Zamora Chinchipe, Ecuador – Cuatro individuos fueron sentenciados a la pena máxima agravada de nueve años y cuatro meses de prisión por la actividad ilícita de recursos mineros, tras ser hallados culpables de devastar una sección del río El Zarza, en la parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza. El Tribunal de Garantías Penales con sede en Zamora dictó la sentencia contra Franklin Nolberto M. O., Silvio Rosendo P. P., Freddy Manuel M. N. y José Antonio G. N., de 25, 48, 27 y 22 años respectivamente, marcando un precedente contundente en la lucha contra la minería ilegal en la región.
La sentencia, notificada por escrito, no se limita a la privación de libertad. El Tribunal ordenó, además, que los sentenciados deberán restablecer el ecosistema dañado como reparación integral al Estado ecuatoriano, en un plazo máximo de 30 días a partir de la ejecución del fallo. Esta remediación deberá realizarse bajo las estrictas indicaciones técnicas del Ministerio del Ambiente, asegurando que la recuperación del área afectada sea efectiva y sostenible.
Adicionalmente, cada uno de los condenados deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados a favor de la administración de justicia, lo que representa una sanción económica significativa que busca compensar los costos asociados a la investigación y el proceso judicial.
El caso se remonta a la tarde del 15 de agosto de 2023, cuando los cuatro ciudadanos fueron aprehendidos en flagrancia por agentes de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza (UNIDCAN) de la Policía Nacional. La operación se llevó a cabo en el sector del río El Zarza, donde se evidenciaba una clara actividad minera ilegal.
Los agentes encontraron en la zona múltiples excavaciones y pozos de agua en proceso, producto de la remoción masiva de tierra y sedimentos. Los aprehendidos estaban utilizando maquinaria pesada, incluyendo dos excavadoras, un motor de succión de agua y una zaranda tipo Z con grava aurífera, equipos que excedían ampliamente los límites de fuerza permitidos para la minería artesanal.
El informe técnico presentado por la Fiscalía reveló la magnitud del daño ambiental causado. Se determinó que los mineros ilegales removieron un total de 900 metros cúbicos de material en un área de 30 × 30 metros y 5 metros de profundidad. Esta cifra supera con creces el límite establecido para la minería artesanal, que es de 120 metros cúbicos, evidenciando la naturaleza industrial y destructiva de la actividad.
La investigación también reveló que las labores mineras a cielo abierto se ejecutaban en un área que forma parte de una concesión minera, pero sin contar con la documentación, licencia ambiental ni los permisos necesarios emitidos por la autoridad competente. Esta falta de autorización legal agrava la gravedad del delito y justifica la severidad de la pena impuesta.
Durante su alegato inicial y de cierre, el Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente y la Naturaleza No. 1 en Pichincha enfatizó la importancia de proteger los recursos naturales del país y de sancionar a aquellos que los explotan de manera ilegal y destructiva. El Fiscal argumentó que la actividad minera ilegal no solo causa daños irreparables al medio ambiente, sino que también genera conflictos sociales y económicos en las comunidades locales.
La sentencia se basa en el artículo 260, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece que la extracción de recursos mineros sin autorización es un delito sancionado con una pena de cinco a siete años de prisión. Sin embargo, en este caso, la pena se agravó debido a la circunstancia prevista en el numeral 5 del artículo 47 del mismo cuerpo legal, que considera como agravante la afectación significativa al medio ambiente.
Este fallo judicial representa un importante avance en la lucha contra la minería ilegal en Zamora Chinchipe, una provincia rica en recursos naturales que ha sido históricamente afectada por esta actividad. La severidad de la pena y la obligación de reparar el daño ambiental causado envían un mensaje claro a aquellos que buscan lucrarse a costa de la destrucción del medio ambiente.
Las autoridades locales y organizaciones ambientalistas han celebrado la sentencia y han instado a fortalecer los controles y la fiscalización en la zona para prevenir futuros casos de minería ilegal. Se espera que este fallo sirva de ejemplo para otros casos similares y contribuya a la protección de los recursos naturales del Ecuador.
La remediación del río El Zarza, que deberá ser realizada por los condenados bajo la supervisión del Ministerio del Ambiente, incluirá la reforestación de las áreas afectadas, la estabilización de las márgenes del río y la eliminación de los sedimentos contaminados. Se espera que estas medidas contribuyan a la recuperación del ecosistema y a la mejora de la calidad del agua.
El caso de los mineros ilegales del río El Zarza es un recordatorio de la importancia de proteger el medio ambiente y de sancionar a aquellos que lo dañan. La justicia ha hablado y ha enviado un mensaje contundente: la explotación ilegal de los recursos naturales no será tolerada.
