La huelga general convocada por ELA y LAB en Euskadi está teniendo, según los sindicatos organizadores, un “amplio” seguimiento en demanda de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para la comunidad autónoma. La jornada, marcada por cortes de tráfico, piquetes informativos y la paralización de actividades en diversos sectores, busca presionar al Gobierno Vasco y a las patronales para que se sienten a negociar un SMI que refleje el coste de la vida y las particularidades económicas de Euskadi, superior al SMI estatal fijado por el Gobierno central.
La convocatoria, que ha generado un debate intenso en los últimos meses, se fundamenta en la argumentación de que el SMI estatal no es suficiente para garantizar una vida digna en Euskadi, donde el coste de la vivienda, la alimentación y otros bienes y servicios es significativamente más elevado que en otras regiones de España. ELA y LAB denuncian que la brecha salarial entre Euskadi y otras comunidades autónomas se está ampliando, lo que está generando una precarización del mercado laboral y una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
Desde primera hora de la mañana, se han registrado importantes cortes de tráfico en las principales vías de acceso a las capitales vascas, Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, así como en otras localidades de la comunidad autónoma. Los piquetes informativos, formados por trabajadores de diversos sectores, han cortado carreteras, bloqueado polígonos industriales y realizado concentraciones frente a empresas y edificios públicos. En Bilbao, el centro de la ciudad ha quedado prácticamente paralizado, con el cierre de comercios y la suspensión de actividades culturales. En San Sebastián, la situación es similar, con calles cortadas y un ambiente de tensión en el centro urbano. En Vitoria-Gasteiz, la huelga ha tenido un impacto significativo en el sector de la industria, con la paralización de varias fábricas.
El seguimiento de la huelga en el sector del transporte ha sido especialmente notable. La mayoría de los autobuses urbanos e interurbanos no han prestado servicio, lo que ha generado importantes problemas de movilidad para los ciudadanos. En el puerto de Bilbao, la actividad se ha visto reducida al mínimo, con la paralización de la carga y descarga de mercancías. En el aeropuerto de Bilbao, se han producido retrasos y cancelaciones de vuelos debido a la falta de personal de tierra y de seguridad.
En el sector de la industria, el seguimiento de la huelga ha sido desigual. Algunas fábricas han paralizado completamente su actividad, mientras que otras han mantenido un servicio mínimo. En el sector de los servicios, el seguimiento ha sido también variable, con algunos comercios y restaurantes cerrados y otros funcionando con personal mínimo. En el sector de la educación, la mayoría de los centros educativos han permanecido cerrados, aunque algunos han garantizado un servicio mínimo para atender a los alumnos que necesitan cuidado.
Las centrales sindicales han denunciado la represión policial contra los piquetes informativos, acusando a la Ertzaintza de utilizar la violencia y de impedir el derecho a la huelga. Han asegurado que se han producido cargas policiales contra los manifestantes y que varios trabajadores han resultado heridos. La Ertzaintza, por su parte, ha defendido su actuación, argumentando que ha actuado para garantizar el orden público y para proteger los derechos de los ciudadanos que no participan en la huelga.
El Gobierno Vasco ha hecho un llamamiento al diálogo entre las partes, instando a ELA y LAB a levantar la huelga y a sentarse a negociar un acuerdo. El consejero de Trabajo, Iñigo Allende, ha afirmado que el Gobierno está dispuesto a estudiar la posibilidad de establecer un SMI propio para Euskadi, pero ha insistido en que cualquier acuerdo debe ser fruto del consenso entre los agentes sociales. Las patronales vascas, por su parte, se han mostrado contrarias a la creación de un SMI propio, argumentando que podría perjudicar la competitividad de las empresas vascas.
La huelga general ha generado un debate político intenso en Euskadi. Los partidos nacionalistas vascos, PNV y EH Bildu, han expresado su apoyo al derecho a la huelga y han instado al Gobierno Vasco a dialogar con los sindicatos. Los partidos de la oposición, PSE y PP, han criticado la huelga, argumentando que está perjudicando la economía vasca y que no es la solución para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
La duración y el impacto final de la huelga general dependerán de la capacidad de las partes para llegar a un acuerdo. Si no se logra un consenso, la situación podría prolongarse en el tiempo, generando una mayor inestabilidad económica y social en Euskadi. Los sindicatos han advertido que, si el Gobierno Vasco y las patronales no se muestran dispuestos a negociar un SMI propio, se plantearán nuevas acciones de protesta, incluyendo la convocatoria de nuevas huelgas generales. La comunidad autónoma se encuentra en un momento crucial, con un futuro económico incierto y una creciente polarización social. La resolución de este conflicto laboral es fundamental para garantizar la estabilidad y el progreso de Euskadi. La presión sindical es alta y la respuesta del gobierno será determinante para el futuro del mercado laboral vasco.
