El diputado Ernesto Cedeño solicitó la devolución a comisión del controvertido proyecto de ley 391, que pretendía modificar el derecho a réplica en los medios de comunicación, dando marcha atrás tras una ola de críticas y la pérdida de apoyo interno en la Asamblea Nacional (AN). La decisión, anunciada este miércoles 18 de marzo durante el periodo de incidencias, se produce una semana después de su aprobación en primer debate, un avance que fue calificado de “inconsulto” por diversos actores.
La iniciativa, que había generado una fuerte oposición por parte de gremios periodísticos, comunicadores y organizaciones de defensa de la libertad de expresión, se percibía como una amenaza a la independencia editorial y un incentivo a la autocensura. El proyecto, según las advertencias, podría haber abierto la puerta a demandas infundadas contra los medios, limitando su capacidad para informar de manera crítica y objetiva.
Cedeño comunicó su decisión tras una reunión con representantes de los gremios y medios de comunicación, donde se comprometió a solicitar que el proyecto regresara a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales para iniciar un proceso de consulta y participación ciudadana más amplio. Esta medida busca, según el diputado, construir un texto más “robusto” y que responda a las preocupaciones planteadas por el sector periodístico.
El revés para Cedeño es notable. Inicialmente, el proyecto contó con el respaldo de nueve diputados en primer debate, pero cinco de ellos – Roberto Zúñiga, Luis Duke, Janine Prado, Jairo Salazar y Didiano Pinilla – cambiaron de opinión, evidenciando una creciente desconfianza en la propuesta. Además, el proyecto perdió el apoyo del propio presidente de la AN, Jorge Herrera, así como del personal de comunicaciones de la Asamblea y del despacho del diputado Cedeño.
“Si ellos [los gremios periodísticos] se sienten de alguna manera vulnerados por el hecho de que no fueron consultados, hay que darles la oportunidad y así lleve un proyecto a segundo debate que sea más robusto”, declaró Edwin Cedeño, director de Comunicación de la AN, quien acompañó al diputado en la reunión con los medios. Esta declaración refleja un reconocimiento implícito de la falta de transparencia y participación en la elaboración inicial del proyecto.
La oposición al proyecto 391 no se limitó a los gremios periodísticos. El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión y de Información, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional, TI) también expresaron su rechazo, advirtiendo sobre un posible retroceso en la libertad de prensa e información, lo que afectaría el libre ejercicio de los derechos ciudadanos.
A pesar de la solicitud de devolución a comisión, Cedeño no ha retirado formalmente el proyecto, manteniendo su postura de que la Ley 22 de 2005, que regula el derecho a réplica, necesita ser modificada. “La tutela, para mí, es poco efectiva cómo se aplica”, argumentó, aunque reconoció que el proyecto “no está escrito en piedra”. Esta ambigüedad sugiere que el diputado podría volver a presentar una propuesta similar en el futuro, lo que mantiene en alerta a los defensores de la libertad de prensa.
La controversia también se centra en la falta de comunicación previa con los gremios periodísticos. Cedeño afirma haber enviado notas solicitando su opinión, pero los comunicadores insisten en que nunca recibieron ninguna notificación. La Comisión de Gobierno tampoco anunció la fecha de discusión del proyecto en primer debate, lo que generó acusaciones de falta de transparencia y de un intento de aprobación sorpresiva.
La situación se agrava considerando la trayectoria de Cedeño, quien cuenta con una amplia experiencia en el ámbito periodístico e incluso fue asesor del CNP. Su conocimiento del sector y su relación con los periodistas contrastan con la falta de diálogo y consulta durante la elaboración del proyecto, lo que ha generado desconfianza y críticas.
La decisión de Cedeño de solicitar la devolución del proyecto representa una victoria para los gremios periodísticos y las organizaciones de defensa de la libertad de expresión, que lograron movilizarse y ejercer presión para detener un avance que consideraban perjudicial para la democracia. Sin embargo, la persistencia del diputado en su idea de modificar la Ley 22 y su negativa a retirar el proyecto por completo sugieren que la batalla por la libertad de prensa en Panamá aún no ha terminado.
El futuro del derecho a réplica en Panamá sigue siendo incierto. La consulta y participación ciudadana que Cedeño se ha comprometido a realizar serán cruciales para determinar si se puede llegar a un consenso que proteja tanto el derecho a la información como el derecho a la réplica, evitando así la creación de leyes que puedan ser utilizadas para silenciar a los medios de comunicación y limitar la libertad de expresión. La comunidad periodística se mantiene vigilante, esperando que el proceso de revisión sea transparente y que se tomen en cuenta sus preocupaciones y recomendaciones.
