La promesa de mitigar los devastadores efectos de las lluvias y El Niño en seis ciudades del norte del país se diluye en un horizonte incierto. Proyectos cruciales para implementar sistemas de drenaje pluvial, heredados de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y ahora bajo la responsabilidad de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), podrían no estar listos hasta el año 2030, o incluso más allá, amenazando con prolongar la vulnerabilidad de miles de ciudadanos.
La situación se agrava en un contexto de intensas precipitaciones, exacerbadas por el fenómeno de El Niño costero, que se prevé se intensificará en marzo, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Los contratos para el diseño de estos proyectos, realizados bajo la modalidad de gobierno a gobierno con el Reino Unido, se firmaron entre mediados de 2022 y 2023. Si bien algunos diseños están concluidos o superan el 90%, la sombra de las restricciones presupuestales que enfrenta la ANIN planea sobre los plazos de entrega, poniendo en riesgo la inversión y la seguridad de la población.
La magnitud de la inversión necesaria es considerable. El diseño e implementación del sistema de drenaje pluvial en Piura, una de las regiones más afectadas por las inundaciones, ascendería a unos 4.800 millones de soles adicionales. A esto se suman otros 4.300 millones de soles requeridos para las obras de control de inundaciones en la región, evidenciando la urgencia de una respuesta integral y efectiva.
¿Están garantizados los recursos para la culminación de estos proyectos vitales? La respuesta, según fuentes de la ANIN, es incierta. Miguel Yamasaki, asesor de la jefatura de la ANIN en gestión de riesgo de desastres, reveló en entrevista con ECData que han solicitado recursos adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) este año. Sin embargo, la entidad solo ha recibido 2.985 millones de soles de los 7.950 millones programados, de los cuales 800 millones ya fueron destinados a saldar deudas contraídas en 2025 con los contratistas.
“La demanda adicional para drenajes pluviales es de 326 millones de soles. Además, para las soluciones integrales, como defensas ribereñas, sistemas de agua e infraestructura verde, son otros 2.937 millones de soles”, explicó Yamasaki. “Este monto se ha dividido entre los seis proyectos para que, en 2027, todos tengan los estudios listos y se comiencen a ejecutar las obras. Por lo menos en Sullana y Talara ya empezaron obra física”.
La ANIN también planea explorar fuentes alternativas de financiamiento, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, para asegurar la continuidad de los proyectos. No obstante, Yamasaki advirtió que, de persistir las restricciones de fondos, el tiempo de entrega de los drenajes podría retrasarse hasta cinco años, lo que significaría que las ciudades del norte tendrían que esperar hasta 2036 para contar con una infraestructura adecuada para enfrentar las lluvias y las inundaciones.
“De acuerdo con la programación inicial que hizo la ARCC, los contratos [para drenajes pluviales] que se firmaron entre 2021 y 2022 deberían estar culminando en 2031. Pero, con estos recortes presupuestales, estaríamos culminando estos proyectos en el año 2036, o sea, en cinco años más de lo previsto”, remarcó el funcionario.
La situación ha generado preocupación entre los expertos en gestión pública. Karla Gaviño, especialista en la materia, considera que la ANIN debe mejorar sus procesos de priorización y planificación, enfocándose en los proyectos de reconstrucción del norte que heredó de la ARCC. Gaviño enfatizó que cualquier asignación adicional de recursos debe estar acompañada de un cronograma de metas claras y contar con la asistencia técnica del MEF y de la Presidencia del Consejo de Ministros, el sector del Ejecutivo al que está adscrita la ANIN.
“No es justificable estar aproximadamente diez años esperando para tener listos proyectos que son sensibles. Cuando llegó el ciclón del Yaku en 2023, la solución política en ese momento fue dejar de lado la ARCC para crear la ANIN. Los proyectos que heredó [de la ARCC] deberían de ser su cartera prioritaria y estratégica. El problema no es el financiamiento, como señala la institución, sino la gestión interna. Necesariamente, se tiene que hacer una revisión estructural del modelo de gestión de ANIN, y será una tarea muy importante para el próximo gobierno”, opinó Gaviño.
La lentitud en la ejecución de estos proyectos no solo pone en riesgo la seguridad de la población, sino que también socava la confianza en las instituciones públicas. La falta de una planificación eficiente y la burocracia excesiva se convierten en obstáculos para el desarrollo y la resiliencia de las ciudades del norte, que año tras año sufren los embates de las lluvias y las inundaciones.
La situación exige una respuesta urgente y coordinada por parte de las autoridades competentes. Es fundamental garantizar la asignación de los recursos necesarios, agilizar los procesos de contratación y ejecución, y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. De lo contrario, la promesa de un futuro más seguro para las ciudades del norte seguirá siendo una ilusión distante, mientras la población continúa viviendo bajo la amenaza constante de las inundaciones. La demora en la implementación de estos sistemas de drenaje pluvial no es solo una cuestión técnica o presupuestaria, sino una cuestión de responsabilidad social y de compromiso con el bienestar de los ciudadanos. El tiempo apremia, y cada día que pasa sin una solución efectiva aumenta el riesgo de que la historia se repita, dejando a su paso pérdidas humanas y económicas irreparables.
