumplir con las normas de seguridad y realizar inspecciones periódicas para detectar y corregir posibles fallas.
El SLEP, por su parte, tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de los estudiantes y el personal docente en todos los establecimientos educativos de la provincia. En este caso, la evacuación preventiva de la Escuela Buen Pastor fue una medida acertada que permitió evitar posibles consecuencias graves. Sin embargo, es fundamental que el SLEP trabaje en coordinación con la DPP y otras autoridades competentes para garantizar que se tomen todas las medidas necesarias para proteger a la comunidad educativa.
La situación también plantea interrogantes sobre la regulación y fiscalización de las empresas frigoríficas en Chile. ¿Son las normas de seguridad actuales suficientes para prevenir accidentes como el ocurrido en San Felipe? ¿Se realizan inspecciones periódicas y rigurosas para verificar el cumplimiento de estas normas? ¿Existen sanciones efectivas para las empresas que no cumplen con las normas de seguridad?
Estas son preguntas que deben ser abordadas por las autoridades competentes para evitar que incidentes similares se repitan en el futuro. La seguridad de la comunidad debe ser una prioridad, y las empresas deben asumir su responsabilidad en la prevención de accidentes. La acción legal que estudia la DPP podría sentar un precedente importante en este sentido, demostrando que las empresas que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad deben rendir cuentas ante la ley.
La comunidad de San Felipe espera ahora una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades. La transparencia en la investigación y la aplicación de las sanciones correspondientes son fundamentales para restaurar la confianza de la comunidad y asegurar que la Escuela Buen Pastor y sus estudiantes puedan continuar con sus actividades en un entorno seguro y protegido. El incidente ha generado preocupación entre los padres y apoderados, quienes exigen que se tomen todas las medidas necesarias para evitar que se repita una situación similar. La DPP y el SLEP tienen la responsabilidad de responder a estas demandas y garantizar la seguridad de la comunidad educativa.
