La reciente operación militar contra la minería ilegal en el Parque Nacional Podocarpus, que incluyó el uso de artillería pesada como lanzadores múltiples BM-21 y maniobras aéreas con aeronaves Super Tucano, ha desatado una profunda controversia en Ecuador. Si bien las Fuerzas Armadas informaron sobre la destrucción de 170 campamentos mineros y la afectación a estructuras financieras de Grupos Armados Organizados (GAO) por un valor estimado de USD 3 millones, la acción ha generado una fuerte polarización entre la ciudadanía, autoridades y organizaciones ambientalistas, quienes denuncian posibles violaciones a la Constitución y daños irreparables al ecosistema.
La operación, iniciada el lunes 16 de marzo de 2026, se concentró en los sectores de Dos Camas, San Luis y La Aida, áreas clave dentro del parque nacional donde se ha detectado una intensa actividad minera ilegal. Según el Ejército Ecuatoriano, la contundente ofensiva, supervisada por el General Jhon Miño Razo, permitió destruir 129 campamentos clandestinos y 94 bocaminas en una extensión aproximada de 130 hectáreas. Además de la infraestructura minera, las fuerzas armadas decomisaron explosivos, municiones, radios de comunicación, antenas satelitales Starlink, chancadoras, generadores eléctricos y otras herramientas utilizadas en la extracción ilegal de minerales.
Sin embargo, la utilización de artillería pesada en un área protegida ha levantado serias preocupaciones entre los defensores del medio ambiente. Anibal Quizhpe, ingeniero ambiental y abogado zamorano, advierte que el uso de este tipo de armamento genera un daño colateral significativo a la biodiversidad, especialmente a especies en peligro de extinción como el Oso de Anteojos y el Tapir Andino. Quizhpe argumenta que la erradicación de la minería ilegal podría lograrse mediante operaciones terrestres más focalizadas, minimizando el impacto ambiental.
La Constitución ecuatoriana, en su artículo 405, establece que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas debe garantizar la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. Además, el artículo 71 al 74 de la Carta Magna reconocen el derecho de la naturaleza a existir, persistir y mantener su integridad. El asambleísta por Zamora Chinchipe, Héctor Valladarez, ha calificado los bombardeos como ilegales e inconstitucionales, incluso bajo el régimen de seguridad nacional, y ha anunciado que presentará acciones constitucionales y legales de fiscalización para evitar la destrucción del ecosistema. Valladarez enfatiza que la operación militar viola los derechos de los ecosistemas y podría afectar a fuentes hídricas vitales para las provincias de Loja y Zamora, así como la flora endémica del parque, incluyendo especies como los romerillos y las orquídeas.
A pesar de las críticas, un sector importante de la ciudadanía zamorana apoya la intervención del Ejército Ecuatoriano. Rosalía Tomillo, una residente local, reconoce que la minería ilegal representa una fuente de ingresos para muchas familias, pero subraya que la contaminación generada por esta actividad está afectando la salud y el bienestar de las comunidades. Tomillo considera que la eliminación de los campamentos mineros es necesaria para proteger el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la región.
El Parque Nacional Podocarpus, con una extensión de aproximadamente 146.280 hectáreas, es una de las 73 áreas protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Alberga una gran diversidad de flora y fauna, incluyendo especies endémicas y en peligro de extinción. Se estima que alrededor de 4.500 personas habitaban de forma ilegal en los tres frentes mineros intervenidos por las fuerzas armadas: San Luis, Dos Camas y La Aida.
La operación militar se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno ecuatoriano para combatir a los Grupos Armados Organizados y sus economías ilícitas. La minería ilegal es una de las principales fuentes de financiamiento de estas organizaciones, que también están involucradas en actividades como el narcotráfico y el tráfico de armas. El gobierno argumenta que la restauración del equilibrio ambiental es un objetivo fundamental de la operación, ya que la minería ilegal genera contaminación y graves daños ecológicos al Parque Nacional Podocarpus.
La controversia en torno a los bombardeos en el Parque Nacional Podocarpus pone de manifiesto la complejidad de abordar el problema de la minería ilegal en Ecuador. Si bien es necesario combatir las actividades ilícitas y proteger el medio ambiente, es fundamental hacerlo respetando los derechos de la naturaleza y garantizando la sostenibilidad de las comunidades locales. La operación militar ha abierto un debate sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre la seguridad, la conservación y el desarrollo social en las áreas protegidas del país. El futuro del Parque Nacional Podocarpus y de las comunidades que dependen de él pende de la capacidad de las autoridades para encontrar soluciones integrales y respetuosas con el medio ambiente. La fiscalización y el monitoreo continuo de la zona serán cruciales para evaluar el impacto real de la operación y prevenir futuros daños al ecosistema.
