---
Lima Este, 15 de mayo de 2024.- Una situación inusual y preocupante se desarrolla en el colegio 22 de Setiembre, ubicado en el asentamiento humano de Huaycán, distrito de Ate Vitarte. Durante los últimos cuatro años, una familia ha establecido su residencia dentro de las instalaciones del plantel educativo, ocupando un espacio destinado a la formación académica de los estudiantes. La denuncia, que ha generado consternación entre padres de familia y personal docente, revela una problemática más profunda relacionada con la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura escolar en zonas vulnerables.
La familia, compuesta por un hombre y sus allegados, ha construido una vivienda precaria de madera en la zona posterior del colegio. Esta construcción improvisada incluye espacios destinados a cocina y dormitorios, transformando un área educativa en un hogar particular. Lo más alarmante es que, según testimonios recogidos por Latina, la familia ha estado utilizando los servicios básicos del colegio – electricidad, agua potable y baños – sin autorización, generando un impacto económico y logístico para la institución. Imágenes captadas en el lugar muestran ropa tendida y diversos utensilios domésticos, evidenciando la normalización de esta ocupación irregular. Incluso, la familia tiene una mascota que deambula libremente por las instalaciones escolares.
“La luz lo jalan del colegio. Usamos (los baños) del fondo”, declaró uno de los ocupantes en el reportaje televisivo, confirmando el uso indebido de los recursos de la institución. Esta situación no solo representa un perjuicio económico para el colegio, sino que también plantea serias interrogantes sobre la seguridad de los estudiantes y el respeto por el espacio educativo.
Nelly Cisneros, directora del colegio 22 de Setiembre, ha expresado su preocupación y frustración ante la inacción de las autoridades. A pesar de haber denunciado el caso a la Fiscalía, solicitando una intervención para el desalojo de la familia, la situación persiste. Según la directora, representantes del Ministerio Público ya se han acercado al colegio para evaluar el caso, pero hasta la fecha no se ha concretado ninguna medida efectiva para solucionar el problema.
“Hemos realizado todas las gestiones correspondientes, pero la familia sigue aquí. La Fiscalía ha venido, ha tomado conocimiento, pero no se ha concretado el retiro”, lamentó Cisneros. La directora enfatizó que la falta de un cerco perimétrico adecuado es una de las principales causas de esta problemática. El cerco actual, construido con materiales improvisados, presenta numerosas aberturas que facilitan el ingreso de personas no autorizadas, incluyendo a la familia que ha ocupado el colegio.
Cisneros explicó que ha solicitado en reiteradas ocasiones al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del Ministerio de Educación (MINEDU) que se refuercen las medidas de seguridad del colegio, incluyendo la construcción de un cerco perimétrico sólido. Sin embargo, su solicitud ha sido denegada, dejando al colegio vulnerable a este tipo de situaciones.
“Hay aberturas en el cerco y por esos espacios ingresan perros y otras personas. Lo que se pide es apoyo. Me da un poco de pena porque está descuidado. No es como otras instituciones que tienen buena infraestructura”, detalló la directora, evidenciando la desigualdad en la distribución de recursos y la falta de atención a las necesidades de las escuelas ubicadas en zonas de bajos recursos.
La situación del colegio 22 de Setiembre pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer la seguridad de las instituciones educativas en todo el país, especialmente en aquellas ubicadas en zonas vulnerables. La falta de un cerco perimétrico adecuado, la falta de recursos para el mantenimiento de la infraestructura y la lentitud en la respuesta de las autoridades son factores que contribuyen a la proliferación de este tipo de situaciones.
Este caso también plantea interrogantes sobre las políticas de vivienda social y la necesidad de brindar soluciones habitacionales dignas a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La ocupación de un colegio no es una solución sostenible ni adecuada, y solo agrava los problemas existentes en el sistema educativo.
Padres de familia del colegio 22 de Setiembre han expresado su preocupación por la seguridad de sus hijos y la calidad de la educación que reciben. Temen que la presencia de la familia ocupante genere un ambiente de inseguridad y distracción, afectando el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
“Estamos preocupados por la seguridad de nuestros hijos. No queremos que nada les pase. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y solucionen este problema de una vez por todas”, declaró un padre de familia que prefirió mantener su identidad en reserva.
La comunidad educativa del colegio 22 de Setiembre espera que las autoridades competentes actúen con prontitud para resolver esta situación y garantizar un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje de los estudiantes. La construcción de un cerco perimétrico sólido, el desalojo de la familia ocupante y la asignación de recursos para el mantenimiento de la infraestructura son medidas urgentes que deben ser implementadas para proteger el futuro de los niños y jóvenes de Huaycán. El caso del colegio 22 de Setiembre es un llamado de atención sobre la necesidad de invertir en educación y garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los peruanos.
