El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se refirió este miércoles al estremecedor caso de Jonathan Correa, el adolescente hallado muerto en una zanja frente a su hogar la semana pasada. La tragedia se agrava por la imputación y posterior prisión del propio padre del joven, quien ya era investigado por denuncias de violencia intrafamiliar desde noviembre de 2025, presentadas por la UTU a la que asistía Jonathan. La declaración de Díaz, realizada en el programa Arriba Gente de Canal 10, desató un debate sobre la efectividad de los sistemas de prevención y la necesidad de una revisión profunda de la normativa vigente.
Díaz valoró positivamente la decisión del ministro del Interior de ordenar una investigación interna, pero extendió el llamado a la autoevaluación a “los demás organismos involucrados”. Su argumento central radica en la imperiosa necesidad de identificar los puntos de falla en la prevención de tragedias como esta. “Evidentemente el sistema de prevención no está funcionando bien”, sentenció, estableciendo un paralelismo con otro caso similar ocurrido en Mercedes el año pasado, lo que sugiere un patrón preocupante.
La crítica de Díaz no se limita a la falta de recursos, aunque reconoció su importancia. “Hay una cuestión de recursos que es verdad y es real, hay una cuestión de recursos que hay que reconocerla, analizarla y verla”, admitió. Sin embargo, insistió en que el problema es más profundo y requiere un análisis exhaustivo para determinar la asignación óptima de esos recursos. En este sentido, señaló el rol crucial de los Ministerios de Justicia, que deberían llevar a cabo un análisis integral de todas las instituciones involucradas en la protección de la infancia y adolescencia. “Para eso sirven los Ministerios de Justicia por ejemplo, para hacer un análisis integral, de todas las instituciones para poder ver, para decir, en realidad tenemos que apoyar acá o cambiar esto”, enfatizó.
La declaración del prosecretario de Presidencia apunta directamente a la necesidad de una reforma legislativa. “Probablemente haya que hacer cambios en la normativa”, afirmó, concluyendo que “hay una normativa que evidentemente no está funcionando”. Esta admisión, proveniente de una figura de alto rango en el gobierno, añade peso a las crecientes demandas de organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia, quienes llevan tiempo alertando sobre las deficiencias en la protección de los derechos de los niños y adolescentes.
El caso de Jonathan Correa ha generado una ola de indignación y dolor en la sociedad uruguaya. Las denuncias de violencia intrafamiliar contra su padre eran conocidas por las autoridades escolares y, presumiblemente, por otros organismos estatales. La pregunta que se plantea ahora es cómo, a pesar de estas alertas, el sistema no logró proteger a Jonathan. ¿Fueron insuficientes los recursos asignados a la prevención? ¿Existieron fallas en la coordinación entre las diferentes instituciones? ¿La normativa vigente es obsoleta o inadecuada?
Estas son algunas de las interrogantes que la investigación interna ordenada por el ministro del Interior deberá responder. Sin embargo, Díaz sugiere que la investigación no debe limitarse al ámbito policial, sino que debe extenderse a todas las áreas involucradas en la protección de la infancia, incluyendo el sistema educativo, el sistema de salud y el sistema judicial.
La crítica de Díaz a la normativa vigente abre un debate sobre la necesidad de fortalecer las leyes y políticas públicas en materia de prevención de la violencia intrafamiliar y protección de los derechos de los niños y adolescentes. Algunos expertos sugieren que es necesario aumentar las penas para los agresores, mejorar los mecanismos de denuncia y protección de las víctimas, y fortalecer los programas de apoyo a las familias en riesgo.
Otros plantean la necesidad de invertir en programas de prevención primaria, que buscan abordar las causas subyacentes de la violencia intrafamiliar, como la desigualdad de género, la pobreza y la falta de acceso a la educación. También se ha propuesto la creación de un sistema de alerta temprana, que permita identificar a las familias en riesgo y brindarles apoyo antes de que la violencia se intensifique.
El caso de Jonathan Correa es un llamado de atención urgente. La tragedia no solo revela las deficiencias del sistema de prevención, sino que también pone de manifiesto la necesidad de un cambio cultural profundo, que promueva el respeto a los derechos de los niños y adolescentes y la erradicación de todas las formas de violencia. La sociedad uruguaya no puede seguir tolerando que niños y adolescentes sean víctimas de la violencia intrafamiliar. Es hora de actuar con determinación y compromiso para proteger a los más vulnerables y garantizar su derecho a una vida digna y segura.
La investigación en curso deberá determinar si existió una negligencia por parte de las autoridades competentes y, en caso afirmativo, establecer las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, más allá de las sanciones individuales, lo fundamental es aprender de esta tragedia y tomar medidas concretas para evitar que se repita. El gobierno, en colaboración con la sociedad civil, debe asumir el compromiso de construir un sistema de protección de la infancia más eficaz y humano, que garantice el bienestar y la seguridad de todos los niños y adolescentes uruguayos. La memoria de Jonathan Correa exige una respuesta contundente y duradera.
