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Caracas, Venezuela – La prensa venezolana vuelve a teñirse de luto tras el brutal asesinato de la periodista Yolimar Hidalgo, hallada sin vida en su residencia en Cagua, estado Aragua, el pasado 8 de marzo de 2026. Este crimen se suma a una creciente ola de violencia contra trabajadores de la comunicación en el país, generando profunda preocupación y exigencias de justicia por parte del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
El cuerpo de Hidalgo, quien se dedicaba al periodismo social y cubría temas de interés comunitario en la región, fue descubierto por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). La autopsia reveló que la periodista falleció a causa de un impacto de bala en la cabeza, indicando un ataque deliberado y de extrema violencia. Hasta el momento, las autoridades no han revelado información sobre posibles sospechosos o motivos del crimen, lo que alimenta la incertidumbre y el temor en el gremio periodístico.
El CNP ha emitido un comunicado contundente, exigiendo a los organismos competentes una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer las circunstancias del asesinato de Hidalgo y llevar a los responsables ante la justicia. La Junta Directiva Nacional del CNP expresó su consternación ante el hecho y reiteró su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas en Venezuela.
“Ante la muerte de la comunicadora, cuyo fallecimiento se produjo en circunstancias que aún están siendo investigadas, esta Seccional exhorta a los organismos competentes, involucrados en la investigación de este hecho, a esclarecer las causas de la muerte de Hidalgo”, señala el comunicado del CNP. La organización también instó a las autoridades a garantizar la protección de los periodistas que se encuentran en situación de riesgo, especialmente aquellos que cubren temas sensibles como la corrupción, el crimen organizado y la política.
Este trágico suceso ocurre apenas una semana después del hallazgo del cuerpo sin vida de Walter Alexander Jaimes, otro periodista venezolano, en el sector Puente Viejo de Mérida. Jaimes, de 49 años, había sido reportado como desaparecido el 28 de febrero y fue encontrado en una zona boscosa con el rostro desfigurado, presumiblemente a causa de un objeto contundente. Las circunstancias de su muerte también son objeto de investigación, aunque las autoridades no han ofrecido detalles significativos sobre el caso.
La sucesión de estos dos asesinatos ha encendido las alarmas en la comunidad periodística venezolana, que denuncia un clima de creciente hostilidad y violencia contra los trabajadores de la prensa. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han expresado su preocupación por la seguridad de los periodistas en Venezuela y han instado al gobierno a tomar medidas urgentes para proteger su integridad física y garantizar el ejercicio libre y seguro de la profesión.
Venezuela ha sido históricamente un país difícil para el ejercicio del periodismo independiente. Durante los últimos años, los periodistas han enfrentado diversas formas de acoso, intimidación, censura y violencia, incluyendo amenazas, agresiones físicas, detenciones arbitrarias y campañas de desprestigio. La polarización política, la crisis económica y la impunidad han contribuido a crear un entorno hostil para los medios de comunicación y los periodistas.
La falta de acceso a información pública, las restricciones a la libertad de expresión y la concentración de la propiedad de los medios en manos del gobierno o de grupos afines han limitado la diversidad de voces y la capacidad de los periodistas para investigar y denunciar irregularidades. Además, la escasez de recursos y la precarización laboral han debilitado la calidad del periodismo y han aumentado la vulnerabilidad de los periodistas.
El asesinato de Yolimar Hidalgo y Walter Alexander Jaimes son un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentan los periodistas en Venezuela y de la necesidad urgente de proteger su seguridad y garantizar su derecho a informar libremente. La impunidad en estos casos es un factor que perpetúa la violencia y desalienta a otros periodistas a denunciar abusos y corrupción.
El CNP ha anunciado que realizará un seguimiento cercano de las investigaciones sobre estos crímenes y exigirá a las autoridades que rindan cuentas y garanticen la justicia para las víctimas y sus familias. La organización también ha llamado a la comunidad internacional a prestar atención a la situación de los periodistas en Venezuela y a ejercer presión sobre el gobierno para que respete la libertad de prensa y los derechos humanos.
La muerte de estos dos periodistas ha generado una ola de solidaridad y condena en las redes sociales, donde periodistas, activistas y ciudadanos han expresado su indignación y han exigido justicia. La etiqueta #JusticiaParaYolimar y #JusticiaParaWalter se ha convertido en tendencia en Twitter, donde se comparten mensajes de apoyo a las familias de las víctimas y se denuncian las amenazas y la violencia contra los periodistas en Venezuela.
La situación de la prensa venezolana es crítica y requiere una respuesta urgente y coordinada por parte de las autoridades, la sociedad civil y la comunidad internacional. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia y es esencial para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Proteger a los periodistas y garantizar su seguridad es una responsabilidad compartida que no puede ser ignorada.
