La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció este sábado la negación de la amnistía a Perkins Rocha, abogado y representante del Comando con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusándolo de ser una acción represiva por parte del gobierno de Nicolás Maduro. La decisión ha generado una ola de críticas y reavivado el debate sobre la situación de los derechos humanos y la liberación de presos políticos en el país sudamericano.
Rocha, detenido en agosto de 2024, enfrenta cargos de terrorismo, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir, los cuales él rechaza categóricamente. Su solicitud de amnistía, parte del acuerdo político que ha llevado a la liberación de cientos de presos desde enero, fue denegada sin justificación clara, según denuncias de la oposición.
Machado, quien se ha convertido en una figura central en la lucha por la democracia en Venezuela, calificó la negación de la amnistía como un acto de “represión selectiva” y describió a Rocha como un “ciudadano ejemplar” y un “excelente jurista”. En un mensaje publicado en su cuenta de X, la líder opositora cuestionó las intenciones del gobierno de Delcy Rodríguez, acusándolo de buscar “prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la Libertad en Venezuela”. Sin embargo, Machado se mostró firme en su convicción de que el gobierno no logrará su objetivo, afirmando que “Venezuela decidió ser LIBRE”.
La denuncia de Machado se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en Venezuela. La Misión Independiente de la ONU ha documentado en su informe más reciente la persistencia de “prácticas represivas” en el país, a pesar de los acuerdos políticos alcanzados. El informe advierte que las estructuras represivas del gobierno venezolano “están mutando” en un intento de adaptarse a la nueva realidad política y mantener el poder.
Según datos proporcionados por el Foro Penal, una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos, al menos 690 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero. No obstante, la ONG estima que más de 500 personas detenidas por motivos políticos siguen privadas de su libertad hasta el 9 de marzo. El gobierno venezolano, por su parte, niega rotundamente la existencia de presos políticos en el país.
La situación de Perkins Rocha ha puesto de manifiesto las contradicciones en la aplicación de la amnistía y la falta de transparencia en el proceso de liberación de presos políticos. La oposición denuncia que el gobierno está utilizando la amnistía de manera selectiva, liberando a algunos presos mientras mantiene en prisión a otros considerados críticos o desafiantes.
La reciente captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos, aunque no confirmada oficialmente por ninguna fuente, ha añadido un nuevo elemento de incertidumbre al panorama político venezolano. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela ha calificado la situación en el país como “incierta y convulsa” desde el 3 de enero, advirtiendo sobre el riesgo de un retroceso en los avances logrados en materia de derechos humanos.
María Eloísa Quintero, miembro de la comisión investigadora de la ONU, señaló que las estructuras y alianzas “represivas” del gobierno venezolano “están mutando en un intento de adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder”. Quintero enfatizó la falta de “indicadores sobre cambios o reformas estructurales” en las instituciones estatales, lo que sugiere que la represión y la violencia podrían continuar en el país.
La delegación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos ha desestimado los hallazgos del informe de la ONU, acusando a la misión investigadora de llevar a cabo una “campaña internacional de desprestigio” contra el país. El gobierno venezolano insiste en que el país se encuentra “en paz” bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez.
La negación de la amnistía a Perkins Rocha y las denuncias de represión selectiva han generado una fuerte condena por parte de la comunidad internacional. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos de varios países han instado al gobierno venezolano a respetar los derechos humanos y a liberar a todos los presos políticos.
La situación en Venezuela sigue siendo tensa y volátil. A pesar de los avances logrados en materia de liberación de presos políticos, persisten graves preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos y la falta de garantías para la oposición. La negación de la amnistía a Perkins Rocha es un claro ejemplo de la persistencia de prácticas represivas y la necesidad de un cambio profundo y duradero en las instituciones estatales para garantizar la protección de los derechos humanos y la consolidación de la democracia en Venezuela. La comunidad internacional observa de cerca la evolución de la situación y exige al gobierno venezolano que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La liberación de todos los presos políticos y el respeto a las libertades civiles son condiciones indispensables para lograr una solución pacífica y democrática a la crisis venezolana.
