Panamá se enfrenta a un 8 de marzo marcado por la tragedia y la urgente necesidad de replantear la seguridad femenina. Mientras el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, el país se ve sacudido por una serie de violentos incidentes que exponen la fragilidad de la vida de las mujeres y la persistencia de la violencia de género en el espacio público. En los últimos días, dos mujeres han sido víctimas de atropellos por transporte público, uno de los cuales ha dejado a la afectada en estado crítico, y otra mujer ha sido asesinada a tiros en una transitada avenida de la capital. Estos hechos, ocurridos en escenarios cotidianos como las calles y el transporte público, evidencian una preocupante falta de seguridad y una vulnerabilidad que socava cualquier avance en materia de igualdad de género.
Más allá de las circunstancias específicas de cada caso, estos incidentes son un reflejo de una realidad alarmante: la violencia contra las mujeres en Panamá no solo persiste, sino que se manifiesta de formas diversas y en espacios que deberían ser seguros. La discusión sobre la igualdad de género a menudo se centra en temas como la brecha salarial, la participación política y las oportunidades laborales, sin embargo, existe un derecho fundamental que precede a todos estos: el derecho a vivir y a transitar libremente sin miedo. Sin seguridad, sin responsabilidad pública y sin un compromiso real con la protección de las mujeres, cualquier promesa de igualdad se convierte en una mera declaración vacía.
Las cifras oficiales del Ministerio Público confirman la gravedad de la situación. En 2025, Panamá registró 20 feminicidios, además de 18 tentativas de feminicidio y 15 muertes violentas de mujeres que, aunque no fueron clasificadas formalmente como feminicidios, revelan un patrón de violencia de género que exige una atención urgente. Estas estadísticas no solo representan números fríos, sino vidas truncadas, familias destrozadas y una sociedad que falla en proteger a sus mujeres.
La reciente ola de violencia ha generado una profunda indignación y ha reavivado el debate sobre las políticas públicas necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres. Organizaciones de la sociedad civil y activistas por los derechos de las mujeres han exigido al gobierno una respuesta contundente, que incluya medidas como el fortalecimiento de la seguridad en el transporte público, la ampliación de los programas de prevención de la violencia de género, la capacitación de las fuerzas de seguridad en perspectiva de género y la creación de espacios seguros para las mujeres en el espacio público.
Una de las principales demandas es la implementación de políticas de movilidad urbana que prioricen la seguridad de las mujeres. Esto incluye la mejora de la iluminación en las calles, la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos, la creación de carriles exclusivos para peatones y ciclistas, y la regulación del transporte público para garantizar que sea seguro y accesible para todas las mujeres.
Además, se considera fundamental fortalecer los mecanismos de denuncia y atención a las víctimas de violencia de género. Muchas mujeres temen denunciar los abusos que sufren por miedo a represalias o por la falta de confianza en el sistema judicial. Es necesario crear un entorno de confianza y garantizar que las denuncias sean investigadas de manera rápida y efectiva, y que las víctimas reciban el apoyo psicológico y legal que necesitan.
La perspectiva de género también debe integrarse en la formación de las fuerzas de seguridad. Los policías y agentes del orden deben estar capacitados para identificar y responder adecuadamente a los casos de violencia de género, y para tratar a las víctimas con respeto y empatía. Es fundamental que las fuerzas de seguridad comprendan que la violencia de género no es un problema privado, sino un delito público que requiere una respuesta institucional.
La creación de espacios seguros para las mujeres en el espacio público es otra medida importante. Esto incluye la creación de centros de atención integral para mujeres víctimas de violencia, la promoción de actividades culturales y deportivas que fomenten la participación de las mujeres en la vida pública, y la sensibilización de la población sobre la importancia de la igualdad de género y el respeto a las mujeres.
Sin embargo, la seguridad de las mujeres no es solo responsabilidad del gobierno y de las fuerzas de seguridad. Es una responsabilidad de toda la sociedad. Los hombres también deben involucrarse en la lucha contra la violencia de género, cuestionando los estereotipos machistas, promoviendo relaciones igualitarias y denunciando cualquier forma de violencia contra las mujeres.
El 8 de marzo no debe ser solo un día de conmemoración, sino un día de reflexión y de acción. Es un momento para recordar a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia, para exigir justicia y para renovar el compromiso de construir una sociedad más justa e igualitaria para todas las mujeres. La igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino también un requisito indispensable para el desarrollo sostenible y la construcción de un futuro mejor para todos. Panamá, en este Día Internacional de la Mujer, debe asumir el desafío de garantizar la seguridad y la dignidad de todas sus mujeres, porque sin vida, no hay igualdad posible. La promesa de un futuro igualitario se desvanece si las calles y los espacios públicos se convierten en escenarios de miedo y violencia. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y de construir una Panamá donde todas las mujeres puedan vivir y transitar libremente, sin miedo y con pleno respeto a sus derechos.
