El juicio del caso Triple A, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, comenzó este domingo 8 de marzo de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito, a pesar de la recusación presentada por su defensa contra una de las juezas del tribunal. La audiencia de juzgamiento se instaló formalmente a las 10:27, presidida por el juez Jorge Sánchez, quien aclaró que el recurso de recusación no suspenderá el desarrollo del proceso principal.
Tras la instalación formal de la diligencia, la Fiscalía presentó sus alegatos de apertura, exponiendo su teoría del caso ante los magistrados. La acusación se centra en una presunta red de comercialización irregular de combustibles subsidiados, que habría causado un perjuicio económico significativo al Estado ecuatoriano. La investigación involucra a varias personas naturales y empresas vinculadas al sector de hidrocarburos, y el caso ha generado gran atención pública debido a la prominencia del alcalde Álvarez.
El juez Sánchez detalló que la recusación presentada por el abogado Ramiro García, defensor del alcalde Álvarez, ya inició su trámite. El tribunal dispuso que el pedido sea remitido a la Sala de Sorteos para su procesamiento, asignándole un número de proceso y sorteando a los jueces que conocerán el incidente. Los magistrados designados para resolver la recusación son Víctor Barahona y el propio Jorge Sánchez.
El magistrado también indicó que se solicitó a la defensa de Álvarez que aclare la demanda de recusación presentada, un requisito procesal necesario para continuar con el trámite. Una vez cumplido este requisito, el incidente seguirá su curso hasta que se adopte una resolución final. Sin embargo, el juez enfatizó que, de acuerdo con resoluciones de la Corte Nacional de Justicia y lo establecido en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), la tramitación de la causa principal no debe interrumpirse por la presentación del recurso de recusación.
Por lo tanto, el tribunal continuará con el desarrollo del juicio mientras se resuelve el pedido formulado por la defensa del alcalde. Esta decisión busca garantizar la celeridad del proceso y evitar demoras innecesarias en la administración de justicia. La Fiscalía, por su parte, ha manifestado su disposición a presentar todas las pruebas y evidencias que respalden su acusación contra Álvarez y los demás procesados en el caso.
Antes de instalar formalmente la audiencia, el tribunal agradeció la presencia de varios abogados de la Defensoría Pública, quienes se presentaron en caso de que algún defensor particular no asistiera. Al verificar que los abogados de las partes procesales estaban presentes, el juez indicó que los defensores públicos podían retirarse, lo que hicieron de inmediato. Esta medida refleja la importancia de garantizar el derecho a la defensa de todos los involucrados en el proceso judicial.
El caso Triple A ha generado un amplio debate en Ecuador sobre la corrupción y la transparencia en el sector de los hidrocarburos. La Fiscalía ha señalado que la presunta red de comercialización irregular de combustibles subsidiados operaba a gran escala, aprovechándose de las políticas gubernamentales de apoyo a los sectores más vulnerables de la población. Se estima que el perjuicio económico al Estado podría ascender a millones de dólares.
La investigación ha revelado que la presunta red utilizaba empresas fantasmas y operaciones financieras complejas para ocultar el origen y destino de los combustibles subsidiados. Además, se han identificado posibles vínculos entre los involucrados en el caso y funcionarios públicos que podrían haber facilitado las actividades ilícitas.
El juicio contra Aquiles Álvarez y los demás procesados en el caso Triple A se espera que dure varias semanas, durante las cuales se presentarán pruebas testimoniales, documentales y periciales. La Fiscalía buscará demostrar la culpabilidad de los acusados y obtener una condena ejemplar que sirva como precedente para combatir la corrupción en el país.
Paralelamente al inicio del juicio, se conoció que Álvarez recibió una dictadura de prisión preventiva por el no uso de su grillete electrónico, una medida cautelar impuesta previamente por el tribunal. Esta decisión ha generado controversia entre sus defensores, quienes argumentan que se trata de una persecución política y una violación de sus derechos fundamentales.
La defensa del alcalde Álvarez ha anunciado que presentará todos los recursos legales necesarios para impugnar la decisión de prisión preventiva y garantizar su derecho a un juicio justo. Asimismo, ha reiterado su confianza en que Álvarez será absuelto de todos los cargos en su contra, ya que considera que no existen pruebas suficientes para sustentar la acusación.
El caso Triple A se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción en Ecuador y ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el sector público. La sociedad ecuatoriana espera que este juicio sirva como un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley y que la corrupción no será tolerada. El desarrollo de este proceso judicial será seguido de cerca por la opinión pública y los medios de comunicación, que esperan obtener respuestas sobre las presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles subsidiados y la posible participación de altos funcionarios públicos en el esquema de corrupción.
