La Secretaría Anticorrupción reveló un listado de extrabajadores de Pemex, CFE, Nafin, Bancomex, Banrural y LyFC que perciben pensiones millonarias, generando controversia y un llamado a la rendición de cuentas. Entre los nombres que destacan se encuentran José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda y exdirector general de la OCDE, y Óscar Espinosa Villarreal, exjefe del Departamento del DF. La revelación, realizada en cumplimiento del artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha encendido el debate sobre los privilegios de los exfuncionarios públicos y la necesidad de una reforma profunda al sistema de pensiones.
Según el informe, José Ángel Gurría recibe mensualmente 120 mil 685.53 pesos como pensión por parte de Nafin, mientras que Óscar Espinosa Villarreal percibe 33 mil 400.32 pesos. Estos montos, que superan el sueldo de la Presidenta de la República en algunos casos, han provocado indignación en la opinión pública y han reavivado el debate sobre la equidad y la justicia social.
La Secretaría Anticorrupción recordó que el análisis de la información relativa a las pensiones en diversas instituciones públicas se inició durante la conferencia mañanera del pasado 18 de febrero. En dicho análisis, se identificaron pensiones exorbitantes que superan el millón de pesos mensuales, lo que evidencia la existencia de un sistema de privilegios que beneficia a un pequeño grupo de exfuncionarios.
La información, con corte al 31 de diciembre de 2025, está disponible para consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia (https://transparencia.gob.mx/consulta/consulta_pensiones.html). La publicación de estos datos responde a un esfuerzo conjunto de Transparencia para el Pueblo y la Coordinación General de Órganos Internos de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quienes han emprendido acciones para que las instituciones competentes cumplan con sus obligaciones de transparencia en esta materia.
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dio a conocer estos datos en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Presidenta Sheinbaum Pardo confirmó la información y anunció una iniciativa de reforma constitucional para eliminar estos privilegios de los exfuncionarios de confianza de distintas instituciones del gobierno federal.
“Sí, en efecto, Gurría está entre las personas. Él recibe una pensión de 120 mil pesos mensuales como exfuncionario… ya salió público, lo podemos decir”, expresó la Presidenta, añadiendo que solicitará a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detallar qué datos pueden difundirse.
La iniciativa de reforma constitucional busca establecer un tope máximo para las pensiones de los exfuncionarios públicos, equiparándolas a la mitad del salario de la Presidenta de la República, lo que significaría una reducción significativa en los ingresos de aquellos que actualmente perciben pensiones millonarias.
El Senado de la República ya aprobó por unanimidad en lo general la reforma presidencial que elimina las llamadas “pensiones doradas” en organismos paraestatales como CFE, Luz y Fuerza del Centro, y Pemex, entre otros. Sin embargo, la reforma no incluye la eliminación de estos privilegios para los exfuncionarios de las secretarías de Estado ni para los militares.
La reforma aprobada con 116 votos a favor será retroactiva, lo que significa que los pensionados que reciben remuneraciones millonarias de más de 100 mil pesos y hasta un millón en algunos casos, recibirán alrededor de 70 mil pesos una vez que la reforma sea avalada por la Cámara de Diputados.
La aprobación de esta reforma representa un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y envía un mensaje claro de que los privilegios de los exfuncionarios públicos no están por encima del interés general. Sin embargo, la exclusión de las secretarías de Estado y los militares ha generado críticas y ha reavivado el debate sobre la necesidad de una reforma más integral que abarque a todos los funcionarios públicos.
La publicación de esta información y la iniciativa de reforma constitucional han generado una ola de reacciones en la opinión pública y en los medios de comunicación. Diversos analistas han destacado la importancia de esta medida para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, y para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y equitativa.
Sin embargo, también se han expresado preocupaciones sobre la posible afectación de los derechos adquiridos de los exfuncionarios públicos y sobre la necesidad de garantizar que la reforma no genere incertidumbre jurídica.
En este contexto, es fundamental que la Cámara de Diputados analice cuidadosamente la reforma constitucional y que tome en cuenta todas las opiniones y perspectivas antes de tomar una decisión final. Asimismo, es importante que se establezcan mecanismos de protección para los derechos de los exfuncionarios públicos y que se garantice que la reforma se aplique de manera justa y equitativa.
La lucha contra la corrupción y la impunidad es un desafío complejo que requiere de un esfuerzo conjunto de todos los actores sociales. La publicación de esta información y la iniciativa de reforma constitucional son un paso importante en el camino hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas, pero aún queda mucho por hacer para construir un país más justo y equitativo. La sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones públicas deben seguir trabajando juntos para fortalecer la transparencia, promover la participación ciudadana y garantizar que los recursos públicos se utilicen en beneficio de todos los mexicanos.
