El emblemático Puente Chacao, proyecto vital para conectar la Isla Grande de Chiloé con el continente, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia. A pesar de ser una obra prioritaria para diversas administraciones y contar con una inversión que supera los $1.04 billones (equivalentes a US$1.134 millones), el proyecto enfrenta nuevas dificultades y presiones por modificaciones contractuales por parte del Consorcio Puente Chacao, liderado por la coreana Hyundai.
El actual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, ha asumido el desafío con el firme propósito de impulsar las 60 iniciativas prioritarias del gobierno, siendo el Puente Chacao una de ellas. De hecho, el ministro visitó la zona semanas antes de asumir el cargo para evaluar el avance de los trabajos y comprender el estado actual de la obra. Sin embargo, la realidad es que el proyecto se encuentra en un momento crítico, con el consorcio buscando activamente modificar los términos del contrato original.
La situación se hizo evidente a menos de una semana de la asunción de Arrau, cuando se celebró una reunión entre el ministro y representantes de Hyundai, incluyendo al CEO Lim Lagho y al equipo responsable del contrato. Según información proporcionada por el Ministerio de Obras Públicas, la reunión se centró en revisar el progreso del proyecto, reforzar el seguimiento en terreno a través de revisiones periódicas, analizar los próximos desafíos constructivos y establecer compromisos para continuar avanzando en la ejecución del puente.
No obstante, detrás de este discurso oficial se esconde una realidad más compleja. Documentos de la Ley de Lobby revelan que, en enero de este año, ejecutivos de Hyundai – Hyung Eo y Kwang Soo Kim – se reunieron con la entonces ministra de Obras Públicas, Jessica López, con el objetivo de discutir posibles cambios contractuales. El registro oficial indica que la reunión se enfocó en la “presentación del estado del proyecto y solicitud de modificación de contrato para mayor segregación de hitos de pago”.
Fuentes cercanas al proyecto explican que el contrato actual establece que el Ministerio de Obras Públicas libera los pagos a medida que se alcanzan determinados niveles de avance de la obra. Sin embargo, la empresa alega estar enfrentando dificultades financieras debido a que este esquema la obliga a financiar una parte significativa de los trabajos antes de recibir los pagos correspondientes, lo que la estaría dejando con una “corta de liquidez”.
Ante este escenario, el Consorcio Puente Chacao ha solicitado que los pagos se liberen con mayor anticipación, es decir, que se aumente el número de hitos de pago mediante una modificación contractual. Si bien las conversaciones avanzaban en esta dirección durante la administración anterior, la solicitud no se concretó antes del cambio de gobierno, quedando ahora en manos del ministro Arrau.
Pero la solicitud de modificación de pagos no es la única preocupación. El consorcio también estaría evaluando solicitar una nueva ampliación en la fecha de entrega del proyecto, que actualmente registra un avance cercano al 63%. El cronograma vigente establece que la marcha blanca y la entrega final se realizarán en octubre de 2028. Sin embargo, fuentes vinculadas al proyecto sugieren que la entrega podría retrasarse hasta fines de 2029 o incluso a 2030.
Las razones detrás de este posible retraso serían similares a las ya planteadas en ocasiones anteriores, incluyendo factores climáticos adversos, la necesidad de realizar obras adicionales y cambios en el diseño original. Estos imprevistos han ido extendiendo el calendario del proyecto, que ya acumula más de seis años de retraso en comparación con su planificación inicial.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Obras Públicas ni el Consorcio Puente Chacao han emitido comentarios oficiales sobre estas posibles modificaciones. Sin embargo, el alcalde de Queilen, Marcos Vargas, quien participa en los comités asesores de la obra, ha manifestado su expectativa de que el puente esté terminado en octubre de 2028, aunque reconoce no haber escuchado planteamientos formales sobre un aumento de plazos en las reuniones en las que ha participado.
La historia del Puente Chacao es larga y compleja. El proyecto se discutió por primera vez en la década de 1960, pero tomó fuerza recién en los años 90’. A comienzos de los 2000, se licitó como concesión, pero el gobierno de Michelle Bachelet puso fin al contrato en 2006 debido al aumento de los costos. La iniciativa fue reactivada durante el gobierno de Sebastián Piñera, adjudicándose en 2013 al Consorcio Puente Chacao, liderado por Hyundai. La obra debía entregarse en 2020, pero los sucesivos imprevistos han prolongado el cronograma.
Además de la construcción del puente en sí, existen otras aristas importantes a trabajar, como el modelo operacional, la mantención del puente y los accesos norte y sur, que se encuentran en una fase muy básica de desarrollo.
El futuro del Puente Chacao es incierto. La presión del consorcio por modificar el contrato y ampliar los plazos de entrega plantea serias interrogantes sobre la viabilidad del proyecto y su impacto en la conectividad de Chiloé. La administración del ministro Arrau se enfrenta a un desafío crucial: equilibrar las necesidades del consorcio con los intereses de la comunidad y garantizar que esta obra emblemática se complete de manera eficiente y transparente. La ciudadanía de Chiloé, que espera ansiosamente la finalización del puente, observa con atención los próximos pasos que se tomen en este crucial proyecto. La transparencia en las negociaciones y una comunicación clara sobre los avances y desafíos serán fundamentales para mantener la confianza pública y asegurar el éxito del Puente Chacao.
