Una planta siderúrgica de gran escala, perteneciente a la empresa Acero Lima Shenglong S.A.C., de capitales chinos, está siendo construida en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, sin contar con los estudios de impacto ambiental (EIA) ni las licencias municipales correspondientes, según un reciente reportaje del medio Punto Final. El proyecto, que se extiende sobre más de 14 hectáreas en el sector San Bartolito, ha generado preocupación entre las autoridades locales y defensores del medio ambiente, quienes denuncian una clara violación de las normativas peruanas.
La magnitud de la obra es evidente: grúas imponentes, excavaciones profundas y estructuras metálicas masivas dominan el paisaje. La planta siderúrgica tiene como objetivo producir hasta 700,000 toneladas anuales de acero, enfocándose principalmente en la fabricación de alambres y láminas, productos destinados a abastecer la creciente demanda del mercado nacional y, potencialmente, para la exportación. Sin embargo, la rapidez con la que avanza la construcción, sin la debida autorización, plantea serias interrogantes sobre el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y el respeto por el entorno.
Las investigaciones realizadas por Punto Final revelaron que Acero Lima Shenglong S.A.C. no ha presentado, hasta la fecha, un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Ministerio de la Producción del Perú ni ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). Este documento es un requisito indispensable para cualquier proyecto industrial de esta envergadura, ya que evalúa los posibles efectos negativos que la actividad podría generar sobre el medio ambiente y la salud de la población. La ausencia del EIA sugiere que la empresa está operando al margen de la ley, sin considerar los riesgos ambientales asociados a la producción de acero.
Lo único que la compañía ha tramitado es un Plan de Participación Ciudadana, aprobado el 2 de octubre de 2025. Sin embargo, este trámite se realizó cuando las obras ya estaban en pleno desarrollo, lo que cuestiona la transparencia del proceso y la verdadera intención de la empresa de involucrar a la comunidad local en la toma de decisiones. Además, el proyecto carece de las licencias de construcción y habilitación urbana necesarias para operar legalmente.
Ante las denuncias, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una inspección en el lugar en diciembre de 2025. No obstante, la entidad optó por no imponer sanciones a la empresa, argumentando que la planta aún no estaba operando y que, durante la visita, las obras se encontraban paralizadas. Esta decisión ha sido criticada por organizaciones ambientalistas, quienes la consideran una muestra de permisividad por parte de las autoridades y un incentivo para que la empresa continúe operando de manera irregular.
En respuesta a las acusaciones, Acero Lima Shenglong S.A.C. emitió un comunicado en el que afirma que las investigaciones realizadas por las entidades estatales no han determinado ningún incumplimiento ni infracción por parte de la compañía. La empresa se defiende argumentando que está cumpliendo con todas las normativas vigentes y que está comprometida con el desarrollo sostenible de la región. Sin embargo, esta afirmación contradice las evidencias presentadas por Punto Final y las propias declaraciones de las autoridades ambientales.
La construcción de esta planta siderúrgica sin la debida autorización plantea una serie de riesgos para el medio ambiente y la salud de la población. La producción de acero es una actividad altamente contaminante, que genera emisiones de gases de efecto invernadero, partículas contaminantes y residuos peligrosos. Si la empresa no implementa medidas de control adecuadas, estos contaminantes podrían afectar la calidad del aire, el agua y el suelo, poniendo en peligro la salud de los habitantes de Chilca y Cañete.
Además, la falta de un EIA impide evaluar los posibles impactos sobre la biodiversidad local, incluyendo la flora y fauna de la zona. La construcción de la planta podría destruir hábitats naturales y afectar a especies en peligro de extinción. Asimismo, la actividad industrial podría generar ruido y vibraciones que perturben la tranquilidad de la comunidad local.
El caso de Acero Lima Shenglong S.A.C. pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización ambiental en el Perú. Es fundamental que las autoridades exijan a las empresas el cumplimiento de las normativas vigentes y que impongan sanciones ejemplares a quienes las infrinjan. Asimismo, es importante promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, para garantizar que los proyectos de desarrollo se realicen de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
La situación en Chilca también plantea interrogantes sobre la inversión extranjera en el Perú. Si bien el país necesita atraer capitales para impulsar su desarrollo económico, es fundamental que estas inversiones se realicen de manera responsable y respetuosa con las leyes y regulaciones locales. El gobierno peruano debe garantizar que las empresas extranjeras cumplan con los mismos estándares ambientales y sociales que las empresas nacionales.
La comunidad local de Chilca ha expresado su preocupación por el futuro de su distrito. Temen que la planta siderúrgica genere contaminación, destruya sus fuentes de ingresos y afecte su calidad de vida. Exigen a las autoridades que tomen medidas urgentes para detener la construcción de la planta y que exijan a la empresa que cumpla con todas las normativas ambientales.
El caso de Acero Lima Shenglong S.A.C. es un llamado de atención para el gobierno peruano y para la sociedad civil. Es fundamental que se proteja el medio ambiente y la salud de la población, y que se promueva un desarrollo económico sostenible y responsable. La construcción de esta planta siderúrgica sin la debida autorización es una muestra de que aún queda mucho por hacer para garantizar que las inversiones extranjeras se realicen de manera ética y respetuosa con el país. La transparencia, la participación ciudadana y el cumplimiento de las leyes son pilares fundamentales para construir un futuro más sostenible para el Perú.
