El informe de un grupo internacional de expertos acusa al gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de cometer crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. El documento, de 275 páginas, que será presentado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, detalla una preocupante escalada de violaciones de derechos humanos que incluyen asesinatos, encarcelamiento de menores, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, perpetradas como parte de una política estatal.
El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), integrado por cinco especialistas independientes y respaldado por organizaciones de renombre como la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Fundación para el Debido Proceso, ha compilado una evidencia contundente que apunta a un patrón sistemático de abusos. La investigación se basa en un análisis exhaustivo de más de 1700 fuentes, incluyendo entrevistas con víctimas, documentos oficiales, informes de organismos internacionales, reportes de prensa y estudios de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña.
La experta Claudia Martín, una de las integrantes del GIPES, calificó el informe como “la acusación más grave que se ha hecho en los últimos años” sobre violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Martín enfatizó que la investigación identifica los hechos como crímenes de lesa humanidad, basándose en los estándares del Estatuto de Roma, que define estos delitos como actos cometidos de forma generalizada o sistemática contra la población civil. Esta definición es crucial, ya que implica que los abusos no son incidentes aislados, sino parte de una política deliberada y coordinada.
El informe argumenta que el régimen de excepción, inicialmente instaurado para combatir a las pandillas que aterrorizaban al país, ha derivado en violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, transformándose en un mecanismo permanente de gobernanza autoritaria. Desde su implementación, se han detenido a cerca de 90 mil personas, muchas de ellas sin el debido proceso legal. Los investigadores señalan que las capturas se habrían realizado en base a la apariencia física, tatuajes o para cumplir cuotas policiales, lo que sugiere una falta de respeto por las garantías procesales y un enfoque discriminatorio en la aplicación de la ley.
La documentación recopilada por el GIPES revela al menos 814 denuncias de tortura o tratos crueles infligidos a detenidos, así como cerca de 500 muertes bajo custodia del Estado y 540 casos de desaparición forzada. Estos números son alarmantes y sugieren una cultura de impunidad dentro de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial salvadoreño. El informe también incluye denuncias de violencia sexual y abusos contra menores, un aspecto particularmente preocupante dado que más de 3300 adolescentes han sido detenidos durante el régimen de excepción, según datos de organizaciones internacionales.
Las consecuencias de estas detenciones arbitrarias y abusos son devastadoras para las víctimas y sus familias. Además de los daños físicos y psicológicos, las personas detenidas injustamente enfrentan la pérdida de sus empleos, la ruptura de sus relaciones familiares y la estigmatización social. El informe destaca la necesidad urgente de abordar estas violaciones y garantizar que las víctimas reciban la reparación adecuada.
Los expertos advierten que, si los hechos se confirman como crímenes de lesa humanidad, estos delitos no prescriben y pueden implicar responsabilidades penales individuales tanto para los autores materiales de los abusos como para quienes diseñaron o dirigieron la política estatal. Esto significa que Bukele y otros funcionarios del gobierno podrían enfrentarse a cargos criminales ante tribunales internacionales.
Ante esta grave situación, el informe recomienda la creación de una comisión independiente de revisión de casos para analizar los expedientes de los detenidos y buscar soluciones legales y humanitarias para aquellos que han sido detenidos injustamente. Esta comisión debería tener la autoridad y los recursos necesarios para investigar las denuncias de abusos, identificar a los responsables y garantizar que se rindan cuentas.
La presentación del informe en Ginebra representa un momento crucial para El Salvador. La comunidad internacional debe prestar atención a las conclusiones del GIPES y ejercer presión sobre el gobierno de Bukele para que respete los derechos humanos y cumpla con sus obligaciones internacionales. La impunidad no puede ser tolerada, y los responsables de los crímenes de lesa humanidad deben ser llevados ante la justicia. El futuro de la democracia y el estado de derecho en El Salvador depende de ello. La comunidad internacional observa con atención, esperando una respuesta contundente y medidas concretas para abordar esta crisis humanitaria. La credibilidad de las instituciones salvadoreñas y la confianza en el gobierno de Bukele están en juego.
