Ciudad de México – En una movida que promete reconfigurar el panorama político y electoral de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó formalmente el denominado “Plan B” de la reforma electoral, una iniciativa que busca, según sus palabras, “menos privilegios y más participación”. La propuesta, que se materializará en una reforma constitucional y legal, apunta a un control más estricto de los recursos públicos destinados a los poderes legislativos locales, a los partidos políticos y a los altos funcionarios electorales, estableciendo límites salariales que, en el caso de consejeros y magistrados, no podrán superar el sueldo de la propia presidenta.
La iniciativa, que será enviada al Senado para su discusión y aprobación, incluye una serie de medidas que buscan reducir el gasto público en materia electoral y fortalecer la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. Entre los puntos más relevantes se encuentra la limitación de recursos para los congresos locales, estableciendo un tope máximo del 0.70% del presupuesto estatal. Aquellos estados que superen este límite deberán reducir su gasto, mientras que aquellos que estén por debajo podrán incrementarlo únicamente en términos reales.
Asimismo, se propone un ajuste al número de regidurías en los cabildos municipales, estableciendo un máximo de 15 por cabildo, independientemente del tamaño de la población. Esta medida busca evitar lo que la presidenta Sheinbaum calificó como un “exceso” en algunos municipios, donde se han llegado a tener hasta 25 regidores. Además, se prohíbe que los regidores y presidentes municipales reciban bonos o cualquier otro tipo de prestación adicional a su salario.
En cuanto a los partidos políticos, la propuesta establece la obligación de transparentar todos los recursos que reciben, así como la fiscalización de sus finanzas, incluso con la posible intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar el origen de los fondos y prevenir el desvío de recursos públicos o ilícitos. La presidenta Sheinbaum enfatizó que es fundamental que los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos no ganen más que ella, ni reciban bonos o seguros de gastos médicos.
Otro aspecto clave del Plan B es la modificación del calendario para la consulta de revocación de mandato, que se realizaría el primer domingo de junio del tercer año de gobierno, y no solo en el cuarto, como está establecido actualmente. Esto permitiría a los ciudadanos tener la oportunidad de evaluar el desempeño del presidente en un momento más temprano de su mandato.
En relación con la elección del Poder Judicial, la presidenta Sheinbaum propuso que se realice en 2027, aprovechando la elección ya programada para esa fecha. Además, se buscará reducir el número de candidatos en las boletas y fortalecer la revisión de los perfiles por parte de las comisiones encargadas de presentar las candidaturas.
La iniciativa también contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, en un total de doce artículos. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que el objetivo principal del Plan B es reducir costos y promover la austeridad republicana, en línea con los principios de la Cuarta Transformación.
“Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana. Los sueldos de los altos funcionarios electorales deben ser dignos, pero no excesivos. Nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra Presidenta. No puede ser gobierno rico con pueblo pobre”, afirmó la secretaria Rodríguez.
La propuesta ha generado reacciones encontradas en el ámbito político. La oposición ha criticado el Plan B, acusándolo de ser un intento por debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y de concentrar el poder en el Ejecutivo. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum ha defendido la iniciativa, argumentando que es necesaria para garantizar una mayor transparencia y eficiencia en el sistema electoral.
La discusión y aprobación del Plan B en el Senado se prevé que sea un proceso complejo y polarizado. La oposición ha anunciado que utilizará todos los recursos legales a su alcance para oponerse a la reforma, mientras que el gobierno confía en contar con el apoyo de las bancadas aliadas para lograr su aprobación.
En cuanto al cómputo de las elecciones federales, se propone que se inicie con la llegada del primer paquete, lo que podría acelerar el proceso de declaración de resultados. Además, la presidenta Sheinbaum reiteró su insistencia en que el INE debe reducir su presupuesto y que no se deben destinar tantos recursos a los partidos políticos.
Finalmente, la presidenta Sheinbaum recordó que a partir de 2030 no podrá haber nepotismo en el servicio público, lo que representa un avance importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El Plan B, en su conjunto, representa un intento ambicioso por transformar el sistema electoral mexicano, buscando un equilibrio entre la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana. La implementación de estas medidas podría tener un impacto significativo en la forma en que se llevan a cabo las elecciones en México y en la distribución del poder político en el país.
