Tegucigalpa, Honduras – La promesa de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) en Honduras se desvanece en un mar de inacción y silencio, dejando a la ciudadanía con la amarga sensación de una oportunidad perdida y un futuro incierto en la lucha contra la corrupción. A pesar de los primeros acercamientos y la firma de un memorándum de entendimiento en diciembre de 2022, el gobierno de Xiomara Castro no ha mostrado un compromiso público y tangible para retomar las negociaciones con las Naciones Unidas (ONU), dejando el proceso estancado y generando interrogantes sobre su verdadera voluntad de combatir las redes de corrupción público-privadas que asolan el país.
Lo que resulta aún más preocupante es el notable silencio de la sociedad civil organizada, que en el pasado desempeñó un papel crucial en la exigencia de la instalación de la CICIH. Las mismas organizaciones que presionaron al gobierno anterior y al Congreso Nacional para avanzar en las negociaciones, ahora guardan un silencio inquietante ante un gobierno que, hasta el momento, no ha demostrado un interés genuino en retomar el proceso. Este cambio de actitud ha levantado sospechas y ha generado un debate sobre los posibles motivos detrás de esta falta de presión pública.
El contraste con el pasado reciente es evidente. Durante la administración anterior, diversas organizaciones de la sociedad civil mantuvieron una presión constante sobre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, exigiendo la aprobación de las reformas necesarias para allanar el camino para la CICIH. Hoy, ese nivel de exigencia pública ha disminuido significativamente, lo que ha permitido que el gobierno avance sin enfrentar una oposición organizada y contundente.
Para Ismael Moreno Coto, exdirector del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), una de las principales razones de este silencio es la posible vinculación de algunas organizaciones de la sociedad civil con altas dirigencias de los partidos políticos. Según Moreno, esta conexión podría estar influyendo en su postura y limitando su capacidad para exigir la instalación de la CICIH.
“Este silencio de la sociedad civil debe leerse desde una lógica política más que técnica o jurídica”, afirma Moreno. “Un mecanismo internacional de lucha contra la corrupción es, ante todo, un tema político que atraviesa lo institucional”. En otras palabras, la instalación de la CICIH no es simplemente una cuestión de reformas legales o procedimientos técnicos, sino un asunto de poder y voluntad política.
La desconfianza de la ciudadanía en la clase política también juega un papel importante en este escenario. Según Moreno, existe una percepción generalizada de que los partidos políticos, especialmente el Partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal, bloquearon en el pasado la instalación de la CICIH al no impulsar las reformas y decretos necesarios desde el Congreso Nacional. Esta percepción ha erosionado la confianza de la población en la capacidad de los partidos políticos para abordar el problema de la corrupción de manera efectiva.
A juicio de Moreno, las cúpulas políticas no estarían dispuestas a aceptar un mecanismo verdaderamente independiente de presiones o líneas partidarias, ya que esto podría poner en riesgo sus intereses y exponer sus prácticas corruptas.
El abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, coincide con este análisis y cuestiona la ausencia de presión política y social en torno a la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción en un país donde la corrupción y la impunidad campean. Mejía se pregunta: “¿Dónde están las voces políticas y ciudadanas que ayer exigían con contundencia la CICIH?”.
El actual equilibrio de fuerzas en el Congreso Nacional también complica el panorama. El Partido Nacional y el Partido Liberal suman 90 diputados, lo que les otorga la capacidad de impulsar las reformas solicitadas por la ONU. Sin embargo, no se ha traducido en acciones concretas para avanzar en la instalación de la CICIH.
Moreno considera improbable que el Partido Nacional respalde una iniciativa que podría derivar en investigaciones contra sus propios cuadros, recordando el caso de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que desveló redes de corrupción en las que se involucró a varios exfuncionarios, diputados y dirigentes nacionalistas en casos como Arca Abierta, Caso Pandora I y II, Red de Diputados, Pacto de Impunidad, entre otros.
Honduras ya habría perdido una oportunidad clave para avanzar en la lucha contra la corrupción durante los años anteriores, cuando la ONU mostró disposición de acompañar el proceso. En la opinión de Moreno, el escenario actual tampoco ofrece condiciones favorables para retomar esa iniciativa en el corto plazo.
Sin embargo, Moreno identifica una posible vía para reactivar el tema: la presión ciudadana. Recuerda que, en 2015, tras las movilizaciones conocidas como “las antorchas”, el entonces presidente Juan Orlando Hernández accedió a la creación de la MACCIH, aunque posteriormente su acuerdo fue cancelado por el Congreso Nacional.
“Esa presión social es la única posibilidad real de obligar a las élites políticas a tomar decisiones”, afirma Moreno, al advertir que, sin una movilización amplia y sostenida, la instalación de un mecanismo internacional independiente seguirá siendo un sueño inalcanzable para los hondureños que piden justicia ante los actos de corrupción cometidos contra las finanzas públicas, que en ocasiones han derivado en la muerte de miles de personas, como el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) entre 2010 y 2014.
En este contexto, la falta de pronunciamientos de la sociedad civil y la falta de voluntad política configuran un escenario de estancamiento en la lucha contra la corrupción, en un país donde las redes de corrupción público-privadas continúan siendo señaladas como uno de los principales obstáculos para el fortalecimiento institucional. La pregunta que queda en el aire es si la ciudadanía hondureña será capaz de movilizarse y exigir a sus líderes políticos que cumplan con su promesa de combatir la corrupción y construir un país más justo y transparente. El silencio, en este caso, podría ser interpretado como complicidad.
