La Asamblea Legislativa dio luz verde, de manera unánime, a un proyecto de ley que podría transformar radicalmente la relación entre los bancos y sus clientes en Costa Rica, obligando a las entidades financieras a compensar a las víctimas de estafas en línea. La aprobación, sellada en la Comisión Legislativa con Potestad Plena III el pasado 4 de marzo con 14 votos a favor y ninguno en contra, ha generado una profunda fractura en el sector bancario, especialmente entre los bancos públicos, y ha puesto en evidencia tensiones políticas dentro del gobierno de Rodrigo Chaves.
El proyecto, impulsado por el diputado Óscar Izquierdo del Partido Liberación Nacional (PLN), quien denuncia ser objeto de persecución política por parte de la administración actual, establece que los bancos serán responsables por los daños y perjuicios ocasionados por la sustracción de dinero de las cuentas de sus clientes, incluso si la estafa es perpetrada por terceros no autorizados. Esta disposición, que invierte la carga de la prueba a favor de la víctima, ha sido calificada por las entidades financieras como inconstitucional, confiscatoria y contraria a la seguridad jurídica.
La aprobación del proyecto ha sido un logro significativo para Izquierdo, quien, tras ser removido de su puesto en el AyA, ha logrado reunir el apoyo necesario para impulsar una legislación que responde a las demandas de grupos de víctimas de estafas en línea, un delito que ha experimentado un crecimiento alarmante en los últimos años, particularmente en la banca pública. A pesar del intenso lobby ejercido por los bancos, incluso por aquellos con una fuerte influencia en el Poder Ejecutivo, los diputados, incluyendo los del propio gobierno, optaron por respaldar el texto, evidenciando una división interna sobre el tema.
La ruptura en la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) ha sido una de las consecuencias más visibles de la controversia. Los bancos estatales Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR) y Banco Popular (BP) se retiraron de la organización, alegando un “quiebre de confianza” tras la publicación de un primer comunicado de la ABC que aplaudía la aprobación del proyecto en primer debate. Esta decisión, que sorprendió a muchos observadores, se produjo a pesar de que la ABC posteriormente emitió un segundo comunicado en el que expresaba sus reservas sobre la reforma, argumentando que no aborda de manera efectiva el problema del crimen organizado en el sector bancario.
La salida de los bancos estatales de la ABC ha dejado a la organización con un grupo reducido de entidades privadas, incluyendo Banco BCT, Banco Improsa, Banco BAC San José, Banco Promerica, Scotiabank de Costa Rica, Banco Davivienda (Costa Rica), Banco CMB (Costa Rica), Banco Lafise y Banco Cathay de Costa Rica. Los bancos públicos, sin embargo, mantienen su participación en la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, desde donde continúan expresando su oposición al proyecto.
El argumento central de los bancos es que la legislación es arbitraria y confiscatoria, ya que les obliga a asumir la responsabilidad por pérdidas que no son culpa suya. Además, advierten que la medida podría generar incentivos perversos que favorezcan el fraude y que inevitablemente se traducirá en un aumento de los costos bancarios, que serán trasladados a todos los clientes a través de tarifas más altas y un menor acceso al crédito.
Sin embargo, los defensores del proyecto argumentan que la protección de los consumidores debe ser una prioridad y que los bancos tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de las cuentas de sus clientes. Señalan que la inversión de la carga de la prueba es una medida necesaria para facilitar la obtención de indemnizaciones por parte de las víctimas, quienes a menudo se encuentran en una posición de desventaja frente a las entidades financieras.
El proyecto establece excepciones a la responsabilidad bancaria, como en los casos en que la estafa se produce por la negligencia del propio cliente o por la existencia de fuerza mayor. No obstante, la ausencia del requisito de “culpa grave” por parte del banco ha sido uno de los puntos más criticados por el sector financiero.
Ahora, el proyecto de ley se encuentra a la espera de la firma del presidente Rodrigo Chaves para convertirse en ley. En caso de que el mandatario decida promulgar la norma, los bancos tendrán la opción de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional.
La decisión del presidente Chaves sobre este proyecto de ley podría tener importantes implicaciones políticas y económicas. Por un lado, la firma de la ley podría ser vista como un gesto de apoyo a los consumidores y una muestra de independencia frente a los intereses del sector bancario. Por otro lado, podría generar tensiones con los bancos públicos, que son actores clave en la economía costarricense, y podría abrir la puerta a litigios costosos y prolongados.
El debate sobre este proyecto de ley ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la regulación en materia de seguridad bancaria y de proteger a los consumidores frente a las crecientes amenazas de las estafas en línea. La aprobación de la ley podría ser un paso importante en esa dirección, pero también podría generar nuevos desafíos y complejidades en el sistema financiero costarricense. La atención ahora se centra en la decisión del presidente Chaves y en las posibles acciones que tomarán los bancos en caso de que la ley sea promulgada.
